Corrupción, falta de transparencia, déficit democrático y una población que sobrevive a duras penas mientras observa el enriquecimiento desmedido de los dirigentes son las acusaciones que más pesan sobre el gobierno angoleño de José Eduardo dos Santos.
Pasados casi dos años del fin de las guerras que por cuatro décadas destruyeron casi por completo las infraestructuras del país y con la ex rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) ocupando ahora su lugar de mayor partido opositor en el parlamento, los analistas sostienen que poco o nada cambió en esa ex colonia portuguesa de Africa austral.
Con la muerte en combate en febrero de 2002 de Jonas Savimbi, líder histórico de la Unita, la comunidad internacional previó el comienzo de una era de prosperidad en Angola, un país de enorme riqueza pero devastado primero por la lucha anticolonial contra Portugal de 1961 a 1975 y luego por 27 años de guerra civil.
Sin embargo, los vaticinios optimistas de observadores, analistas, diplomáticos y funcionarios internacionales no encontraron sustento en la realidad. El arranque para una sociedad más justa y democrática en verdad no dependía de la vida o la muerte del mítico líder de Unita.
Los números de la pobreza y la riqueza en Angola siguen inmutables. Hoy mueren tantos niños como en la pasada década, la peor que registran los 41 años de conflicto armado.
Los últimos datos divulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que en este país, con 13,3 millones de habitantes, un tercio de los niños mueren antes de completar los cinco años de vida y que tres millones y medio de menores de 18 años sufren desnutrición.
Pero Angola es uno de los países más ricos de Africa. Es el segundo exportador de petróleo de ese continente, después de Nigeria, y cuenta con una de las reservas de crudo más importantes del mundo.
El petróleo, que llevó 17.800 millones de dólares a las arcas del Estado entre 1997 y 2002, constituye 85 por ciento de los ingresos públicos de Angola, cuyo producto interno bruto se estima en unos 6.500 millones de dólares.
No obstante esa riqueza, 68 por ciento de la población sobrevive con menos de un dólar por día y se calcula que las 10 personas más ricas del país compiten codo a codo con multimillonarios de cualquier parte del mundo.
En este país rico también en diamantes, los gastos en salud y educación entre 1997 y 2002 fueron en promedio la mitad de la cifra dedicada en naciones del área, como la República Democrática del Congo, Camerún y Mozambique.
Angola pasó a la primera plana de la palestra tras el informe divulgado el martes de esta semana por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, en el cual se indica que entre 1997 y 2002 se esfumaron 4.220 millones de dólares de sus arcas públicas, cifra equivalente a todo el gasto social del periodo
Ante ello, Luanda emitió un comunicado el miércoles, desmintiendo el informe de HRW, del que señaló no tener "ninguna base de sustentación" y ser fruto de "la fantasía e imaginación".
"Nunca existió una auditoria contable independiente que compruebe la acusación", subrayo la nota oficial del angoleño Ministerio de Finanzas, agregando que las cuentas públicas del gobierno "son sometidas a auditorias del Fondo Monetario Internacional ( FMI)".
Antonio Charuto, un soldado del ejercito que sobrevivió tras servir por 10 años en los frentes de guerra contra la Unita y hoy ya alejado de la fuerza es dirigente de la comunidad angoleña residente en Portugal, dijo a IPS que "lo que ocurre es una vergüenza, pero no sólo para Luanda sino para todos los países cómplices de lo que allí ocurre".
Charuto concluyó recordando que todos estos negocios "que enriquecen cada día más a los dirigentes, tienen sus socios en naciones democráticas, entre ellas Portugal que es el principal inversor extranjero en Angola, que sin escrúpulos miran para otro lado ante la evidencia del saqueo desmedido del país".
El dirigente del opositor Frente para la Democracia (FPD), Filomeno Vieira Lopes, no esconde su escepticismo sobre el bajo impacto mundial que logrará el informe. "No habrá ninguna reacción a nivel internacional", ya que en estos círculos "hace mucho tiempo que estos datos son conocidos".
Las compañías extranjeras que extraen petróleo en Angola "deberían ser presionadas para poner fin a esta oscuridad en las cuentas del Estado referidas en el informe de HRW", precisó Vieira Lopes.
Por su parte, Ana Dias Cordeiro, una analista portuguesa especializada en temas angoleños, sostuvo el miércoles que el mayor obstáculo para una auditoria seria a las cuentas de Luanda se encuentra en la propias petroleras.
Entre las cuatro empresas que operan en la extracción de crudo en este país africano, las estadounidenses ChevronTexaco y Exxon Mobil y la francesa Total, sólo British Petroleum "se mostró dispuesta a declarar los pagos realizados al Estado angoleño, pero la iniciativa fue impedida por Luanda", aseguró Dias Cordeiro.
A nivel interno, el informe de HRW tampoco tendrá gran repercusión, sostuvo el director de la revista Semanario Angolense, Joao da Graça Campos.
"La oposición no tuvo una reacción inmediata ante la divulgación del informe y ni siquiera es previsible que el asunto sea llevado a debate en el parlamento", sostuvo el director de esa revista independiente.
Sin embargo, admitió que "el gobierno no sale totalmente ileso de situaciones como ésta y puede que sienta un tanto incómodo por presiones externas", pero recordó a renglón seguido que muchas veces "las organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Fiscalía General de la República investigaciones sobre casos similares, que nunca han sido consideradas".
Según el subdirector del matutino independiente lisboeta Publico, Nuno Pacheco, el fin de la guerra civil en Angola no trajo nada de nuevo, porque el régimen de este país "continúa sin ceder un milímetro en el único territorio que podría aproximar de los muchos que le critican por la falta de democracia y de transparencia".
Diez años atrás, el conflicto de Angola dividía a los políticos e intelectuales portugueses entre los de izquierda, que apoyaban al gobierno, y los de derecha y sectores más conservadores del Partido Socialista, que defendían a la Unita.
Esta percepción cambió radicalmente y ahora reconocidos intelectuales de izquierda, como es el caso de Pacheco, fustigan al régimen de Luanda, denunciando escándalos de negocios poco claros y la ostentación de riqueza de sus altos dirigentes que compran lujosas mansiones en el sur de Portugal o apartamentos en zonas exclusivas de Lisboa para sus hijos que estudian en universidades lusitanas.
"¿Podrá existir alguna razón para que Angola, donde la hija del presidente tuvo un lujoso casamiento con ceremonia de Estado, ocupe el lugar más bajo de los últimos siete años en el Indice de Desarrollo Humano de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ya con Savimbi muerto y la guerra terminada?", se interroga Pacheco.
