Las privatizaciones o cualquier propuesta de gusto similar no apetecen a la mayoría de los uruguayos. Este lunes lo sufren dos ex gobernantes con ganas de volver y lo disfruta un tercer dirigente, que desde la izquierda ve a la presidencia muy cerca.
En un país sin petróleo a la vista y gobernado desde 2000 por el confeso liberal Jorge Batlle, la pelea por su sucesión el año próximo tuvo su primer asalto en el referéndum que derogó, el domingo, una ley que abría a capitales privados la puerta de Ancap, la estatal y única empresa habilitada para importar y refinar hidrocarburos.
La norma habilitaba a Ancap, creada en 1931, a asociarse con empresas privadas o públicas extranjeras, además de quitarle ese monopolio y el de la exportación de derivados del petróleo.
Pero ni los más optimistas dirigentes sindicales impulsores de la consulta ni sus aliados políticos, el izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y el centroizquierdista Nuevo Espacio (NE), esperaban que las voluntades por la derogación treparan hasta 62,21 por ciento de los sufragios válidos, frente a un magro 35,42 por ciento de los defensores de la ley.
Los analistas explican ese resultados por la suma de varios componentes, entre los que se destacan el descrédito del gobierno de Batlle tras la debacle económica de mediados de 2002, y el natural anticipo de la campaña política de 2004, con miras a las elecciones internas partidarias de junio, las generales de octubre y la eventual segunda vuelta presidencial de noviembre.
Sin embargo, entre las principales razones del pronunciamiento electoral del domingo también aparecen los antecedentes en materia de rechazo a las privatizaciones.
Es que Uruguay ya dio la nota en 1992, cuando también un referéndum tachó los principales artículos de la llamada Ley de Empresas Públicas, y en especial aquellos que permitían privatizar sectores de la telefonía, un resultado que frenó cualquier asomo de propuesta en el mismo sentido hasta 2001.
En aquella ocasión, más de 70 por ciento de los votos válidos impusieron la derogación, pese al auge privatizador en América Latina y, en particular, en la vecina Argentina donde el presidente Carlos Menem (1989-1999) vendió, no siempre al mejor postor, lo más rico y rentable del patrimonio estatal, incluyendo la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales y las empresas de telefonía, de electricidad y de agua potable.
Los expertos atribuyeron en buena medida el resultado de 1992 a la circunstancial alianza entre la izquierda, ya ascendente, y el sector mayoritario del tradicional Partido Colorado, liderado por Julio María Sanguinetti, presidente de 1985 a 1989 y de 1995 a 2000.
Batlle también es colorado, y llegó al gobierno con el apoyo del también tradicional Partido Nacional, contra Vázquez en la segunda vuelta de la elección presidencial de 1999.
Los dos partidos tradicionales se alternaron en el poder en los 173 años de vida institucional del país, y en los últimos tiempos se han unido cada vez más contra la creciente izquierda.
En los análisis sobre la derogación de 1992 también se tuvo muy en cuenta la tradición y la añoranza de un Estado otrora poderoso, que supo ser motor de desarrollo a mediados del siglo XX y factor de equidad y estabilidad democrática, en gran medida a impulso de próceres colorados.
En marzo de 2001, todos los partidos se animaron a discutir en torno al futuro de Ancap, la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (cemento). La preocupación fue reformular su operativa y situación legal en vista de los acuerdos del Mercosur (Mercado Común del Sur), que implican acabar en 2006 con los monopolios en la región.
Pero a la hora de transformar la discusión en un proyecto aparecieron roces y diferencias, dentro de la izquierda, y entre ella y los demás partidos.
Cuando el proyecto fue aprobado como ley 17.448, el 4 de enero de 2002, lo apoyaron todos los legisladores del Partido Colorado y también los del Partido Nacional, junto con el minúsculo Partido Independiente. Tres senadores izquierdistas participaron en su redacción, pero no lo votaron por acatamiento a la mayoría del EP-FA.
El EP-FA fue el partido más votado en 1999, y con el NE suma poco más de 40 por ciento de las bancas. La mayoría parlamentaria corresponde a la alianza de los dos partidos tradicionales, que votan juntos en la mayoría de los casos.
En ese marco, el sindicato de empleados de Ancap decidió impulsar la recolección de las firmas necesarias para someter la ley a referéndum: 25 por ciento de los 2,4 millones de habilitados para votar.
Así como el líder izquierdista Tabaré Vázquez no aguardaba un pronunciamiento tan rotundo, con encuestas previas que en el mejor de los casos le otorgaban a la derogación 53 por ciento de la intención de voto, tampoco lo preveían el colorado Sanguinetti ni el ex presidente nacionalista Luis Alberto Lacalle (1990-1995).
Es probable que ambos líderes esperaran una división de la izquierda, pero sólo un senador del EP-FA reivindicó en la campaña la ley que había ayudado a redactar.
Ahora quedaron descolocados Sanguinetti y a Lacalle, que no negaban su intención de postularse para un nuevo mandato, y a quienes resultó imposible separar el referéndum de las elecciones del año próximo, pese a su insistencia en ello, en especial cuando las urnas se le vinieron encima en la noche del domingo.
Todo analista que se consulte entiende que los seis meses faltantes para las internas partidarias son muy poco tiempo para que el resultado del referéndum no incida en las estrategias para intentar llegar al gobierno nacional.
En eso están, con cautela, Vázquez y el resto de los sectores que apoyaron la derogación de la ley de Ancap. Nunca antes la izquierda se acercó tanto al sillón presidencial.
Las encuestas que ubicaban a la izquierda con una intención de votos para 2004 cercana a 50 por ciento, frente a una caída histórica de colorados y nacionalistas que los hace sumar apenas cerca de 30 por ciento, parecen reforzarse con la derogación del domingo.
La posibilidad de un triunfo de Vázquez el año que viene es vista con beneplácito, aunque se diga en voz baja, por los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes esperan tener mejor sintonía que con Batlle, de costumbre más cercano a Washington que a las cercanas Buenos Aires y Brasilia.
Pero Ancap no va a ser un problema menor para Vázquez si llega al gobierno, por más aliados mercosureños que tenga. Ahora está obligado a plantear soluciones concretas para los problemas de esa empresa estatal, más allá de la propuesta, este lunes, de buscar consenso partidario paa una política energética general.
Están pendientes el asunto de la desmonopolización obligada por el Mercosur, la necesidad de inversiones para continuar con la remodelación de su única refinería, y la definición de acuerdos de negocios en Argentina, muchos de los cuales han sido calificados de desastrosos, con pérdidas que rondaron los 250 millones de dólares.
Queda bastante por resolver en una empresa petrolera de un país que, cuando se decidió a realizar algunas exploraciones en busca de crudo, sólo halló aguas termales, de muy buena calidad por cierto. (
