Senadores chilenos quieren someter al polémico Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) la declaración de santuario de la naturaleza del Parque Pumalín, propiedad del millonario estadounidense Douglas Tompkins, aduciendo cuestiones de soberanía.
No es más que un acto inconsecuente, replican ambientalistas.
El parque de 298.562 hectáreas, situado en la austral provincia de Palena, en la Región de los Lagos, fue objeto de negociación durante siete años entre Tompkins y autoridades chilenas.
El proceso culminó el 9 de diciembre con la firma de un acuerdo entre el magnate y el presidente Ricardo Lagos.
Las 200.000 hectáreas de bosque nativo húmedo de Pumalín quedan a salvo de la explotación de empresas madereras, como santuario natural que será administrado por una fundación sin fines de lucro en la que participarán Tompkins y entidades chilenas.
Sin embargo, 28 de los 47 senadores, incluyendo a cuatro del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, estimaron que el nuevo estatus de esas tierras impediría la construcción de carreteras y otras obras que consideran indispensables para el desarrollo y la integración al resto del territorio.
Por tanto pidieron que el acuerdo fuera sometido al Cosena, organismo creado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que encabeza el presidente e integran los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía de Carabineros y otras cuatro autoridades civiles.
La convocatoria al Cosena es cuestionable, por tratarse de una de las herencias más inaceptables del período militar, coincidieron los ecologistas Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, y Gonzalo Villarino, director ejecutivo de Greenpeace-Chile.
Los dirigentes consultados por Tierramérica advirtieron sobre la inconsecuencia de los senadores demócrata cristianos, cuyo partido abogó siempre por eliminar ese organismo, y celebraron la negativa de Lagos a la petición de los legisladores.
Hernán Larraín, senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo a Tierramérica que los 28 parlamentarios representan una gran mayoría que estima necesaria la intervención del Cosena porque este acuerdo arroja muchas inquietudes respecto a limitaciones a la soberanía chilena.
El conflicto alude a la igualdad ante la ley, ya que se está haciendo un trato especial para un extranjero. Se trata de una cuestión de Estado, de cómo se define la ocupación territorial y la preservación de sectores que por sus características contribuyen a mejorar el medio ambiente, adujo.
Hay dudas sobre el efecto que tiene la declaración de santuario de la naturaleza y las restricciones que puede significar tanto para desarrollar infraestructura de comunicaciones, servicios y caminos y por lo que pueden ser resoluciones de tribunales nacionales en expropiaciones por necesidades de bien común, dijo a Tierramérica el senador demócrata cristiano Jorge Pizarro.
Si la seguridad nacional es velar por nuestros recursos naturales, no existe contradicción con lo que está haciendo Tompkins, señaló a Tierramérica Jenia Jofré, presidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora.
Para Raúl Sohr, analista en temas de defensa, la idea de que se pierde soberanía es absurda. No hay pérdida de soberanía en ningún territorio del país que es adquirido por un particular.
Si hay voluntad de construir un camino, se van a aplicar las mismas leyes expropiatorias que se aplican en todo el país, agregó.
Sara Larraín destacó que tanto el presidente del Senado, el demócrata cristiano Andrés Zaldívar, como el comandante del Ejército Luis Emilio Cheyre (ambos miembros del Cosena) estiman no pertinente convocar al organismo.
En el acuerdo está prevista la reserva de tierras para la construcción de carreteras, y las inversiones extranjeras traídas por Tompkins son las únicas que se destinan a preservar bosques en lugar de depredarlos, apuntó la activista.
El analista Sohr y los ambientalistas consideran que la reacción contra Tompkins se debe a su condición de ecologista.
Los senadores nunca hicieron consideraciones de seguridad nacional ante inversiones externas para explotar recursos naturales, a las que ven como factor de desarrollo nacional, recordaron.
En 30 años más, las zonas que están conservadas van a ser de un valor incalculable desde el punto de vista de los ecosistemas. Las actividades que se van a hacer allí son amigables con el ambiente, como el ecoturismo y el turismo, dijo Baquedano.
El tema de fondo es la poca visión que tienen estos sectores (opuestos al santuario natural), de pensar el país en el corto plazo y no en el largo plazo, añadió el presidente del Instituto de Ecología Política.
El senador Larraín rechazó la existencia de un doble discurso que favorece la explotación de recursos y discrimina a Tompkins por su posición conservacionista, aunque criticó al millonario por su adhesión a la llamada ecología profunda.
Tenemos serias inquietudes respecto de lo que es la ecología profunda, porque es una posición extrema en el ámbito del pensamiento ambientalista, que al final propicia el despoblamiento de los sectores territoriales, afirmó el senador.
Como ha dicho alguien en forma caricaturesca, la ecología profunda prefiere los árboles a las personas y nosotros creemos que las personas son más importantes que los árboles. La naturaleza debe estar al servicio del hombre y no al revés, concluyó el legislador derechista.
* Publicado originalmente el 10 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
