Joaquín Lavín, líder de la derecha de Chile y seguro candidato a la presidencia en diciembre de 2005, reactiva el distanciamiento de los partidos que tantos réditos le dio en la anterior elección, disputada palmo a palmo con el actual mandatario Ricardo Lagos. Y ahora es por obligación.
Lavín, alcalde de Santiago-Centro, el municipio más importante del país, busca desmarcarse del fuerte involucramiento de figuras de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI), en el escándalo de la red de paidofilia que sacude a la sociedad chilena desde octubre.
El 3 de este mes, enfatizó que un eventual gobierno nacional encabezado por él será independiente, porque hará que sus ministros congelen su militancia partidaria mientras sirvan en cargos públicos.
Días antes, en una entrevista con la estatal Televisión Nacional de Chile, el precandidato de la UDI sostuvo que su primera postulación presidencial, en 1999, fue impuesta por la gente y que otro tanto ocurrirá en 2005, cuando corresponda elegir al presidente que reemplazará al socialista Lagos el 11 de marzo de 2006.
La decisión de Lavín de refrescar su discurso apolítico coincide con una acumulación de antecedentes que señalan al senador Jovino Novoa, de la UDI, como uno de los parlamentarios sospechosos de integrar la red de paidofilia descubierta en octubre con la detención del empresario Claudio Spiniak.
La posición del líder derechista ha dejado mal parada a Alianza por Chile, la coalición opositora que integran la UDI y el Partido Renovación Nacional (PRN), que comenzó a experimentar fisuras desde que el arresto dio Spiniak diera paso a uno de los mayores escándalos político-policiales en Chile.
La crisis de la derecha se desató cuando la diputada Pía Guzmán, del PRN, hizo trascender que dos parlamentarios de Alianza por Chile habían participado en orgías organizadas por Spiniak donde se maltrataba y violaba a menores recogidos en las calles.
Tras la denuncia proliferaron versiones extraoficiales de que esos dos parlamentarios eran los senadores Novoa y Carlos Bombal, ambos de la UDI y con un pasado común de funcionarios gubernamentales bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El diputado Pablo Longueira, presidente de la UDI, intentó neutralizar esas denuncias con una ofensiva que incluyó la presentación ante los tribunales de una querella por injurias contra la diputada Guzmán, a la que acusó además de formar parte de un complot para sabotear la candidatura de Lavín.
El legislador derechista intentó al mismo tiempo descalificar a los medios de comunicación que aportaban nuevas revelaciones acerca de las reuniones organizadas por Spiniak, y testimonios de niños que tendían a ratificar la presencia de figuras políticas en la red de paidofilia.
La prensa contribuyó igualmente a develar la protección de mandos policiales a Spiniak, mientras proliferaban rumores de que en la red de paidofilia estaban implicados, además de parlamentarios, figuras del mundo del espectáculo y empresarios.
Así se fue gestando el escenario de una trama que tuvo un giro dramático el 5 de noviembre, cuando el canal Chilevisión y la revista Plan B revelaron que el juez Daniel Calvo, a cargo de la investigación de la red de paidofilia, era cliente de un establecimiento de sauna donde se concertaban y llevaban a cabo relaciones homosexuales.
Calvo reconoció la veracidad de esa revelación y puso su cargo a disposición de la Corte Suprema de Justicia, luego de afirmar que era víctima de una extorsión encubierta.
El máximo tribunal removió al juez del caso y designó en su lugar a Sergio Muñoz, un magistrado de destacada actuación en casos emblemáticos relacionados con los derechos humanos, pero al mismo tiempo ordenó investigar la extorsión denunciada por Calvo.
El episodio causó polémica porque Chilevisión empleó métodos contradictorios con el Código de Etica del Colegio de Periodistas, como el haber grabado una conversación telefónica de Calvo con Sebastián Rodríguez, el administrador del sauna, y filmar luego con cámara oculta una reunión entre ambos.
El periodista Alejandro Guillier, jefe de prensa del canal, se defendió de las acusaciones con el argumento de que esos procedimientos se usaron en aras de un fin superior, para desplazar del caso a un magistrado que estaba desconociendo los testimonios de menores víctimas de abuso por parte de políticos, lo cual indicaba efectivamente la existencia de una extorsión..
El caso se complicó para la UDI a mediados de noviembre, cuando el diario electrónico El Mostrador publicó que Longueira había sostenido una larga reunión secreta con Calvo en momentos en que éste estaba aún a cargo del caso.
Más tarde, el sacerdote José Luis Artiagoitía, director de una fundación que atiende a niños maltratados, posibilitó el testimonio ante el juez Muñoz de Gemma Bueno, una joven de 20 años que asegura que en 1998, cuando tenía 15, permaneció durante siete meses en la residencia de Spiniak en las afueras de Santiago.
Bueno dijo más tarde en una entrevista en Canal 13 que durante ese tiempo fue continuamente vejada por un hombre que es actualmente senador.
El día 4, la revista Plan B aseguró que la joven proporcionó al juez Muñoz descripciones pormenorizadas de marcas en la zona genital de ese hombre, que serían características de Novoa.
Desde fines de noviembre, la UDI abandonó su discurso beligerante sobre el caso y se empeñó en descalificar a Bueno como testigo, mientras Artiagoitía denunciaba que era objeto de seguimientos y que existían intentos de desacreditarlo, haciéndolo aparecer como homosexual.
La creciente intriga que se va tejiendo en torno a la red de paidofilia de Spiniak relegó la atención sobre el problema general de la explotación sexual infantil en Chile, que afecta a unos 4.000 menores, en su mayoría niñas en torno a los 12 y 13 años, según conjeturas oficiales.
Al mismo tiempo, el caso Spiniak, que quizá va camino de transformarse en caso Novoa, parece sacar a la luz uno de los aspectos más sórdidos de los círculos de poder de la sociedad chilena, oculto bajo un doble discurso desde la dictadura de Pinochet.
La UDI es la principal representación de ese fenómeno, porque tiene origen católico confesional, fuertemente ligado en sus niveles de liderazgo al Opus Dei, del cual Lavín es miembro numerario.
Desde su matriz conservadora, ese partido creció sobre la base de descalificar a la política y de presentarse ante el electorado como una propuesta renovadora, no contaminada por ambiciones ni vicios del proselitismo. Un discurso efectivo en 1999, pero que ahora ha perdido credibilidad. (