El acuerdo bilateral que entró en vigor en Portugal este mes en favor de los inmigrantes indocumentados llegados de Brasil causó profundo malestar entre las demás comunidades de residentes extranjeros originarios de países y territorios lusófonos.
La medida favorece a unos 30.000 brasileños que trabajan en Portugal sin autorización de residencia, los cuales se sumarán así a otros 59.000 coterráneos con su documentación migratoria en regla.
La modalidad fue acordada el 11 de julio entre el primer ministro de Portugal, José Manuel Durao Barroso, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la primera visita oficial de este último a Lisboa.
Esta amnistía abarca a los ciudadanos brasileños que entraron en Portugal hasta la misma fecha de la firma del protocolo y que posean un contrato de trabajo.
La excepción en favor de los brasileños no fue vista con buenos ojos por los inmigrantes también lusófonos procedentes de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tome y Príncipe, Timor Oriental, de los enclaves de Goa, Diu y DamFo, en India, y de Macao, en China.
Se estima que en Portugal, con alrededor de 10 millones de habitantes, viven hoy unos 600.000 inmigrantes entre regularizados e indocumentados, una de las cifras más altas de Europa en relación a la poblaciones originaria.
Además de los casi 90.000 brasileños y de otros 10.000 de la misma nacionalidad que seguirán indocumentados porque ingresaron después del 11 de julio, los inmigrantes provienen principalmente de Ucrania, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Moldavia, Angola, Rusia, Santo Tomé y Príncipe y Rumania.
Los dirigentes de la Casa do Brasil en Portugal entienden que el acuerdo entre Lisboa y Brasilia será positivo en el futuro también para los inmigrantes del resto de los países de lengua portuguesa.
Este precedente abre una puerta también a los demás extranjeros lusófonos, especialmente a los africanos, dijeron a IPS el escritor y periodista brasileño Duda Guennes, presidente de la Asamblea General de la Casa do Brasil y el ingeniero Carlos Vianna, su presidente ejecutivo.
Todos los argumentos que permitieron este acuerdo, tales como lazos históricos, cultura y lengua común, tienen inclusive más fuerza en el caso de los africanos, independientes de Portugal hace mucho menos tiempo que Brasil, subrayó Guennes.
El escritor reconoció que nosotros los brasileños, respecto a los demás, somos privilegiados, pero esto es porque jugamos duro en relación a los indocumentados portugueses que viven en nuestro país, y que el acuerdo permite su regularización.
Recordó que Brasil declaró su independencia en 1822, reconocida por Lisboa en 1826, mientras que la administración lusitana acabó en 1961 en las provincias ultramarinas de la India y en 1975 en Africa y Timor Oriental, lo que significa que la relación (entre estas últimas) con Portugal es mucho más fresca.
Gennes descartó posibles dificultades que podrían producirse en el seno de la Unión Europea debido al favoritismo a los brasileños para la obtención de visas de trabajo.
Madrid tiene acuerdos preferenciales con América Latina de lengua castellana, París con los afrofrancófonos y Londres con los países que formaron parte del imperio británico. Lisboa puede hacer lo mismo con nosotros, los de idioma portugués, subrayó.
Para Vianna, el acuerdo representa un gran paso adelante para profundizar las relaciones fraternas de los dos países hermanos, y resaltó otro aspecto positivo del documento, que estipula la prevención y represión al tráfico ilegal de inmigrantes, un crimen que debe ser combatido por todos.
La búsqueda de un futuro fuera de sus fronteras fue hasta ahora un fenómeno poco usual en Brasil.
Según datos divulgados por la Casa do Brasil, más de 2,5 millones de naturales de Brasil, con 171 millones de habitantes, escogieron el camino de la emigración, por lo que en este campo está todo por hacer, porque esta realidad es relativamente reciente en la sociedad brasileña.
Vianna subrayó que los emigrantes forman parte de la solución de los problemas brasileños, pues envían remesas a su país de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales.
Añadió que el fenómeno también se traduce en la promoción de los productos y la cultura brasileña en el exterior, creando lazos a todos los niveles, acarreando beneficios a corto, medio y largo plazo. Eso es lo que estamos haciendo en Portugal, expresó.
Sin embargo, las opiniones de los dos dirigentes de la Casa do Brasil no fueron compartidas por José Falcao, miembro de la dirección de la sección portuguesa de SOS-Racismo en una entrevista con IPS.
El sentimiento general de los inmigrantes, es de injusticia. Todos y no solo los brasileños, deberían tener derechos iguales. Es evidente que en un Estado de derecho, no pueden haber trabajadores extranjeros de primera, de segunda o de quinta clase, dijo el activista.
Falcao precisó que el gobierno habla de legales e ilegales, lo cual no es correcto, porque no existen ilegales, sino indocumentados, y también éstos, de acuerdo a la Constitución portuguesa, son iguales frente a la ley, sean brasileños, africanos, asiáticos o de cualquier otro país.
La solidaridad de Brasil al recibir miles de emigrantes lusitanos por 180 años y el que Portugal sea hoy uno de los cinco principales inversores extranjeros en ese país latinoamericano, no es algo que se pueda ignorar, sostuvo por su parte José Carlos de Vasconcelos, director editorial del semanario lisboeta Visao.
El lusoangoleño Timoteo Macedo, presidente de la Asociación de Solidaridad Inmigrante (ASI), que cuenta con unos 4.000 afiliados de 75 países, calificó el acuerdo entre Brasil y Portugal de discriminatorio y de contornos racistas, ya que cuando se habla de identidad lingüística no quieren integración, sino asimilación.
Macedo dijo a IPS que la igualdad de derechos, nada tiene que ver con las ciudadanías, por lo que anunció que esta semana ASI inicia una campaña cuyo lema común para todas las nacionalidades será Somos Todos Brasileños.
