El Ministerio de Agricultura de Paraguay admitió que está a punto de habilitar la producción y venta de productos transgénicos, mientras una firma privada informó que transita los tramos finales de ensayos con soja de ese tipo.
"Estoy inclinado a liberar la producción transgénica", expresó el ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez, aunque luego indicó que aún realiza una ronda de consultas para finalmente tomar una decisión al respecto.
Afirmó estar "convencido" de que en las condiciones actuales no tiene otra alternativa", para salir así al cruce de algún modo a las fuertes críticas de organizaciones ambientalistas que se oponen a legalizar la producción y comercialización de productos genéticamente modificados.
Ibáñez admitió que ya se utiliza en el país la tecnología para modificar genéticamente productos agrícolas y que no cree que su aplicación ocasione problemas.
Aunque "hablar de transgénicos en Paraguay significa referirse exclusivamente a la soja de cualquier variedad, modificada mediante el evento conocido como 'RR' (Roundup Ready)", dijo a IPS María Ojeda, jefa del Departamento de Registros de Cultivares de la Dirección de Semillas de la cartera agrícola.
Ojeda, quien además se desempeña como coordinadora de la interinstitucional Comisión de Bioseguridad, reconoció también que desde 1996, cuando Argentina permitió la producción de transgénicos, la siembra ilegal de soja de este tipo fue incrementándose en Paraguay.
"A partir de 1997 nos percatamos de que se empezó a introducir en forma clandestina materiales transgénicos, creemos que de Argentina, porque este país ya lo había liberado", explicó.
Pero las voces críticas a esta iniciativa no son pocas. "Nos retiramos de la Comisión de Bioseguridad hace dos años, porque con nuestra presencia avalábamos ciertas decisiones que no podíamos cambiar, ya que estábamos en minoría", dijo a IPS Víctor Benítez, coordinador de la Red de Organizaciones Ambientalistas.
Benítez expresó que, sin embargo, estima que la sociedad civil podrá incidir en el parlamento con más fuerza para que se respete lo que indica el Protocolo de Cartagena sobre Diversidad Biológica y evitar así que en la nueva ley de Semillas se permita la producción y comercialización de transgénicos.
"Sigue vigente un decreto que prohíbe el cultivo comercial de la soja transgénica. Si la liberación se concreta, no es otra cosa que el blanqueo de una situación que se da de hecho y el Ministerio tiene que explicar qué hizo para frenar la soja ilegal", añadió.
El activista advirtió que detrás de la posible apertura está "la presión de los agroexportadores y (la empresa transnacional de origen estadounidense) Monsanto, "que es muy buena haciendo lobby (presión) a nivel de autoridades, como los poderes Ejecutivo y Legislativo".
Cálculos oficiales indican que en la actualidad 80 por ciento del millón y medio de hectáreas sembradas de oleaginosas corresponden a productos genéticamente modificados, pese a que todavía se encuentra prohibida su manejo en el país.
Para el sector privado, esa estimación cae a 60 por ciento. "El cálculo surge por la relación de semillas convencionales vendidas versus la superficie sembrada", comentó a IPS Carlos Passarieu, ingeniero agrónomo y editor de la revista Datos Agropecuarios.
El experto indicó sus datos surgen de una encuesta que realizó para la estadounidense Auburn Univisity de Alabama acerca de la soja genéticamente modificada que se planta en Paraguay.
Los resultados preliminares de ese estudio, realizado con 100 productores escogidos al azar sober un universo de unos 3.000, dan que, por ejemplo, en el sudoccidental departamento de Itapúa los niveles de siembre llegaban a 72 por ciento.
Una situación similar afronta el gobierno de Brasil, que ya elaboró la llamada ley de Bioseguridad para tratar de conciliar los reclamos de ambientalistas contra los transgénicos y, a la vez, blanquear una situación de hecho con miles de hectáreas sembradas ilegalmente con ese tipo de soja en el sur de ese país.
En tanto, Ojeda señaló, en relación a lo expresado por el ministro Ibáñez, que, "si se llegara a habilitar la comercialización de la soja transgénica, al productor le debe quedar bien claro que los productos que ellos tienen hoy y que han sembrado siguen siendo ilegales".
"La habilitación, según la llamada ley de Semillas, sería solamente para aquellas variedades que cumplieron todos los requisitos y el periodo de ensayo científico, así como las empresas que cumplieron con el ciclo", aseguró.
Para que una variedad de semilla pueda ser utilizada comercialmente, la misma debe ser inscripta en un registro. "La condición fundamental es que no desmejore el panorama varietal", aclaró Ojeda.
Sin embargo, para que se llegue a la fase de permiso de comercialización son necesarios por lo menos tres años de investigación o ensayo en una localidad y, se hace en más de una región, este mínimo baja a dos años.
A todo esto, Ibáñez afirmó que, pese a la existencia ilegal de cultivos de soja transgénica en el país y la falta de su etiquetado, "hasta ahora el mercado internacional no ha reaccionado" de modo desfavorable con las exportaciones paraguayas.
El ministro citó como ejemplo a China, que compra la soja paraguaya "sin ningún problema".
La única empresa que se encuentra a punto de finalizar los pasos legales de ensayo con soja transgénica del evento 'RR' es Monsanto.
Asimismo, la semillerista argentina Nidera y la cooperativa brasileña Codetec han firmado un convenio con la multinacional para la utilización de su tecnología.
A fin de cubrir los huecos existentes en la legislación paraguaya en la cuestión de productos genéticamente modificados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería elaboró un proyecto de ley que está pronto para ser elevado al parlamento.
"En este proyecto se contemplan todos los pasos necesarios para la habilitación comercial de productos transgénicos. Desde la introducción por primera vez del material hasta su comercialización en mercado interno, así como también la exportación", explicó Ojeda.
Además, en la futura norma legal se incluye la obligatoriedad del etiquetado si un alimento, grano o semilla es transgénico.
Paraguay suscribió en mayo de 2001 el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que lleva ese nombre por haber llegado a su etapa definitoria en esa septentrional ciudad colombiana pero que fuera aprobado en enero de 2000 en Montreal (Canadá) y que entrara en vigor en septiembre de este año.
El Protocolo establece mecanismos para la precaución respecto de los organismos manipulados genéticamente y normas para su producción y comercialización internacional, entre ellas que los embarques de esos productos, como semillas y peces, estén claramente identificados y con información detallada.
"La ratificación (en Paraguay del Protocolo de Cartagena) tiene media sanción del Senado y ya fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Energía de la Cámara de Diputados", y ahora sólo falta que lo trate el plenario de ese cuerpo, informó a IPS Celeste Benítez, de la Unidad de Bioseguridad de la Secretaría de Ambiente.
La especialista negó que exista incompatibilidad entre la ratificación del Protocolo y el proyecto gubernamental enviado al Congreso legislativo.
"El Protocolo no puede trabajar a nivel nacional separado de ninguna ley, pues pasará a formar parte del marco legal", explicó.
Según Benítez, otro detalle relevante es que con la ratificación no se obstruirá ni obstaculizará el comercio de transgénicos, pero "hará el proceso transparente".
El Protocolo de Cartagena, que entró en vigor en septiembre, contiene principios para que los países se resguarden del ingreso indiscriminado de productos genéticamente modificados sin los debidos estudios de impacto ambiental.
