Grupos de la sociedad civil de Estados Unidos apelaron a la justicia federal para protestar por las ”discriminatorias” iniciativas del secretario de Justicia, John Ashcroft, para imponer severas leyes contra la inmigración.
Los activistas presentaron una demanda en un tribunal federal el miércoles contra la decisión del gobierno de ingresar en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) los nombres de unos 400.000 inmigrantes con orden de deportación.
El Departamento de Justicia y el Buró Federal de Inteligencia (FBI) tomaron esta medida como parte de las iniciativas para la lucha contra el terrorismo luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en los que murieron unas 3.000 personas.
El gobierno de George W. Bush también autorizó a la policía a detener a los indocumentados, una actividad hasta ahora reservada para los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).
La información del NCIC, que incluye antecedentes penales de millones de personas desde los años 30, es usada por las agencias federales para seguir el rastro de criminales. La base de datos es consultada 3,7 millones de veces todos los días, según el FBI.
”Conjugar al Estado con la policía local para arrestar inmigrantes es una medida que socava la seguridad pública y estimula la discriminación racial”, sostuvo el presidente del Consejo Nacional de la Raza, Raúl Yzaguirre, tras presentar la demanda.
”Esto hará que los inmigrantes víctimas o testigos de delitos tengan miedo de hacer la denuncia o de colaborar con la policía en las investigaciones. También hace que la policía deje de lado otras prioridades”, señaló.
Los activistas señalan que las medidas del gobierno van en contra de las decisiones del Congreso legislativo, que limitó el poder de la policía en el seguimiento a los inmigrantes ilegales.
La participación de la policía en operativos ordenados por el INS contra indocumentados también provocó la oposición de las jefaturas de algunas de las ciudades más grandes, como Nueva York, Los Angeles, Boston, Chicago y Houston.
La nueva política del Departamento de Justicia no servirá para identificar a los terroristas, y sólo privará el voto y alienará a las comunidades que más necesitan la ayuda del gobierno, sostuvo la Liga de Ciudadanos Japoneses Estadounidenses.
”Las personas tendrán otra razón para alejarse de mí, y eso no es algo que me guste”, opinó el oficial de policía John Ditto, de la noroccidental ciudad de Seattle, donde hace 60 años la policía persiguió a los inmigrantes japoneses, en el marco de la segunda guerra mundial (1939-1945).
Líderes de la sociedad civil señalan que la nueva política del gobierno de Bush es una nueva versión de la ”caza de brujas” de los años 50, la campaña liderada por el senador Joseph McCarthy para detener a supuestos comunistas encubiertos en Estados Unidos.
Los activistas señalaron que la política del Departamento de Justicia disuadirá a los inmigrantes de entregar información que sea útil para luchar contra el terrorismo.
Además, advirtien que los datos de un gran número de inmigrantes que no se sometieron al plan de ”registro especial” del gobierno, en especial coreanos y musulmanes, también serán enviados al NCIC.
El plan fue lanzado por el gobierno de Bush para seguir de cerca de todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos luego de los atentados en Nueva York y Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional terminó el 1 de diciembre el registro de este año, pero se estima que un gran número de inmigrantes no concurrió a reportarse, por lo que sus datos serán enviados al NCIC.
Los activistas condenan este plan de registro especial y lo consideran discriminatorio.
”Varios informes del inspector general del Departamento de Justicia han confirmado la falta de fiabilidad del INS”, señaló la presidenta del Comité contra la Discriminación de los Arabes Estadounidenses, Mary Rose Oakar, otra de las demandantes.
”La información está siendo diseminada por todas las estaciones de policía, y será usada para detener a los inmigrantes, muchos de los cuales tienen derecho legal a estar en este país”, añadió.
Ejaz Haider, un analista pakistaní contratado por el Instituto Brooking en Washington, fue detenido a comienzos de este año por no someterse al ”registro especial” en los plazos previstos.
”No sabía que estaba violando una ley. Brookings tampoco lo sabía, y mis amigos en el Departamento de Estado tampoco lo sabían”, escribió Haider en el periódico The Washington Post.
”Yo no puedo entender la ley. ¿Qué esperanza hay entonces del trabajador de un restaurante o al conductor de un taxi, que ni siquiera tiene acceso al texto de las políticas del INS”, añadió.
Otras organizaciones querellantes son la Coalición de la Inmigración de Nueva York, el Proyecto de Trabajadores Latinoamericanos, y el Sindicato de Empleados Textiles e Industriales.
