El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cambió las normas del comercio y la inversión en la región desde que fue creado hace 10 años, pero produjo muchos menos beneficios de los prometidos.
”Si las promesas originales se hubieran cumplido, ahora estaríamos festejando con champaña”, dijo Lori Wallach, directora del programa de vigilancia del comercio de Public Citizen, un grupo defensor de los derechos de los consumidores con sede en Washington.
Los actores políticos y económicos que promovían el tratado en Estados Unidos, Canadá y México a comienzos de los años 90 prometieron que crearía cientos de miles de empleos bien remunerados en Estados Unidos, aumentaría el nivel de vida en los tres países miembros, mejoraría las condiciones ambientales y llevaría prosperidad a la economía mexicana.
Pero los críticos sostienen que las políticas comerciales en que se basó el tratado en realidad perjudicaron a los trabajadores y al ambiente, y advierten que esas mismas políticas son la base del propuesto Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que abarcaría todo el continente americano excepto Cuba.
”En estos 10 años de aplicación del TLCAN, la mayoría de los habitantes de los tres países miembros perdió, y sólo un puñado de multinacionales que participaron en la redacción del acuerdo salieron beneficiadas”, afirmó Wallach.
Gracias al pacto comercial, que este 1 de enero cumplirá su décimo aniversario, grandes empresas como las fábricas de automóviles General Motors, Ford y Chrysler pueden establecerse en México, emplear mano de obra barata en ese país y luego exportar los productos acabados a Canadá y Estados Unidos.
Las normas del tratado también limitan las facultades de cada país para establecer reglas en materia de ambiente, seguridad alimentaria, actividad bancaria y seguridad del transporte en camiones.
Además, el pacto faculta a los inversionistas a exigir compensación por ”expropiación indirecta”, es decir, cualquier acto de un gobierno -incluso dirigido a proteger la salud pública y el ambiente- que disminuya el valor de una inversión extranjera.
Con base en esa disposición, el gobierno de México debió pagar en agosto de 2000 casi 17 millones de dólares a una empresa del estado de California, en el suroeste de Estados Unidos, a la que un municipio mexicano había negado permiso para instalar una planta de tratamiento de residuos en una zona ambientalmente sensible.
Los impulsores del TLCAN prometieron 170.000 empleos adicionales a los trabajadores estadounidenses en los primeros 10 años de vigencia del tratado, con base en el incremento del superávit comercial de Estados Unidos con México y la reducción de su déficit comercial con Canadá.
Pero ahora Estados Unidos tiene un déficit anual promedio de 37.000 millones de dólares con México, y perdió casi tres millones de empleos fabriles.
Según el Sistema de Ajuste Comercial del TLCAN, un programa gubernamental para trabajadores desplazados que sólo cubre a un pequeño porcentaje de las potenciales víctimas del acuerdo, 525.000 trabajadores estadounidenses perdieron su trabajo por la transferencia de actividades industriales a México.
Pese al crecimiento económico de los años 90, el salario real promedio en Estados Unidos todavía permanece por debajo del nivel de 1972, y la desigualdad de ingresos se agravó debido al traslado de empleos en el sector manufacturero al de servicios, de remuneración inferior, señaló Public Citizen.
De acuerdo con el no gubernamental Instituto para el Estudio de Políticas, de Estados Unidos el TLCAN también limita la capacidad de los trabajadores de ese país para pelear por mejores salarios y mejores condiciones laborales.
Ante cualquier demanda sindical, y aprovechando los beneficios del acuerdo, los empleadores suelen amenazar a sus trabajadores con mudar la empresa a México y obtener allí mano de obra barata.
Washington insiste en las virtudes del acuerdo, al señalar que el comercio entre los tres países miembros se duplicó entre 1993 y 2002, y que las inversiones directas procedentes de ellos se incrementaron en los tres países, de 136.900 millones de dólares en 1993 a 299.200 millones en 2000.
El Banco Mundial sostuvo la semana pasada que el TLCAN ha sido un acuerdo con saldo positivo, en especial para México, pues impulsó su productividad y le permitió adquirir tecnología.
Pero un estudio de la organización no gubernamental estadounidense GRACE señaló que una de las consecuencias de ese acuerdo fue que 1,7 millones de pequeños productores rurales mexicanos debieran abandonar sus tierras, por pérdida de competitividad, y emigrar a Estados Unidos.
La directora del Programa para las Américas del Centro de Recursos Interhemisféricos, Laura Carlsen, apuntó que los precios de los productos agrícolas de Estados Unidos, sobre todo del maíz, cayeron en forma drástica desde que se firmó el acuerdo, afectando a los agricultores mexicanos.
Por otra parte, el ingreso por habitante en México creció apenas nueve por ciento en los últimos 10 años, una quinta parte del aumento registrado en los años 60 y 70, según el estadounidense Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés).
”Ningún economista puede con honestidad decir que eso es un éxito”, alegó Mark Weisbrot, codirector del CEPR.
En sus comienzos, el TLCAN fue promocionado como una vía hacia mejores empleos y mejores condiciones de vida en México, sobre todo gracias a la instalación de industrias maquiladoras, compañías extranjeras que ensamblan insumos importados libres de aranceles.
”Pero, por el contrario, lo que tenemos son salarios bajos, acoso sexual de parte de empleadores, destrucción del ambiente y graves problemas de salud de los trabajadoras”, dijo la directora de la Coalición para la Justicia en las Maquiladoras, Marth Ojeda.
”La mayoría de las trabajadoras de las maquiladoras son muy jóvenes, de 16 a 25 años, porque sus espaldas y manos son fuertes. Las horas de trabajo son tan largas que pasan casi toda su juventud sin ver el sol”, añadió.
Si en algo coinciden analistas de los tres países miembros del TLCAN, es en que ”no hay un vínculo asegurado entre la apertura del comercio y de las inversiones y una mejor situación para los trabajadores y para el ambiente”, señaló el Instituto para el Estudio de Políticas.
