El gobierno de Colombia sigue bajo los efectos del sacudón provocado por la derrota del presidente Alvaro Uribe en el referendo del 25 de octubre.
Mientras el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, anuncia su retiro tras varios pasos en falso, la ciudadanía aguarda la suerte de un proyecto de ajuste fiscal que recoge algunas de las 15 iniciativas que Uribe sometió a consulta popular y no obtuvieron los votos mínimos para ser válidas.
Londoño anunció su retiro del cargo un día después de la polémica que desató al afirmar que Uribe renunciaría si el Partido Conservador no respaldaba su nuevo proyecto fiscal, ingresado el miércoles al Congreso legislativo y que supondría más impuestos, congelamiento de salarios públicos y recorte de la inversión.
En lo que pareció una respuesta a su ministro, Uribe había asegurado el mismo miércoles que trabajaría ”de día y de noche” en los tres años de mandato que restan.
Londoño había protagonizado otra polémica cuando, tras conocerse el resultado adverso, pidió a las autoridades electorales que depuraran el padrón, con el fin de reducir el porcentaje mínimo de votos para validar el referendo.
El llamado ”Plan B” de Uribe está contemplado en el punto 20 del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero para la obtención de un préstamo de contingencia por 2.100 millones de dólares, dijo a IPS Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
”El punto 20 del acuerdo señala que de no aprobarse el referendo era preciso contemplar impuestos adicionales, una reforma tributaria y la reducción del gasto, para salvar las metas establecidas”, dijo Rodríguez.
El acuerdo indica también la necesidad de una reforma jubilatoria, la reducción de empleados y de entidades públicas, parcialmente en marcha, el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) para productos de la canasta básica y la utilización de los fondos Nacional del Ahorro y de Estabilización Petrolera para fines de seguridad.
El Fondo Nacional del Ahorro, constituido por depósitos de trabajadores estatales, se destina especialmente a financiar programas de vivienda y educación.
El Fondo de Estabilización Petrolera cuenta con recursos obtenidos por la exportaciones de crudo de la estatal Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol).
Las preguntas del fracasado referendo que según Rodríguez, apuntan a cumplir exigencias del FMI, figuraban la congelación por dos años de sueldos y jubilaciones públicas superiores a dos salarios mínimos de 260 dólares.
Otros puntos eran un tope de 25 salarios mínimos para las jubilaciones estatales y la reorganizaciónn de los recursos por regalías para destinarlos a inversiones en salud y educación.
Si Uribe no logra que su propuesta sea aprobada, no podrá cumplir con la meta pactada con el FMI de reducir el déficit fiscal de este año a 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 45.000 millones de dólares, dijo a IPS el economista Francisco Martínez, de la estatal Universidad del Atlántico.
En 2002 el país tuvo un déficit fiscal de 3,6 por ciento.
Para Martínez, el triunfo de los promotores de la ”abstención activa” en el refrendo fue ”extraordinario porque golpeó directamente las propuestas con que el FMI ha pretendido castigar al pueblo colombiano”.
Según el presidente de la CUT, las fuerzas sociales que impulsaron la abstención —sindicatos, organizaciones no gubernamentales y académicos— proponen que empresarios, trabajadores, congresistas y gobierno participen en un profundo debate que lleve al reordenamiento de la política económica.
Y sugieren un acuerdo nacional sobre varios puntos. Por ejemplo, un período de gracia para el pago de intereses de la deuda, criterios para negociar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y mayor énfasis social en el presupuesto general de la nación.
Los resultados parciales del referendo, pues aún falta contabilizar menos de dos por ciento de los votos, indican que ninguno de los 18 puntos de la consulta alcanzó el mínimo de sufragios necesarios para ser considerada válida (6.267.250).
Según el paquete de reformas recién presentado al Congreso, los salarios a partir de 658 dólares, estaría gravados a partir del 1 de enero con un impuesto que ahora sólo se aplica a sueldos superiores a 701 dólares.
Del mismo modo, las pensiones desde 582 dólares se gravarían según una escala preestablecida. Para este monto el tributo sería de 0,01 por ciento, pero el porcentaje se eleva hasta 20 para los ingresos de hasta 5.000 dólares.
El gravamen a las jubilaciones equivalentes a más de cinco salarios mínimos ”es injusto porque no son los sectores más pobres de la población los que deben pagar las consecuencias del mal manejo económico del gobierno”, dijo el miércoles en televisión el presidente de la Asociación de Pensionados, Teodosio Lozano.
Por la crisis económica que afronta el país, con un desempleo de 13 por ciento, los pensionados ”tienen que ayudar a sostener a los hijos y a los nietos”, dijo Lozano.
Además, el IVA que se aplica a alimentos como café, avena, chocolate y pan, de entre siete y 10 puntos porcentuales, pasaría a 17 por ciento, y el impuesto a la renta aumentaría de 35 a 38,5 por ciento.
El gobierno aspira a recaudar unos 7.000 millones de dólares en los próximos siete años.
Una comisión del FMI, que inició el miércoles una visita de dos semanas a Colombia, anunció que examinará el nuevo plan de ajuste del gobierno y advirtió que la situación fiscal amerita un cuidadoso análisis.
