El gobierno de Venezuela desembolsará 5,6 millones de dólares para resarcir a los familiares de 45 personas que murieron a manos de soldados y de policías en el estallido social de 1989, conocido como el Caracazo.
"Si bien no se ha podido hacer justicia en materia del Caracazo, al menos el Estado cumple con la obligación de proveer fondos para indemnizar a familiares y organizaciones de derechos humanos que se crearon para procurar justicia", dijo el canciller Roy Chaderton, al confirmar este miércoles la resolución.
"Es una decisión positiva. Muestra cierta sensibilidad y revela conciencia de las gravísimas consecuencias si hay desacato a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero Venezuela todavía sigue en mora", indicó a IPS la abogada Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas.
Ortega hizo referencia así a la sentencia de agosto de 2002 de esa Corte en la que obliga a Venezuela a reparar con dinero a los familiares de las víctimas que querellaron al Estado, además de disponer medidas de tipo legal, judicial y administrativo, todo lo cual aún no se ha cumplido.
El Caracazo se le llamó al levantamiento popular detonado por la decisión del recién estrenado segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), de aumentar el precio de la gasolina, lo que llevó a los transportistas suburbanos de Caracas a un alza intempestiva de los pasajes la mañana del lunes 27 de febrero.
Miles de trabajadores residentes en las llamadas ciudades-dormitorio súbitamente quedaron sin posibilidad de llegar a sus centros de labor y poder cobrar su salario.
Esa medida de Pérez fue la gota que colmó el vaso de ira y frustración tras una década de deterioro continuo del nivel de vida, lejana ya la Venezuela de bonanza petrolera de los años 70.
Muchos analistas sostienen que el Caracazo fue la primera y violenta reacción en América Latina a los programas de ajuste que impulsaba el Fondo Monetario Internacional.
La protesta dio paso a una avalancha de violencia, con pedreas, incendios de vehículos y asaltos a comercios que, magnificados por reportes "en directo" de la radio y televisión, dieron una especie de punto de partida a saqueos generalizados.
Cuando el gobierno el martes 28 militarizó ciudades, decretó la emergencia e implantó un inédito toque de queda ya los muertos se contaban por decenas, los heridos por centenares y los comercios sumaban pérdidas por 150 millones de dólares.
Pero, si bien mucha gente murió en los saqueos, "la mayoría de quienes perecieron fueron asesinados en el interior de sus residencias después que el 1 de marzo se suspendieron las garantías constitucionales", aseguró Ortega en un informe.
Wolfgang Quintana, de 20 años, recibió un balazo en el balcón de su residencia. Richard Páez, de 17, murió a manos de uniformados que allanaron la casa de una amiga. El deportista Eleazar Mavares, de 18 años, fue herido por un militar en la esquina de su casa y rematado en el suelo por agentes de policía.
Los familiares de estas víctimas son algunos de los que querellaron al Estado, exigiendo justicia.
Informes oficiales indicaron que el saldo del Caracazo fue de 277 personas muertas, pero organizaciones de derechos humanos contabilizaron 364 decesos antes de encontrar otros 68 cadáveres en fosas comunes.
En tanto, Chaderton puntualizó este miércoles que durante esa trágica semana "más de 1.000 venezolanos, probablemente, cayeron abatidos como consecuencia de la represión oficial".
El número exacto de víctimas quizá nunca se sepa. "Es tan irresponsable hablar de miles de muertos como creer que las cifras contabilizadas es definitiva", sostuvo Ortega.
Sin embargo, la abogada destacó que "al ver la cifra hay que tener en cuenta que se trata de caídos en muy pocas horas, como en la peor guerra civil".
El actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez, justificó en su momento el cruento alzamiento que dirigió como teniente coronel en febrero de 1992 contra Pérez como una reacción a la conmoción que causó entre los uniformados el papel represivo del ejército dispuesto por el gobierno de entonces en el Caracazo.
A pesar de "ser un hecho tan lamentable, (el Caracazo) tuvo de positivo que el tema de los derechos humanos se incorporó al debate público en Venezuela", comentó a IPS el abogado Juan Navarrete, especialista en derecho humanitario.
Chávez, tras llegar al gobierno por la vía electoral en febrero de 1999, lanzó la consigna de "nunca más un 27 de febrero" y continuó con la política de su predecesor, el socialcristiano Rafael Caldera (1994-1999) de reconocer en instancias internacionales la responsabilidad del Estado ante las víctimas en el estallidos popular.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia definitiva de agosto de 2002, dispuso reparaciones pecuniarias a los familiares de las víctimas, pero además ordenó a Venezuela adoptar sus planes de seguridad y orden público a los estándares internacionales en materia humanitaria.
También ordenó "retomar la investigación de los hechos y sancionar administrativa o penalmente, según corresponda, a los responsables materiales e intelectuales, y a sus eventuales encubridores".
Pero ningún militar o policía ha sido sentenciado a pena alguna por el Caracazo hasta ahora.
"La reparación pecuniaria no ha sido lo más importante para los familiares de las víctimas. Lo que exigimos es justicia, y eso, lamentablemente, parece lejos todavía", sentenció Ortega.
