En América Latina sobran ejemplos en los que la prensa pone al desnudo un caso de corrupción. Pero en Argentina se produjo una novedad: un implicado en el pago de sobornos para la aprobación de una ley quebró el silencio ante una periodista.
Cuando la investigación estaba a punto de clausurarse por falta de pruebas, el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto relató a la periodista María Fernanda Villosio, de la revista TXT, lo que faltaba saber del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).
La sustancia de los hechos fue conocida en los meses posteriores a la aprobación de la ley de reforma laboral de abril de 2000, gracias a lo publicado por varios medios de comunicación. Pero ni esas informaciones ni la convicción general de su verosimilitud bastaron para que la justicia avanzara.
Pero ahora, Pontaquarto asegura que De la Rúa ordenó sobornar a los senadores que se resistían a aprobar la ley. Y da detalles acerca de la ruta del dinero (casi cinco millones de dólares) retirado por él de una bóveda de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y entregado en la casa de un senador.
"Nunca habíamos visto un caso así en América Latina", comentó a IPS Néstor Baragli, de la gubernamental Oficina Anticorrupción. "En los casos más conocidos, incluso los que involucraron a presidentes, siempre se descubría la trama desde afuera, nunca por propia decisión de uno de los involucrados", manifestó Baragli.
Por su parte la diputada Graciela Ocaña, del centroizquierdista partido Argentinos para una República de Iguales, celebró el testimonio que prueba muchas de sus denuncias. "Las mafias funcionan con el silencio y aquí el silencio se quebró, entonces se puede desarticular la mafia", razonó la legisladora en diálogo con IPS.
Sobre las razones que llevaron a Pontaquarto a confesar hay distintas versiones. Sus allegados aseguran que sentía remordimiento frente a sus hijos. Otros creen que el detonante fue la decisión del Senado de destituirlo a inicios de este mes, por no rendir cuentas de un viático de más de 35.000 dólares por un viaje a Portugal que no realizó.
Durante más de un mes, un equipo de la revista TXT trabajó en silencio para obtener la primicia publicada el sábado, al tiempo que cumplía con los requisitos de Pontaquarto a cambio de su testimonio ante un grabador: protección personal, el traslado de su familia a otro país y asesoramiento jurídico.
Estas son algunas de las garantías legales para combatir la corrupción, concebidas para proteger a testigos o implicados que deciden confesar. Pero en Argentina no existen.
La revista aceptó todas las condiciones, pero comprometió al entrevistado a presentarse a la justicia.
Tras varias horas de declaraciones de Pontaquarto, la justicia dispuso este lunes el cierre de fronteras para una docena de ex senadores y ex funcionarios involucrados, mientras la fiscalía anticipaba que De la Rúa, su ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el entonces jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez, serían citados a declarar.
"Es común en estos casos que el imputado descargue su responsabilidad acusando a otros. Pero acá estamos ante un testimonio inédito, porque el imputado acusa a los demás al tiempo que admite su propia responsabilidad en los hechos", dijo a IPS Daniel Morín, titular de la Oficina Anticorrupción.
Sin embargo, Morín también señala que el caso pone de manifiesto una falencia jurídica. En Argentina hay leyes que protegen a delincuentes arrepentidos de delitos de narcotráfico, pero no hay una figura similar para proteger a denunciantes de actos de corrupción.
Sólo después de declarar ante la justicia, Pontaquarto logró que el Estado le asignara a cinco custodias de la Policía Federal para protegerlo.
Como responsable máximo de la oficina que investigó el presunto pago de sobornos a los senadores, Morín estuvo presente el viernes durante la prolongada sesión en la que Pontaquarto contó al juez suplente Néstor Oyarbide los detalles de la operación.
Según sus palabras, no recibió ningún pago por el "trámite", aunque admitió ser el encargado de retirar el dinero, llevarlo en su auto, guardarlo en su casa varios días, y trasladarlo luego al apartamento del entonces senador del opositor Partido Justicialista Emilio Cantarero.
El arrepentido asegura que la orden del soborno fue dada en su presencia por De la Rúa, en una reunión en el despacho presidencial de la que participaron Flamarique, dos senadores justicialistas y uno de la gobernante Unión Cívica Radical.
Era abril de 2000. Pontaquarto asistió al encuentro como secretario legislativo y mano derecha del senador oficialista José Genoud, señalado ahora por su antiguo funcionario de confianza como uno de los que se repartieron el botín.
Genoud, como el resto de los involucrados, negó los hechos y trató de descalificar a Pontaquarto con argumentos referidos a su vida privada. Pero el ex senador admitió que el gobierno de entonces debió distribuir "favores" para obtener la ley, como "cargos, embajadas y contratos".
De la Rúa, ausente de la vida pública desde que renunció a la presidencia en diciembre de 2001, dijo este lunes que la denuncia era "una gran mentira, un disparate, una confabulación" en su contra.
El ex presidente aseguró que "jamás" participó de la reunión mencionada por Pontaquarto, y que al contrario ordenó investigar la denuncia sobre sobornos, divulgada dos meses después de la sanción de la ley reclamada al gobierno por el Fondo Monetario Internacional.
Fue precisamente la periodista Villosio la que obtuvo entonces la declaración de Cantarero, uno de los sobornados, publicada en el diario La Nación y luego desmentida por el implicado.
El escándalo provocó la dimisión del vicepresidente Carlos Alvarez, quien presidía el Senado, cuando De la Rúa decidió ratificar en sus cargos a los principales sospechosos de la maniobra, el ministro Flamarique y el jefe de la Inteligencia De Santibañes.
Alvarez cree que De la Rúa fue "el máximo responsable" de aquel escándalo, y aporta algunos datos nuevos. Por ejemplo, que un senador le había confesado que para aprobar leyes en el Congreso legislativo hacían falta "300 millones de dólares al año" en sobornos.
"No era una manzana, era el cajón entero que estaba podrido", dijo Alvarez.
El ex vicepresidente dedicado desde su retiro a la docencia, opinó que "no puede haber un país justo si se compran y venden las leyes" y recomendó a la justicia investigar el patrimonio de los legisladores para avanzar en el esclarecimiento de este sistema de corrupción en la cámara alta.
El delito que podría atribuirse a los involucrados es el de cohecho, penado con uno a seis años de prisión, pero excarcelable. No obstante, el fiscal anticorrupción consideró que "lo importante es la condena" tras un juicio oral.
El gobierno del justicialista Néstor Kirchner, informado días antes del paso que pensaba dar Pontaquarto, consideró un buen augurio la aparición del denunciante y se comprometió a facilitar la labor de la justicia.
Desde su asunción en mayo, Kirchner se ha pronunciado por el fin de las prácticas venales que dominaron la actividad política argentina en los últimos años.
