Brasil debería considerar una intervención militar en Paraguay para atacar la principal fuente del comercio pirata y otros delitos como el tráfico de armas, sugirió este lunes el diputado brasileño Josias Quintal. Pero las culpas paraguayas empalidecen ante las brasileñas.
El interés nacional en juego justifica la acción militar, como la que llevó a cabo Estados Unidos en Vietnam e Iraq, explicó el diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño ante la sorpresa de su par Julio Lopes, del conservador Partido Progresista, y de algunos corresponsales extranjeros que participaban en una rueda de prensa.
Todos los caminos del crimen organizado -el contrabando, el narcotráfico y el comercio ilegal de armas- llevan a Paraguay, que acoge a criminales y empresas piratas que venden copias ilegales de productos patentados por otras compañías, añadió. La mayor industria paraguaya es la de cigarrillos, con 36 plantas, la mayoría propiedad de brasileños, cuya producción es contrabandeada a Brasil, destacó.
Quintal, un coronel de la policía militar que fue secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, admitió que su propuesta podía parecer absurda, pero argumentó que todos conocen esa realidad paraguaya de ser sede de organizaciones criminales, y que una acción fuerte en el país vecino es una necesidad imperiosa, ahora o en el futuro.
Como ejemplo mencionó el caso de Osvaldo Domingues Dib, dueño de más de 20 emisoras de radio, dos tabacaleras, casinos y lotería, a quien las autoridades confiscaron el año pasado un avión cargado de drogas ilegales, pero que sigue disfrutando de prestigio en Paraguay, donde fue incluso precandidato a la presidencia.
En 2002, Paraguay importó 110 millones de discos compactos. Es evidente que no se destinan sólo al consumo de los cinco millones de habitantes del país, observó el diputado Julio Lopes.
Quintal es relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre Piratería de Productos Industrializados, creada en junio y de la que Lopes es vicepresidente. Ambos y José Carlos Blat, fiscal de la meridional ciudad de Sao Paulo, revelaron resultados de sus averiguaciones a corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.
Pero las culpas paraguayas empalidecen ante las brasileñas.
Independientemente de la vecindad con Paraguay, la piratería, nombre genérico para delitos como falsificación y contrabando, producción ilegal y robo de cargas, encontró en Brasil una tierra fértil para expandirse. El país es el cuarto mayor mercado pirata del mundo, según datos de la CPI.
Los discos falsificados ya alcanzan a 83 por ciento del mercado nacional, en un país que es el segundo mayor consumidor de música nacional, sólo superado por Estados Unidos e igualándose a Japón.
Cerca de la mitad de los programas de computación son pirateados, informó Lopes, una reducción respecto del 75 por ciento de hace unos años. Diez puntos porcentuales de caída de la piratería representan 50.000 nuevos puestos de trabajo en empresas legales, acotó.
La falsificación se hace principalmente en Brasil. Se importan millones de discos compactos vírgenes para grabar en ellos música y programas de computadoras Y la producción nacional domina entre 50 y 60 por ciento de ese mercado ilegal. Paraguay está aquí también, dijo Blat en referencia a la fortaleza de estos delitos en Brasil.
Tales negocios ilegales son más rentables que el tráfico de drogas y con menos riesgos, pues se trata de un crimen organizado con el cual están comprometidos muchos órganos públicos, lo que dificulta las investigaciones, destacó el fiscal.
Por ejemplo, la Operación Anaconda, conocida a fines de octubre, llevó a la cárcel a un juez acusado de vender fallos judiciales, y puso bajo sospecha a otros dos, además de a varios comisarios de la Policía Federal, órgano del Ministerio de Justicia, y a otras autoridades policiales y administrativas.
La operación, concentrada en Sao Paulo, se basó en miles de horas de escucha telefónica que solo fueron posibles por autorización judicial de Brasilia, porque un pedido similar a los tribunales paulistas se hubiera denegado o informado con antelación a los delincuentes, dijo el fiscal.
En esas conversaciones telefónicas registradas durante meses, los sospechosos hablaban abiertamente de sus negocios, implicándose sin saberlo, pues se sentían protegidos por sus cómplices en el sistema judicial.
Otro ejemplo de impunidad y complicidades de alto nivel en el Poder Judicial es el del ciudadano chino Law Kim Chong, considerado el mayor contrabandista de Brasil, quien controla el suministro de aparatos electrónicos, baterías y otros productos a incontables tiendas de comercio pirata.
Seis años atrás, productos de Chong que sumaban más de dos millones de dólares fueron aprehendidos por las autoridades. Un juez ordenó la devolución de los bienes y procesó al comisario responsable de la operación.
La comisión parlamentaria sobre piratería no pudo oír al empresario chino en virtud de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que lo protege, reveló Quintal.
Existe una mafia china que controla gran parte del comercio ilegal en Brasil, especialmente en Sao Paulo, y que asesina a los comerciantes de la red que no pagan el peaje, un cobro extorsivo que varía de 500 a 2.000 dólares semanales, según Blat.
Desde 1999 fueron muertas más de 30 personas por ese motivo. Y otras fueron entregadas a policías corruptos para su probable ejecución.
La inmensa economía informal brasileña, que se estima en 40 por ciento, y la idea asumida incluso por jueces de que éste es un delito social de pobres que buscan sobrevivir, favorecen el desarrollo de la piratería como actividad organizada, coordinada, de mafias internacionales, sostuvo Lopes.
En una reciente operación en Sao Paulo se aprehendieron 70 camiones de productos ilegales por 50 millones de dólares. Pero apenas 10 días después las tiendas estaban reabastecidas, algo imposible sin una gran organización detrás, ejemplificó.
La elevada carga tributaria que pesa sobre las empresas legales en Brasil contribuye a la piratería, que se hace atractiva porque elude altos impuestos pero también la complejidad del sistema tributario nacional, y se hace así una actividad veloz, ventaja cada día más importante en los negocios, evaluó Lopes.
Los duros tributos brasileños generan un círculo vicioso, estimulando la evasión y obligando el gobierno a recuperar su recaudación…, aumentando más los impuestos. Es la hipocresía general, las personas simulan pagar y el gobierno finge que recauda, dijo a IPS el diputado Quintal.
El combate a ese crimen organizado, además de complicado y obstaculizado por las complicidades y la complacencia social, es riesgoso. Recibo amenazas de muerte casi todos los días, reveló Blat a IPS.
Blat no confía en la protección policial, pues encarceló a muchos policías, así que se defiende portando un arma, viajando en un automóvil blindado y evitando trayectos rutinarios y el pasaje por ciertos lugares.
