La derecha nacionalista de Portugal, a la cual el socialdemócrata José Manuel Durão Barroso le debe el haber podido formar gobierno en abril de 2002, logró ahora doblarle la mano para hacer aprobar un reglamento sobre inmigración acorde a sus ideas restrictivas.
El decreto del gobierno, que será la base de la reglamentación de la nueva ley, mereció duras críticas de las asociaciones de inmigrantes, que este martes despertaron con la novedad de restricciones para obtener permiso de residencia a trabajadores indocumentados y la fijación de cuotas de admisión mucho más bajas de las esperadas.
De este modo Lisboa pone en marcha una política de inmigración economicista y mezquina, dijo a IPS Carlos Vianna, el presidente de la Casa do Brasil, que congrega a miembros de la mayor colectividad de inmigrantes en Portugal junto con la ucraniana.
La norma estipula que desde de ahora las visas de trabajo sólo serán extendidas en el país de origen del potencial inmigrante, con la condición previa de la presentación de un certificado de antecedentes policiales y que su plazo de concesión, será de 180 días, tiempo con que contará el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) para decidir.
Los inmigrantes que el SEF define como ilegales, que efectuaron descuentos para la Seguridad Social y pagaron sus impuestos en las reparticiones de Finanzas hasta febrero de 2003, podrán ser regularizados a partir de presentar pruebas de los pagos.
La resolución del gobierno de Durão Barroso, líder del Partido Socialdemócrata (PSD), permite además a los hijos de los también llamados clandestinos acceder a la educación y a la salud, independientemente de la situación legal de sus padres.
Estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) divulgadas la semana pasada indican que Portugal, con 10,2 millones de habitantes, necesita unos 20.000 inmigrantes por año.
Los motivos principales apuntados por los analistas del INE son el envejecimiento de la población, debido a un bajo índice de natalidad y a que desde el ingreso en 1986 a la Comunidad Económica Europea (CEE), que luego se convirtió en Unión Europea (UE), Portugal pasó de ser un país de emigrantes a destino laboral de extranjeros.
En la actualidad, tras 17 años de pertenecer al club de los ricos europeos, existen una serie de actividades que los portugueses se niegan a realizar, tal como le ocurrió a ellos mismo, cuando en la década de 1960 emigraron a Francia y se ocuparon de las labores rechazadas por los naturales de ese país.
La cantidad de trabajadores extranjeros se cuadruplicó en los últimos cinco años en Portugal, donde se calculan que viven hoy unos 600.000 inmigrantes entre regularizados e indocumentados, es decir casi seis por ciento de la población del país, una de las cifras proporcionales más altas de Europa.
Los brasileños y los ucranianos son las comunidades de inmigrantes más numerosas, con cerca de 100.000 residentes, seguidos en cifras menores que van de 70.000 a 15.000 de personas procedentes de Cabo Verde, Guinea-Bissau, Moldavia, Angola, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Rumania, Mozambique y Timor Oriental.
El Poder Ejecutivo anunció que en total, Portugal podrá recibir este año unos 6.500 trabajadores que, según explicó el ministro del Trabajo y Seguridad Social, Antonio Bagão Félix, serán distribuidos por cuatro áreas de actividad económica.
Para la agricultura serán otorgadas alrededor de 2.100 autorizaciones para extranjeros, la hotelería y actividad gastronómica podrá admitir otras 2.000 personas, la construcción civil unas 1.900 lugares y los 500 restantes se repartirán en diversas actividades y servicios.
El gobierno determinó esas cuotas partiendo de la base de que el país necesita a 20.000 trabajadores procedentes del exterior y descontando los 13.500 inmigrantes que actualmente se estima ya buscan trabajo y cuentan o no con los documentos de residencia.
En esa cuota, no se consideran los casi 31.000 brasileños indocumentados, porque se benefician del acuerdo firmado en julio por Durão Barroso con el presidente del país sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, que permite un tratamiento especial para ellos.
No obstante el acuerdo luso-brasileño, basado en los lazos históricos, culturales y lingüísticos comunes de los dos países hermanos, una de las primeras reacciones adversas al reglamento entre los dirigentes asociativos de los inmigrantes provino precisamente de Vianna.
La propia base de ese estudio está viciada porque no toma en cuenta las necesidades de la economía informal, que ya representa cerca de 20 por ciento de la economía real portuguesa, explicó el presidente de la Casa do Brasil.
