Agradó a tirios y troyanos, pero también dejó descontentos el proyecto de ley sobre bioseguridad aprobado en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados de Brasil, tras largas negociaciones entre sectores interesados y opuestos.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, consideró satisfactorio el texto aprobado, porque logró a última hora introducirle cambios que preservan el poder de su cartera de exigir estudios de impacto ambiental en las actividades con organismos genéticamente modificados que presenten riesgos.
El proyecto sufrió varios vuelcos desde que fuera elaborado por una comisión interministerial y presentado al Congreso legislativo en octubre, con reglas que atendían los reclamos de los activistas en la preservación del ambiente, el movimiento campesino y defensores de los derechos del consumidor.
La iniciativa sufrió cambios en la comisión especial de Diputados encargada de preparar el proyecto para votación en esa cámara. Las disposiciones alteradas favorecían a los sectores que reclaman la liberación de los productos transgénicos, como agricultores y científicos que investigan las transferencias genéticas de una especie a otra para fines agrícolas o medicinales.
Pero las presiones de la ministra Silva y de movimientos ambientales provocaron otra modificación pocas horas antes de la votación por los diputados.
"Lograron a última hora introducirle los genes de Marina Silva en el proyecto", bromeó en entrevista con IPS Carlos Sperotto, presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande del Sur, el meridional estado donde más se siembra soja transgénica en Brasil, con semillas contrabandeadas de Argentina.
Pero el también vicepresidente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil consideró "positivo" el resultado, ya que permite superar la indefinición legal en que se sumió la cuestión de los transgénicos desde 1997, con reglas impuestas por fallos y procesos judiciales interminables.
Sin embargo, "hubo una victoria y una derrota". Los empresarios rurales esperan que el Senado revise algunos puntos, como el que somete a una decisión de un Consejo Nacional de Bioseguridad, compuesto de 15 ministros, la autorización para siembra comercial de productos transgénicos, señaló Sperotto.
Para ellos debería ser suficiente la aprobación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), un organismo técnico vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado de analizar los riesgos que pueden presentar los organismos genéticamente modificados.
El proyecto, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, exige un examen de la producción destinada a la comercialización por las agencias gubernamentales que controlan sus efectos ambientales y sanitarios. Además, la siembra de soja transgénica, que originó la necesidad de una ley, tendrá que pasar por un estudio de impacto ambiental si el articulado queda igual.
Todo ese proceso "puede sufrir interferencias políticas" y presiones del sector ambiental, como ocurrió en la votación de esta materia en la Cámara, dijo temer el dirigente agrícola.
La CTNBio gana autonomía por lo menos para autorizar investigaciones con transgénicos. Esto "es un avance importante", opinó a IPS Leila Oda, presidente de la Asociación Nacional de Bioseguridad (ANBio), que reúne expertos en el tema.
Tal disposición era reclamada por los científicos, que querían separar investigaciones y producción comercial de transgénicos, como una forma de superar los obstáculos que enfrentan para avanzar en sus estudios, hasta ahora sometidos a exigencias de numerosas instancias y ministerios.
"Pero nos preocupa un detalle, la exigencia de mayoría absoluta de la totalidad de los 27 miembros de la Comisión", lo cual facilita la obstrucción por parte de quienes se oponen a una decisión, observó Oda. Antes bastaba la mayoría de los miembros presentes.
La insatisfacción más tajante con el proyecto aprobado por los diputados la manifestó Marilena Lazzarini, coordinadora ejecutiva del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, cuyas acciones judiciales pusieron en la ilegalidad las siembras de soja en el sur del país.
"Hubo un retroceso en relación a la ley de bioseguridad anterior (de 1995), que era más coherente", al dejar claro la exigencia de licencia de las agencias de salud y ambiente para actividades con transgénicos, dijo a IPS.
El Consejo ministerial como instancia suprema significa que razones políticas pueden imponerse en una decisión que debería ser técnica, y "eso es grave", sostuvo Lazzarini.
Este gobierno "actuó como Pilatos", presentó un proyecto que satisfacía a la ministra de Ambiente pero luego se "lavó las manos", dejando que los diputados la modificaran atendiendo a intereses de empresas y grandes agricultores, acusó.
El proyecto de ley sigue ahora para el Senado, donde los líderes esperan votarla la próxima semana. Como hay muchos detalles confusos e incluso contradictorios, habrá nuevas e intensas disputas.
