Leyra Salazar, indígena embera colombiana de 15 años, se ahorcó en su casa con una cuerda hecha de trozos de paruma, la falda tradicional de su etnia, para poner fin a la angustia que le causaba el conflicto armado, según la nota que hallaron sus padres junto con el cadáver.
La joven, de la noroccidental localidad de Riosucio, en el Bajo Atrato, río del departamento de Chocó, escribió en una hoja de su cuaderno de tareas que estaba muy triste porque temía que su padre fuera asesinado, y se despidió en ese último mensaje de su familia y sus maestros del colegio.
Marino Salazar, el padre de la suicida, fue amenazado hace tres años por presuntos guerrilleros de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y desde entonces, cada vez que tenía que viajar en busca de trabajo, su familia quedaba temerosa.
Leyra fue sepultada en septiembre, tras un funeral de varios días en que su ataúd fue embarcado en una canoa que recorrió los poblados de la cuenca del Bajo Atrato hasta llegar al cementerio de sus antepasados.
Allí está la tumba de Ketty Domicó, otra suicida de 15 años, que se ahorcó el 26 de junio en la localidad de Barranco, de la misma región.
Según la Organización Regional Embera Waunaan (Orewa), este año han puesto fin a su vidas 10 jóvenes indígenas de esa etnia, incluyendo a Cecilia Domicó, de 12 años, Ariel Bailarín, de 15 años, Ilda Domicó y Ricaurte Puchicana, ambos de 21 años, y Amparo Vergara, de 23 años.
En esas comunidades, el suicidio es una ”práctica reciente, motivada por factores externos como la violencia y la presión ejercida por agentes de la llamada civilización”, dijo a IPS el presidente de la Organización Nacional Indígenaa (ONIC), Luis Andrade, un embera de 35 años.
”La naturaleza es un organismo vivo, está llena de espíritus buenos o malos, y cuando se le violenta puede sacar los espíritus malos para mostrar su rechazo y su descontento por toda la violencia que hay en la zona”, afirmó.
Según Andrade, la zona en que han ocurrido suicidios sufre desde 1996 por el enfrentamiento entre las FARC y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La confrontación se intensificó en diciembre del 2001, cuando ataques de las FARC contra dos campamentos de las derechistas AUC dejaron un saldo de más de 100 muertos y forzaron el desplazamiento de las comunidades negras que habitaban la región, considerada estratégica para el comercio ilegal de armas que ingresan al país y drogas que salen de él.
Hace un par de años, la zona tenía unos 25.000 habitantes entre indígenas y negros, y la población actual es apenas cerca de 4.000 personas, en su mayoría indígenas.
”Muchos fueron víctimas del desplazamiento forzoso”, y otros murieron en el fuego cruzado de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, explicó Andrade.
”Tantos muertos sin tumbas pueden ser los espíritus malos que ahora rondan por nuestro territorio y se aprovechan de los jóvenes, que son más débiles, para inducirlos al suicidio”, opinó.
”En esa zona del noroeste colombiano confluyen muchos intereses. Hay sembradíos industriales de palma africana, procesadoras de madera, y organismos internacionales interesados en megaproyectos como el de un canal entre los océanos Atlántico y Pacífico”, según una fuente de una organización humanitaria que trabaja en la zona y pidió anonimato por razones de seguridad.
El sociólogo Moisés Medrano, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, dijo a IPS que los suicidios en la comunidad embera son ”una terrible consecuencia del conflicto armado, que ha afectado sus estructuras sociales y culturales”.
Los jóvenes reciben más directamente el impacto porque están en proceso de formación y, al tener que desenvolverse en un medio violentado, en el que no ven mayores perspectivas de crecimiento ni hallan respuesta a sus necesidades físicas y espirituales, ”se sienten derrotados y ven en la muerte una solución fácil para sus problemas”, sostuvo.
Para conjurar la ola de suicidios, los líderes de la comunidad de Riosucio llamaron al jaibaná (sacerdote) Atencio Casama, quien presidió durante varios días un ceremonial de ofrecimiento de bebidas, frutas y otros alimentos a los espíritus, para pedirles que ”no se siguieran llevando a nuestros jóvenes”.
La ONIC prepara otra ceremonia con invitados especiales para pedir a los espíritus que la paz retorne a sus territorios.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) anunció su intención de llevar a cabo un estudio psicosocial con miras a implementar algún tipo de apoyo a la solución del problema.
El Acnur reiteró en varios foros que los actores armados tienen la obligación incondicional de respetar a los no combatientes, y reivindicó específicamente el derecho de las comunidades indígenas a no participar en el conflicto.
También ha señalado al gobierno que la situación de esos pueblos indígenas se deteriorando en forma creciente, sin que se hayan tomado las medidas necesarias para prevenir una crisis humanitaria, y ha insistido en pedir que garantice los derechos de los pueblos indígenas en concertación con las comunidades, con mecanismos eficaces de prevención y protección.