En su óptica, la cuota de 6.500 permisos de residencia y de trabajo es un número absolutamente alienante, que denota una visión no sólo economicista sino también errada del punto de vista científico.
Estas estrictas cuotas, determinadas únicamente por las necesidades económicas concretas, fueron exigidas a Durão Barroso por el viceprimer ministro y titular de la cartera de Defensa, Paulo Portas, líder del Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP), agrupación que no ha sido aceptada por la familia de los PP europeos debido a sus posturas ultranacionalistas.
La reglamentación de la ley de inmigración fue el proceso más difícil de los casi dos años de coalición entre el PSD y el CDS/PP, reconocen abiertamente los voceros de los dos partidos. Un tema tan complejo para la alianza, que debió ser tratado directamente entre Durão Barroso y Portas en negociaciones que se prolongaron durante siete meses.
Según el matutino independiente Público, de Lisboa, en el reglamento final de la ley también se aprecian retrocesos de los planteos de Portas, tales como permitir el reagrupamiento familiar sin deber esperar cinco años para que un inmigrante, como pretendía el CDS/PP, pudiese traer a su familia a Portugal.
El portavoz del PSD, Pedro Duarte, admitió que fue difícil la negociación, congratulándose con el resultado final de la reglamentación: Nos identificamos íntegramente y pienso que lo mismo ocurre en el CDS.
Por su parte, Antonio Pires de Lima, del CDS/PP, reconoció que existían divergencias, pero es normal que asuntos como estos puedan ser objeto de sensibilidades diferentes entre los partidos del gobierno y lo que es importante es que esas discusiones se hagan dentro de los principios de la confidencialidad y, una vez tomada la decisión, sea asumida por todos.
Rigor en la entrada, humanismo en la integración era el lema del CDS/PP para la política de inmigración, cuando explicaba que sólo así los trabajadores extranjeros y sus familias pueden ser recibidos de manera decente en Portugal.
Las explicaciones del gobierno sobre las bondades de la ley, no convencieron a las asociaciones de inmigrantes y a la oposición. Para el diputado comunista Antonio Filipe, ese número, de 6.500 es totalmente inadmisible, porque contraría todos los estudios sobre las reales necesidades de mano de obra en el país.
Portas ha hecho varias afirmaciones de carácter xenófobo y, pese a que fueron contrariadas por otros miembros del Gobierno, las cuotas establecidas demuestran que prevalecieron esas tesis xenófobas, acusó Filipe.
Según el diputado y ex ministro del gobierno del Partido Socialista (1995-2002) Vitalino Canas, esa cuota fijada ahora no será respetada, porque no podrá resistir a las leyes del mercado, una opinión compartida por Mihai Varzam, de la Asociación Cultural Rumana, al sostener que el número de 6.500 es irreal, ya que la economía portuguesa necesita de muchos más inmigrantes
A su vez, Alberto Matos, dirigente de la Unión Democrática Popular, el principal partido que forma el Bloque de Izquierda, señaló que el nuevo reglamento es la prueba de como un pequeño partido de extrema derecha condiciona al gobierno, ya que al abrigo de la nueva ley va a prosperar un nuevo negocio: la venta de promesas de contratos de trabajo.
Matos alude a los miles de inmigrantes de los países de Europa oriental, en especial de Moldavia, Rumania y Ucrania, que son traídos ilegalmente al país por las llamadas mafias del Este, las que cobran elevadas sumas a cambio de promesas de trabajo que jamás son cumplidas.
También Alcistina Tolentino, presidenta de la Asociación Cabo Verdiana se pregunta como se llegó a esta cuota, en circunstancias que en todas las intervenciones públicas los responsables del gobierno afirman que Portugal necesita inmigrantes y mano de obra en un número mucho mayor.
El lusoangoleño Timoteo Macedo, presidente de la Asociación Solidaridad Inmigrante, comentó a IPS que el gobierno cedió a las presiones de la extrema derecha encabezada por Paulo Portas y precisó que en el caso de indocumentados no será tarea fácil su regularización, porque la inmensa mayoría de los patrones no descontaron para la Seguridad Social.
Esta percepción es compartida por Fernando Ká, presidente de la guineana Asociación de Solidaridad Social, al recordar que hay muchos inmigrantes que continúan trabajando pese a que tantas veces son estafados por la patronal, que hace los descuentos en la planilla de sueldos, pero que después no los deposita en la Seguridad Social, lo que el gobierno debería fiscalizar.
