El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Bolivia, presentó un proyecto de ley de Hidrocarburos, que plantea la recuperación de la propiedad de los recursos energéticos y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reasuma la función rectora en cuanto a los procesos de su exploración, explotación y comercialización. La iniciativa propone así la recuperación de las funciones originales de la firma estatal petrolera y pone en entredicho todas las acciones que se suscitaron en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, bajo el pretexto de conseguir recursos económicos frescos para posibilitar la explotación de los yacimientos hidrocarburíferos. También figuró como principal demanda en la protesta que culminó con la renuncia a la presidencia en octubre del propio Sánchez de Lozada en su segundo mandato.
