La negativa de Costa Rica a una apertura en telecomunicaciones y seguros, actualmente monopolios estatales, la llevó a no firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos que otros cuatro países de América Central ratificaron este miércoles.
La táctica estadounidense de negociar los ”temas más sensibles” en las últimas dos rondas falló con los costarricenses, que interrumpieron de manera sorpresiva con las negociaciones.
Costa Rica calificó de ”muy pobres” las ofertas de Estados Unidos en materia de textiles, que implicaban una apertura parcial y condicional, y rechazaron de plano la ”apertura total en seguros” que pedía el grupo liderado por el representante comercial estadounidense Robert Zoellick.
El equipo negociador costarricense, encabezado por el ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, optó por posponer las conversaciones para el mes de enero, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua concluyeron sus acuerdos con los estadounidenses.
También hubo discrepancias sobre el comercio de azúcar y papa, y en relación con las cuotas de exportación de pollo que negociaba el país.
Representantes de las cámaras locales de comercio, de industria, de avicultores, de agroindustria y de agricultura se congratularon por la posición del gobierno, ya que piensan que firmar el tratado en la forma en que estaba propuesto traería más perjuicios que ventajas.
Las organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con cautela, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) las instó a mantenerse alerta.
”Si los negociadores no entregan los textos para que la ciudadanía sepa qué es lo que se negoció, una firma del tratado en enero sería muchísimo peor para los intereses del país”, dijo a IPS el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
La interrupción de las negociaciones por parte de Costa Rica no debe implicar una tregua para las organizaciones sociales que combaten el acuerdo, puesto que el hermetismo sobre las negociaciones continúa, alegó.
En Costa Rica ni siquiera los diputados han podido conocer en detalle qué es lo que negocia el país, pero los congresistas estadounidenses sí conocen los textos.
Por eso se mantendrá, según Vargas, el clima de desconfianza hacia el ministro Trejos y su equipo negociador, en el que sobresale la economista Anabel González, a quien incluso le cuestionan que tenga nacionalidad costarricense y estadounidense.
”Ya se dio el acto 'heroico' de no firmar ahora. Tampoco debemos firmar nada en enero sin antes permitirle a la gente saber cómo quedó” el tratado, arguyó el sindicalista, quien dijo esperar que la interrupción no sea un acto de manipulación para ceder en enero ceder a las exigencias estadounidenses.
”Queda comprobado que Costa Rica tiene mucho más que perder con el tratado de libre comercio que los otros países de América Central, prácticamente anexados a Estados Unidos”, aseveró.
Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua comenzaron a negociar en enero con Washington, como antesala regional del Area de Libre Comercio de las Américas, prevista para el 2005.
Los negociadores previeron la anulación de aranceles para más de la mitad de las exportaciones agrícolas y textiles estadounidenses a los otros países, que se verían beneficiados, como contrapartida, por la eliminación en 15 años de la mayoría de los aranceles que impone Estados Unidos a sus productos agrícolas.
El tratado abarca también temas relacionados con la propiedad intelectual, la legislación laboral y los medicamentos genéricos, y estos últimos también desataron fuertes controversias a lo largo de 12 meses de negociación.
Estados Unidos prevé la inclusión el año próximo de República Dominicana en el acuerdo.
El ex presidente costarricense Rodrigo Carazo (1978-1982), señaló que incluso los obispos católicos de México y Canadá aconsejaron no firmar el acuerdo, por los perjuicios sociales y económicos que traería a las sociedades de los países del istmo.
Canadá y México están desde 1994 en un área de libre comercio con Estados Unidos.
Sobre las diferencias que se presentaron en los últimos dos días de las negociaciones, efectuadas en Washington, el ministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo, sostuvo que ”lo importante es que todos los países salgamos bien”.
”Si hay algunos países que todavía tienen temas que discutir, vamos a darles el espacio para que lo hagan y los resuelvan, porque tenemos distintas realidades y vamos a ser comprensivos”, expresó Lacayo en el sitio en Internet del Ministerio de Economía salvadoreño.
Las áreas ”más sensibles” para los costarricenses son los seguros y las telecomunicaciones, y en éstas se discute la apertura en ”telefonía especializada e Internet”, según la diputada Epsy Cambell, del Partido Acción Ciudadana.
A diferencia de Costa Rica, el resto de los países de América Central se preparan ahora para batallas por la ratificación en sus respectivos parlamentos.
También el Congreso estadounidense tendrá que ratificar el tratado para que entre en vigencia, y cuenta con 90 días a partir del momento en que sea presentado.
Algunos legisladores de Estados Unidos ya manifestaron preocupación por los aspectos laborales del tratado, así como por su impacto en el mercado de empleo ante la posible transferencia de puestos de trabajo de Estados Unidos a América Central.
Esa es una preocupación reiterada de parlamentarios del opositor Partido Demócrata, que también manifiestan temor por la falta de cláusulas ambientales. Legisladores del gobernante Partido Republicano, representantes de estados con gran producción textil, azucarera y láctea, también se oponen al tratado.
Zoellick sostuvo en un comunicado que el acuerdo es un paso hacia ”la liberalización comercial hemisférica rumbo al ALCA y, mundialmente, en el diálogo de Doha dentro de la Organización Mundial del Comercio”.
”Paso a paso, país a país, región a región, Estados Unidos está abriendo mercados con estupendos y completos acuerdos de libre comercio”, alegó.
Washington ”está comprometido con la apertura de mercados en todo el mundo porque los agricultores, trabajadores, consumidores y empresarios estadounidenses quieren vender nuestros bienes y servicios de gran calidad”, añadió el alto funcionario.
Pero la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), principal central sindical del país, se comprometió la semana pasada a luchar contra el acuerdo.
A esta campaña se sumaron organizaciones humanitarias como Oxfam America y World Vision, académicas como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y dos docenas de denominaciones religiosas.
Buena parte de la oposición dentro de Estados Unidos defiende la tradicional protección a los agricultores de ese país, pero grupos de la sociedad civil también cuestionan la falta en el acuerdo de cláusulas de protección ambiental, de salud pública y derechos laborales.
El tratado ”es profundamente defectuoso. No se trata de la estrategia de desarrollo que necesita una región donde 62 por ciento de la población vive con menos de dos dólares diarios”, opinó Vicki Gass, de WOLA.
La experta advirtió que el acuerdo debilitará a las flamantes democracias de América Central, al ceñir a sus gobiernos en un ”corsé económico y político”.
La ANEP y otras organizaciones sociales de Costa Rica se oponen de manera rotunda a la apertura del sector de telecomunicaciones, administrado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En 1999, el entonces presidente Miguel Angel Rodríguez impulsó esa apertura, y contra ella se produjo la mayor manifestación social de los últimos 30 años en el país.
El actual presidente, Abel Pacheco, aseguró que no negociará la privatización de las telecomunicaciones, y tampoco la de los seguros, incluida a última hora en la agenda por Estados Unidos.
”No apoyo la privatización de los bienes nacionales, aunque esto no signifique que no crea en ciertas formas de apertura que van a beneficiar al pueblo costarricense y a las instituciones mismas”, adujo Pacheco en conferencia de prensa.
Cuando faltaban dos rondas para que concluyeran las negociaciones, Zoellick presionó a Pacheco para que aceptara la apertura total del mercado de seguros y abriera las telecomunicaciones, lo que creó un clima de confrontación entre el gobierno, los sindicatos y los sectores sociales del país.
* Con aportes de Emad Mekay (
