Políticas gubernamentales fallidas, reclamos sociales por la tierra y movimientos migratorios provocaron en Paraguay un conflicto por la posesión de tierras agrícolas fronterizas con Brasil.
En medio están decenas de miles de hacendados brasileños que han dejado su impronta en las zonas fronterizas y diez mil familias paraguayas asentadas allí sin más recursos que parcelas de 10 hectáreas.
Los brasiguayos, como llaman en Paraguay a los agricultores brasileños y sus descendientes, se afincaron desde inicios de los años 60 en los sudorientales departamentos paraguayos de Canindeyú y Alto Paraná, fronterizos con los estados brasileños de Paraná y Mato Grosso do Sul.
Hoy se los acusa de muchos males, desde la contaminación por uso de agroquímicos y la tala de árboles hasta de imponer la cultura y la lengua brasileña en una vasta zona del territorio paraguayo.
Las acusaciones proceden sobre todo de pequeños productores rurales que habitan en las zonas afectadas y de organizaciones de campesinos sin tierra.
Todo comienza a finales de los años 60 y principios de los 70, en pleno auge del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), explicó a Tierramérica el ingeniero agrónomo y consultor de empresas Carlos Tallone.
Por entonces, el Instituto de Bienestar Rural (IBR) adquirió vastas extensiones de tierras en Canindeyú y Alto Paraná.
La idea era atraer a los brasileños y venderles esas tierras, pues se detectó esa necesidad del otro lado de la frontera, agregó el especialista.
Hoy los brasiguayos poseen 1,2 millones de hectáreas, 40 por ciento de la superficie total de ambos departamentos.
Y según estimaciones privadas, de 1,5 millones de hectáreas de soja sembrada en la actual temporada, 1,2 millones corresponden a agricultores brasiguayos.
La mayoría de los 37.000 brasileños que viven en zonas rurales de Canindeyú y Alto Paraná son hacendados medianos, con propiedades de 500 hectáreas, lo que los coloca en el equivalente de la clase media urbana, según Tallone.
Su único lujo es comprar maquinaria agrícola moderna. Y su influencia política no es preponderante, sostuvo.
En las mismas zonas habitan cerca de 295.000 paraguayos, incluidos los descendientes de inmigrantes brasileños con residencia legal.
No hay forma de saber cuántos de estos habitantes son hijos de brasileños, dijo a Tierramérica la coordinadora de prensa de la Dirección General de Estadística, Angie Agüero.
En algunas zonas fronterizas se percibe la presencia de más de 90 por ciento de brasileños y sus descendientes, donde se habla, se lee y se educa en portugués, sostuvo Tallone.
Ante la ausencia del Estado paraguayo, los colonos fundaron por su cuenta escuelas, contrataron maestros y se preocuparon de otros aspectos, como la salud y la seguridad.
Aún hoy no hay una sola autoridad paraguaya marcando presencia en esas zonas, expresó Tallone.
Para emparejar la balanza poblacional, en 1963 el Estado inició repartos de parcelas de 10 hectáreas a familias pobres, con el fin de destinarlas a la agricultura de subsistencia. En 1999, había 10.000 familias asentadas por este mecanismo.
Pero el beneficio fue nulo.A esa gente la tiraron en el campo, sin caminos, sin cultura, sin saber qué tenían que hacer. No llegó con espíritu de producir. Cuando había monte, vendía la madera. Cuando se acabó la madera, no hizo nada, sentenció Tallone.
Además de un Estado ausente en varios lugares del país, hay una permisiva legislación, opinó el funcionario Julio Brun, del estatal IBR.
La ley permite que cualquier persona, aun sin residencia legal, pueda comprar un pedazo de tierra, explicó Brun. Hay brasileños sin la condición de inmigrantes que son terratenientes, añadió.
El Mercosur -al que pertenecen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- aprobó en 2002 junto a sus miembros asociados Bolivia y Chile un acuerdo para otorgar residencia legal en cualquiera de estas naciones a todos los ciudadanos del bloque, con el fin de legalizar la situación de cientos de miles de inmigrantes indocumentados.
En Paraguay residen 380.000 brasileños en estas condiciones. Pero para que el acuerdo tenga vigencia requiere de ratificación parlamentaria aún pendiente.
Vienen los brasileños y compran todavía hoy tierras sin dificultades, aunque haya gente dentro. Después van con un fiscal a pedir el desalojo, dijo a Tierramérica Adolfo Grantze, secretario general de la Organización Nacional Campesina.
Según Grantze, cuando esto sucede y la policía actúa cumpliendo órdenes judiciales, a veces los compañeros pagan con su vida defender un pedazo de tierra.
El dirigente se refería a los asentamientos irregulares de campesinos sin tierra que reclaman al Estado la propiedad de los predios que ocupan.
Grantze admitió que su agrupación reconoce el derecho que cualquier persona a vender su propiedad a quien crea más conveniente.
Para el ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez, se trata de un problema emergente, con una connotación económica y otra social.
La gente tiene derecho de vender su tierra a quien sea, pero vemos que la explotación familiar de pequeños productores primarios tuvo un retroceso muy importante en los últimos diez años frente a la extensiva, agregó.
Esto desanimó a los agricultores locales, muchos de los cuales vendieron sus tierras a plantadores de soja, la mayoría brasiguayos.
El gobierno está en un fuego cruzado, porque tenemos el compromiso social de apoyar la producción familiar, pero también debemos sostener la producción mecanizada, añadió.
El ministro descartó que las críticas estén movidas por sentimientos xenófobos de los que suelen quejarse los brasiguayos.
* El autor es colaborador de Tierramérica. Publicado originalmente el 15 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
