El paquistaní Khurram Altaf anhela reencontrarse con Anza, la hija estadounidense de nueve años que permaneció en Nueva York, para atenderse de la sordera que le aqueja, cuando su padre fue detenido y deportado de ese país como tantos otros inmigrantes musulmanes y árabes después del 11 de septiembre de 2001.
Khurram vive ahora forzosamente en la septentrional ciudad pakistaní de Rawalpindi con el resto de la familia, su mujer Alia y sus otros hijos también estadounidenses, Fiza, una niña de 10 años, y Hamza, el varón, de cinco.
El caso de Khurram y de otras 11 personas detenidas por autoridades estadounidenses sin cargos penales fue presentado este martes por abogados de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, conocida por su sigla en inglés ACLU, ante un organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La acción de ACLU ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias reclama que el gobierno de Estados Unidos respete los máximos valores de la justicia a pesar de la amenaza del terrorismo.
Las detenciones cuestionadas por los activistas humanitarios se produjeron en relación con los atentados terrorista contra objetivos de Nueva York y Washington cometidos el 11 de septiembre.
En las semanas posteriores a esos episodios, las autoridades estadounidenses detuvieron a 765 inmigrantes de origen árabe y por tener aspecto de musulmán, sin formularles acusaciones legales, sin acceso a sus abogados defensores y en muchos casos sin autorización para entablar contacto con familiares.
El gobierno reconoció la deportación de 478 de esos inmigrantes, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU, durante una rueda de prensa en Ginebra, donde sesionan los cinco expertos independientes que integran el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Khurram dijo a los periodistas que pretende obtener la autorización para regresar a Estados Unidos, donde ha quedado Anza, al cuidado de la abuela y de un tío.
Todos vivimos momentos muy difíciles por la separación, pero en particular la pequeña Anza, confió visiblemente conmovido.
El trabajador inmigrante fue deportado a mediados de 2002. Su mujer, Alia, y los otros hijos se le unieron un año más tarde.
El paquistaní había entrado a Estados Unidos en 1885, a los 18 años, con una visa de turista. Cuando fue detenido, el 13 de abril de 2002, trabajaba como director general de la filial de una compañía de camiones de transporte.
Jameel Jaffer, letrado de ACLU, dijo que Khurramm y a los otros detenidos les negaron garantías procesales básicas reconocidas por el derecho internacional.
El gobierno omitió notificarles las acusaciones en su contra, les negó acceso al patrocinio legal, tampoco los sometió a la justicia competente y se opuso rotundamente a concederles la libertad bajo fianza, precisó el abogado.
En síntesis, las autoridades presumieron la culpabilidad de los inmigrantes y los encarcelaron hasta que determinaron que eran inocentes, dijo.
Romero acusó al gobierno estadounidense de George W. Bush de minar gravemente las libertades cívicas de los inmigrantes en nombre de la lucha contra el terrorismo.
La ACLU inició la acción ante el organismo de la ONU para asegurar que las políticas y los actos de Estados Unidos reflejen no sólo los principios constitucionales internos, sino los valores humanitarios reconocidos internacionalmente sobre la libertad y sus privaciones, especificó Romero.
La organización humanitaria pretende que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias dictamine que Estados Unidos ha violado esos principios con las detenciones de los inmigrantes.
Los informes que elabora el organismo de la ONU carecen de carácter vinculante, pero por lo general obligan a los países a dar explicaciones y en la mayoría de los casos, a revisar sus políticas, explicó Jaffer a IPS.
Del total de personas amparadas por la presentación de ACLU, tres permanecen todavía detenidas en Estados Unidos. Son Sadek Awaed, un egipcio encarcelado desde hace 20 meses, Benamar Benatta, argelino, que lleva 28 meses en prisión, y Anser Mehmood, un paquistaní, con 23 meses de detención.
Pero esas tres no son las únicas personas detenidas todavía en Estados Unidos en relación con los episodios del 11 de septiembre de 2001, dijo Jaffer.
El gobierno se niega permanentemente a difundir los nombres de los detenidos. Por esa razón ignoramos quienes han sido arrestados y también la identidad de los que permanecen encarcelados, refirió el abogado.
Las autoridades estadounidenses recurrieron desde el comienzo al secreto como forma de aislar sus acciones de la vigilancia del público. Los inmigrantes fueron arrestados en secreto y deportados de la misma manera, insistió el letrado de ACLU.
El documento entregado a la ONU expone que a los detenidos se les negó el derecho a un trato justo bajo el imperio de la ley porque los arrestos fueron arbitrarios, tuvieron efectos desproporcionados sobre determinadas comunidades y en algunos casos fueron motivados por una discriminación intencional.
La presentación alega también que a los detenidos se les negó el debido proceso porque no tuvieron acceso al asesoramiento legal ni tampoco se les informaron los cargos en su contra, de manera que se presumió su culpabilidad hasta que probaran la inocencia.
La demanda patrocinada por ACLU ha sido firmada por Ahmad H. Abualeinen, un jordano de 58 años, Khaled Raji Said Albitar, también jordano y de 34, el pakitaní Zulfigar Ali de 34, el mencionado Khurram Altaf, de 36, los egipcios Sadek Awaed, de 32, y Mohamed Elzaher, de 31, y el argelino Benamar Banatta, de 28 años.
La lista se completa con los pakistaníes Ansar Mahmood, de 44, Noor Hussain Raza, de 63, y Naeem Sheikh, de 32 años, y el jordano Khaled K. Abu-Shabayek, de 40 años.
