– La lucha contra la corrupción dio un paso adelante en Argentina con el procesamiento de dos ex senadores y dos ex funcionarios que recibieron y pagaron millonarios sobornos por la aprobación de una ley de reforma laboral en abril de 2000.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este viernes por cohecho al ex senador del gobernante Partido Justicialista Emilio Cantarero, al ex senador de la opositora Unión Cívica Radical, José Genoud, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes, y al ex secretario parlamentario de la cámara alta, Mario Pontaquarto.
Por primera vez, a raíz de la confesión de un involucrado, se logra avanzar en el procesamiento de altos funcionarios políticos que compraron y vendieron votos para aprobar leyes, un delito varias veces denunciado por medios de prensa, pero nunca probado por la justicia.
La acusación es sólida y las pruebas en las que se sustenta el fallo son abundantes, dijo Canicoba Corral al salir de la sede judicial.
De Santibañes, quien dirigía la oficina que entregó dineros públicos para el soborno, fue procesado por cohecho activo, Genoud y Cantarero por cohecho pasivo, y Pontaquarto como partícipe necesario del delito, explicó el juez.
Pero ninguno de los imputados quedó bajo arresto. El código penal prevé penas de uno a seis años de prisión por el delito de cohecho, que es excarcelable. Si los procesamientos son confirmados por un tribunal de segunda instancia, el juez convocará a otros sospechosos, y la causa pasaría a la etapa de juicio oral, en la que se definirá la situación de todos los imputados.
El avance va a servir para que los ciudadanos recuperen confianza en las instituciones y para mejorar la calidad de la democracia, dijo a IPS la coordinadora del área de reforma política de la no gubernamental Fundación Grupo Sophia, Soledad Acuña.
El castigo a los responsables debe ir acompañado de cambios en la forma de hacer política, comentó Acuña, cuya fundación vela por la mejora en el funcionamiento de las instituciones y de lo que éstas producen: políticas públicas y leyes.
Los sobornos para aprobar una cuestionada reforma laboral se convirtieron en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) y el detonante, meses después, de la renuncia de su vicepresidente y aliado político, Carlos Álvarez.
No obstante, cuando una denuncia periodística reveló en 2000 la existencia de los sobornos, la justicia no obtuvo avances, y el magistrado a cargo de la investigación dictó falta de mérito para procesar a siete indagados.
No había pruebas suficientes para imputarlos ni para librarlos de responsabilidad.
A mediados de diciembre, la causa congelada revivió. Pontaquarto rompió el silencio y reveló a la revista TXT que él mismo había retirado de la SIDE cinco millones de pesos, entonces equivalentes a la misma suma en dólares, y los había entregado a los senadores Cantarero y Genoud.
El arrepentido aseguró además que el propio De la Rúa había dado la orden de pagar aquellas comisiones ilegales para asegurar la aprobación de la polémica ley.
Sus confesiones, reiteradas luego en varias comparecencias ante el juez, conmocionaron el ambiente político y empujaron una investigación estancada. Legisladores, funcionarios y ex funcionarios aseguraban que el pago de sobornos se cometió, pero nadie aportó evidencias contundentes.
En el verano de 2000, mientras el gobierno negociaba el tratamiento parlamentario de la ley, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, aseguraba al entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique que los senadores justicialistas (entonces en la oposición) iban a resistir un proyecto contrario a los intereses de los trabajadores.
En conferencia de prensa, Moyano aseguró que el funcionario había contestado: para los senadores tengo la Banelco, marca de una tarjeta de débito. Flamarique desmintió al sindicalista.
Ahora Pontaquarto asegura haber participado de una reunión en la sede de la presidencia, junto a De la Rúa, Genoud, jefe de la bancada oficialista, Flamarique y el entonces senador justicialista Augusto Alasino.
Según el arrepentido, Genoud habría dicho al presidente que algunos legisladores justicialistas necesitaban otras cosas para aprobar la norma que recortaba derechos laborales e imponía reglas más flexibles de contratación.
Eso lo arreglan con De Santibañes, fue la lacónica respuesta del mandatario, según Pontaquarto.
El ex secretario parlamentario reveló que Genoud le encargó el retiro del dinero, directamente de las oficinas de la SIDE.
Según la confesión, Pontaquarto entregó 4,3 millones de pesos a Cantarero, y éste le cedió, a modo de recibo, una lista con 12 nombres y los montos que correspondían a cada uno. El resto del dinero, 700.000 pesos, fue dado por el secretario al senador Genoud, quien lo repartiría con Flamarique.
Los dichos del arrepentido fueron corroborados por los investigadores, que obtuvieron los registros de su ingreso a la SIDE y de las llamadas telefónicas que dijo haber realizado.
Una reconstrucción de los trayectos de Pontaquarto permitió comprobar que fue veraz su descripción de los sitios por los que pasó y en los que se reunió con otros implicados, incluyendo la bóveda de la SIDE de la que retiró el dinero.
De la Rúa &# 8211;en silencio desde su renuncia a la presidencia a fines de 2001- desmintió al ex secretario del Senado, y defendió a De Santibañes y a Flamarique, sus funcionarios. Pero admitió que el delito pudo haber existido sin su conocimiento.
El ex mandatario podría ser llamado a declarar en los próximos meses como imputado.
Ante los procesamientos de este viernes, De la Rúa envió un escrito al juez en el que acusa al actual gobierno de Néstor Kirchner de haber pagado por la declaración de Pontaquarto para involucrarlo en el delito.
El jefe de Gabinete Alberto Fernández replicó. El ex presidente miente para defenderse pues el ladrón cree que todos son de su condición, sostuvo. Jamás se entregó dinero a Pontaquarto, quien tampoco lo pidió, aseguró Fernández. El arrepentido solo reclamó seguridad para sí mismo y su familia, abundó.
En el último tramo de las investigaciones fueron convocados a declarar De Santibañes, Cantarero y Genoud.
El primero negó haber destinado dinero de la SIDE al pago de sobornos y atribuyó los retiros bancarios simultáneos a la necesidad de efectivo del organismo.
Cantarero negó mediante un escrito todos los cargos. Y Genoud fue enfrentado al arrepentido en un careo en el que abundaron las acusaciones mutuas.
Tras esa última actuación, el juez Canicoba Corral resolvió los procesamientos de los cuatro involucrados, les prohibió salir del país y les impuso embargos individuales equivalentes a 3,5 millones de dólares.
Canicoba esperará que se procesen las apelaciones ante la Cámara Federal. Si sus fallos quedan firmes, convocará a un segundo grupo de involucrados, entre ellos De la Rúa, Flamarique y varios ex legisladores.
= 01252246 ORP005 NNNN
