La democracia cumple este miércoles 20 años de vigencia continuada en Argentina, y la gran mayoría de los ciudadanos lo celebra como logro de permanencia. Pero el aniversario encuentra al sistema afectado de numerosos males y con una larga lista de tareas pendientes.
"Estoy orgullosa de vivir en un país en el que la democracia cumple 20 años. Es más, me parece que ya no existe el riesgo de que vuelvan los militares. Pero tampoco estoy satisfecha con lo que tenemos. Nos falta madurar mucho", dijo a IPS la maestra Nélida Colombo.
La referencia a dos décadas ininterrumpidas de democracia tiene sentido en un país que pasó buena parte del siglo XX bajo dictaduras militares.
Desde que Raúl Alfonsín (1983-1989) recibió la banda presidencial de manos del último dictador Reynaldo Bignone pasaron tres asonadas militares y el enjuiciamiento y posterior indulto a los ex comandantes del régimen militar (1976-1983).
También dos atentados antijudíos con más de un centenar de muertos, escándalos de corrupción y un proceso de enorme desprestigio de los dirigentes políticos.
Alfonsín anticipó su retiro varios meses para escapar a una crisis económica que le resultó ingobernable. Su sucesor, Carlos Menem (1989-1999), consiguió una controvertida reforma constitucional para su reelección.
Y Fernando de la Rúa (1999-2001) se retiró dos años antes del fin de su mandato en medio de manifestaciones de repudio a su política económica, dando lugar a una serie de interinatos que culminaron con las elecciones presidenciales de mayo, de las que emergió el actual presidente Néstor Kirchner.
En estos 20 años la democracia resistió toda clase de amenazas políticas, pero hubo también terribles sacudidas económicas y sociales. Dos olas de hiperinflación, privatizaciones polémicas, un endeudamiento externo que concluyó en cese de pagos y el desempleo y la pobreza trepando a proporciones sin precedentes.
La pobreza pasó en pocos años de 30 a más de 50 por ciento de la población. El desempleo, que se mantenía en torno a seis por ciento al comenzar el gobierno de Alfonsín, se sitúa ahora en 16,4, tras pasar por máximos de casi 20 puntos.
La deuda externa de 50.000 millones de dólares se triplicó.
Pese a esta sucesión de problemas que ponen de manifiesto un empeoramiento de los indicadores económicos y sociales, 79 por ciento de los argentinos otorga "mucho valor" a la democracia según una encuesta realizada este mes por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP).
Es muy difícil encontrar ciudadanos que revindiquen la última dictadura, que cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos. De hecho, los horrores de aquel pasado se mantienen vivos en la sociedad por la tarea de las organizaciones de derechos humanos.
No se observa en Argentina un cuestionamiento a la democracia, como tampoco se advierte en el resto de la región, explicó a IPS el sociólogo Ernesto López, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes.
En cambio, existe un "debilitamiento funcional" del sistema, advirtió.
"No veo una crisis en el consenso que existe en torno a la democracia, pero sí noto una crisis en el funcionamiento del sistema, que demasiadas veces no da respuesta a las demandas de crecimiento económico e inclusión social, y entonces vuelve impotentes a los dirigentes políticos", remarcó López.
Un fenómeno que se repite en varios países sudamericanos como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú o Venezuela, donde los problemas arrecian y son a veces muy graves, pero parece existir capacidad para resolverlos dentro de ciertas reglas que plantea el propio sistema.
Por ejemplo, tras una intensa campaña para derrocar al presidente venezolano Hugo Chávez, que incluyó un fallido golpe de Estado y una huelga general de casi dos meses, la oposición en ese país intenta poner en marcha el mecanismo constitucional de referendo revocatorio del mandato presidencial, mediante recolección de firmas.
La masiva oposición a la política energética del gobierno boliviano acabó en octubre con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su sucesión por el vicepresidente.
Así, la frustración popular por problemas como la falta de empleo o la pobreza se achaca a la incapacidad de los dirigentes políticos, y no a la democracia en sí misma.
Es por eso que los mismos encuestados que valoran tan positivamente a la democracia, juzgan que el país está "peor" o "mucho peor" que 20 años atrás en materia de economía, educación, salud, corrupción o funcionamiento de la justicia.
Las organizaciones que han trabajado durante estos años en la difusión de los derechos políticos, creen haber identificado algunas claves de este deterioro.
Básicamente, la mayoría sostiene que los argentinos participan poco para incidir en las acciones de gobierno.
La encuesta del CEOP muestra a los ciudadanos como invitados a la democracia. Cuando se les pregunta en qué forma participan 87 por ciento señala las urnas.
Pero este porcentaje no siente que sus demandas se satisfagan con el solo gesto de ir a votar. Apenas 10 por ciento asegura sentirse "totalmente representado" por los candidatos que elige, mientras 88 por ciento dice sentirse "poco" o "nada" representado.
"La gente manifiesta muy poco interés en participar porque la democracia acumula muchas deudas", arguyó Gonzalo Arguello, coordinador de la campaña "Reforma Política Ya" para intentar que la agenda del Congreso legislativo incluya temas que mejoren la participación y hagan más transparente la política.
En diálogo con IPS, Arguello observó que muchos ciudadanos se preguntan para qué participar en la cosa pública si después sus iniciativas se pierden en los pasillos del Congreso o en los fallos sesgados de una justicia que inspira poca o ninguna confianza, de acuerdo a los mismos sondeos.
"La democracia representativa pura tiene limitaciones", reconoció Arguello.
"Las organizaciones que trabajamos por los derechos políticos querríamos que el sistema ofreciera una mayor cantidad de herramientas para la participación, pero además de instrumentos se va a requerir de gente que quiera usarlos y de un Estado más activo, y para eso hace falta voluntad y educación", destacó.
Esta aspiración implicaría una reforma constitucional para habilitar instrumentos de democracia directa, como la consulta popular para refrendar o rechazar leyes y otras medidas gubernamentales.
