El gobierno de Estados Unidos es el que debe explicar públicamente porque los misiles cargados en un barco interceptado en alta mar hace un año por la armada española fueron a parar a Libia, dijo este martes a IPS un portavoz del Ministerio de Defensa de España.
El funcionario se refirió así a las declaraciones de fuentes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) realizadas al diario madrileño El Mundo en las que se afirma que 15 cuerpos completos de misiles Scud, otras tantas cabezas convencionales de combate y 85 bidones de productos químicos, una veintena de ellos cargados con ácido nítrico, fueron entregados finalmente a Libia por decisión de Washington.
Este incidente comenzó el 5 de diciembre del año pasado, cuando servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron a Madrid sobre el rumbo del buque So-San, sospechoso de realizar tráfico ilícito de armamento y que atravesaba entonces la zona bajo responsabilidad española en el océano Indico.
Cuatro días después una fragata y un buque de guerra españoles, tras intimar al capitán a detener su marcha y atacarlo con ametralladoras, apresaron la embarcación que navegaba cerca del golfo de Adén sin enarbolar pabellón alguno, aunque se supo que estaba bajo bandera de Camboya.
La carga declarada del barco era sólo cemento, pero al revisar la carga los militares españoles descubrieron el armamento, de origen norcoreano.
Ese mismo día España entregó el barco a la marina de guerra estadounidense, y los primeros comentarios oficiales de Washington y Madrid fueron dirigidos a que los misiles estaban destinados a la red islámica Al Qaeda, acusada por el gobierno de Estados Unidos de ser los autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Pero horas después y en forma sorpresiva, Washington entregó el So-San con toda su carga a Yemen, explicando que en realidad efectuaba un transporte legítimo de armas compradas por el gobierno de ese país a Corea del Norte.
Esa entrega fue precedida por una conversación telefónica entre el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, y el presidente de Yemen, Alí Abdulá Saleh.
ôYemen es un país amigo, justificó la Casa Blanca al hacerse pública esa conversación.
De esa manera, lo que se presentó en un primer momento como una brillante operación militar española para impedir el tráfico ilegal de armas de destrucción masiva quedó reducido a una probable manipulación dirigida desde Washington, con Madrid en el papel de recibir y cumplir órdenes poco claras.
Las fuentes de la OTAN citadas por El Mundo señalaron que en aquél momento Estados Unidos estaba negociando en secreto la posibilidad de que Libia acogiera como exiliado al entonces presidente iraquí, Saddam Hussein.
El líder libio, Muammar Gaddafi, jugó un papel de intermediario cuando la anterior guerra del Golfo, de 1991, y ayudó a que Iraq se retirase de Kuwait.
ôGadafi quería los misiles y Yemen actuó cono intermediario. En aquel marco de gestos con Libia, se decidió hacer la vista gorda, ya que no había ninguna disposición internacional que lo impidiera, añadió el periódico citando fuentes del Pentágono.
Ahora, como hace un año del incidente, la reacción de malestar de Madrid fue inmediata, pero no muy explícita, porque el presidente del gobierno, José María Aznar, apuesta con firmeza a mantener una alianza incondicional con su par estadounidense, George W. Bush.
Por eso, la opositora Izquierda Unida (IU) pedirá al ministro de Defensa, Federico Trillo, que informe en el parlamento sobre la participación de España, pasada y presente, en relación con este caso.
El modo de tratar el asunto por Madrid es una muestra más de la errática política exterior de Aznar y su preocupante sumisión y total dependencia de la política marcada por EEUU, señaló a IPS el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares.
A IU le llama poderosamente la atención que España estreche lazos políticos y comerciales con un país donde no se dan ningún tipo de garantías democráticas, como Libia, añadió .
Tanto el gobierno como la oposición y las organizaciones no gubernamentales no califican como terrorista al régimen de Gadafi y coinciden en la necesidad de facilitar su integración en la comunidad internacional.
Un portavoz autorizado de la cancillería española recordó a IPS que hace unas semanas Aznar visitó Libia y que sus relaciones con Gadafi son cordiales.
El diálogo de España con ese país se realiza ôen forma crítica, insistiendo en la necesidad de una lucha clara contra el terrorismo, fortaleciendo las relaciones euromediterráneas y ôlas cosas van por ese camino, concluyó el funcionario.
Días antes la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Palacio, afirmó que ôhay una apuesta estratégica de España por la normalización de las relaciones internacionales con Libia.
Unas relaciones que no son sólo políticas y diplomáticas. La semana pasada el gobierno libio adjudicó la concesión de un contrato para la exploración de gas y petróleo en su territorio a un consorcio internacional del que forma parte la multinacional hispano-argentina Repsol-YPF.
Esa empresa extrae 200.000 barriles diarios de crudo en aquél país y sus planes son llegar a 275.000 en 2004.
España no tiene elaborada una lista de países terroristas, puntualizó el portavoz de la cancillería española.
Pero Estados Unidos sí y mantiene en esa lista a Libia, que lo tiene sometido a un bloque comercial y militar bilateral. Ninguna empresa estadounidense está facultada para vender directa o indirectamente armas a Libia, ni a facilitar a que las reciba.
Cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas levantó las sanciones aplicada a Libia por el caso Lockerbie, el embajador estadounidense, James Cunnigham se abstuvo en la votación.
Cunnigham explicó que su actitud obedecía a que su país ôno quiere dar la imagen tácita de que Libia se ha rehabilitado porque, entre otras cosas, está intentando obtener armas de destrucción masiva y misiles balísticos.
Las cosas parecen haber cambiado radicalmente, ya que el armamento interceptado por España y entregado finalmente a Libia es de los que se incluyen dentro del considerado de destrucción masiva.
