Es muy probable que los separatistas uigures de China hoy presos en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, sufran tortura si son entregados a Beijing, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Más de una docena de integrantes del grupo étnico uigur, comunidad del extremo occidental de China de origen turcomano y mayoritariamente musulmana, están prisioneros en Guantánamo, tras ser capturados en Afganistán hace dos años.
Son sospechosos de pertenecer a la organización terrorista Al Qaeda o al movimiento islámico Talibán, gobernante en Afganistán hasta que fue depuesto en diciembre de 2001 tras la invasión encabezada por Estados Unidos.
Los uigures podrían sufrir torturas y ejecución en China, cuyo gobierno procura reprimir el nacionalismo uigur, advirtió HRW, organización con sede en Nueva York.
Estados Unidos no debe ni siquiera considerar el retorno de los uigures a China. Cualquier garantía que den los chinos de que no maltratarán a los detenidos no valdrá ni siquiera el papel en que esté escrita, dijo el director de la División Asia de HRW, Brad Adams.
Sería virtualmente imposible para Estados Unidos impedir el maltrato de los detenidos una vez que éstos caigan en el abismal sistema carcelario chino, agregó Adams.
Unas 660 nacionales de más de 20 países, supuestos miembros de Al Qaeda y de Talibán, se encuentran en Guantánamo en carácter de combatientes ilegales, condición que los priva de los derechos previstos para los prisioneros de guerra en las convenciones de Ginebra.
La mayoría de ellos fueron capturados durante la breve guerra en Afganistán hace dos años, y tampoco gozan de los derechos garantizados por la constitución estadounidense.
El secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, afirmó que los detenidos podrían permanecer allí mientras continúe la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos tras los atentados que el 11 de septiembre dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.
La situación de los prisioneros originó gran controversia en todo el mundo. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y expertos en Derecho criticaron al gobierno de George W. Bush por negar a los detenidos el estatuto de prisioneros de guerra y el derecho al debido proceso.
El mes pasado, en una infrecuente crítica pública, el Comité Internacional de la Cruz Roja, organización a cargo de velar por el cumplimiento de las convenciones de Ginebra, calificó las detenciones de inaceptables
El juez Johan Steyn, integrante del principal tribunal británico, consideró esta semana que las condiciones de detención en Guantánamo son monstruosas.
La negativa de Washington a permitir que los prisioneros soliciten ante la justicia estadounidense una reconsideración de su situación representa una ruptura de los patrones mínimos de la ley internacional, agregó.
La Corte Suprema de Justicia estadounidense decidió este mes atender una demanda que pone en cuestión la versión oficial, según la cual los detenidos no gozan de los derechos constitucionales básicos porque Guantánamo no puede ser considerado territorio nacional.
De todos modos, los alegatos no se pronunciarán antes del año próximo, y el fallo no se dictará antes del tercer trimestre del año próximo.
Unos 88 detenidos, la mayoría afganos y pakistaníes, fueron discretamente devueltos a sus países de origen, 84 en libertad y el resto a Arabia Saudita, donde permanecen presos, informó la agencia de noticias estadounidense Associated Press.
La agencia indicó que, según fuentes oficiales, varias docenas de detenidos podrían ser entregados a sus países, con la condición de que se los mantenga presos y en interrogatorio permanente.
Entre ellos figuran los uigures. Según Estados Unidos, éstos se encontraban en Afganistán para recibir entrenamiento militar con miras a su participación en la lucha por la independencia de su territorio.
El enfrentamiento entre los uigures y el gobierno de China tuvo en la década pasada episodios de violencia.
Sospechosos de separatismo han sido torturados, e incluso ejecutados luego de juicios que carecieron de garantías para el debido proceso, según HRW y la organización Amnistía Internacional, así como para el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos en 1994, prohíbe a los gobiernos entregar individuos a países donde existen indicios firmes de que las autoridades cometen violaciones de derechos humanos.
