”G” está en una prisión de alta seguridad en Gran Bretaña desde diciembre de 2001, y sus abogados temen que no salga nunca más. No sabe cuáles son sus cargos, pero cree que está en la carcel por mirar cabras.
Quizá nunca se sepa el verdadero nombre de ”G” —Ditto, para sus abogados—, a quien las autoridades sólo describen como un argelino de 34 años sospechoso de haber participado de una reunión de dos grupos terroristas de Argelia en la ciudad de Dorset, sur de Inglaterra, en 1999.
La policía actuó en respuesta a la denuncia de un residente del lugar. Según el informe policial, G y otros hombres extranjeros ”parecían prestar particular atención a las cabras de una granja y despertaron sospechas en el denunciante, que conocía casos de robo de animales para sacrificio en países vecinos”.
El tribunal judicial que consideró el informe llegó a la siguiente conclusión: ”Aceptamos que no es extraño en la cultura argelina que los hombres se aparten de sus familias para emprender viajes como éste, pero es evidente la oportunidad de discutir asuntos de interés mutuo lejos de oídos indiscretos”.
La hipótesis de la policía es que los hombres se habían reunido para elegir un líder terrorista y decidieron sacrificar una cabra.
Otro sospechoso detenido en forma indefinida fue identificado como ”D”. La policía lo describió como ”un mentiroso consumado”.
Según la policía, hay pruebas de vinculación entre los sospechosos y el grupo radical islámico Al Qaeda y otras organizaciones extremistas.
La Comisión Especial de Apelaciones de Inmigrantes (SIAC) también declaró que existe ”material suficiente” para justificar la permanencia de los hombres en la cárcel, pero ese material sólo lo conocen la policía y la propia SIAC.
Los hombres, que habían estado bajo sospecha desde la denuncia de 1999, fueron detenidos en virtud de la Ley de Seguridad, contra el Terrorismo y el Crimen (ATCSA), aprobada en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
La SIAC rechazó el día 29 una solicitud de 10 extranjeros, ocho de ellos detenidos conforme a la ATCSA (incluidos los del caso de las cabras), para que la justicia revisara su caso.
”Como resultado de la decisión del SIAC, los ocho podrían permanecer detenidos en forma indefinida, sin acusación ni juicio, sobre la base de pruebas secretas que nunca escucharon ni vieron”, señaló la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres.
En total, 16 hombres fueron detenidos en virtud de la ATCSA. De ellos, dos abandonaron Gran Bretaña ”voluntariamente”, pero la apelación rechazada el día 29 había sido presentada en representación de ellos también.
”Es asombroso que, si hay pruebas suficientes para mantener a estos hombres detenidos por dos años, no se los haya llevado a juicio”, dijo a IPS en Londres una portavoz de la organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch.
”Más asombroso es teniendo en cuenta que en este caso se requieren menos pruebas que en un tribunal penal común”, agregó.
Gareth Pierce, abogada de los detenidos, declaró tras el rechazo de la apelación que sus defendidos ”prevén que estarán encerrados el resto de su vida”.
”Todos están seguros de que no hay ni ha habido una emergencia nacional, mucho menos una relacionada con su presencia en este país. Su detención sin debido proceso marca el reingreso de este país a la época medieval”, dijo la abogada, que habló en representación de tres de los detenidos.
Amnistía consideró que las decisiones judiciales en este caso constituyen una perversión de la justicia.
La justicia ”ha violado la presunción de inocencia, un principio fundamental para un juicio justo”, declaró Amnistía.
Algunos de los sospechosos fueron detenidos en la base aérea de Bagram, en Afganistán. Según Amnistía, es posible que la SIAC se haya basado en declaraciones obtenidas bajo tortura.
La Secretaría de Estado considera que los hombres que permanecen en prisión son demasiado peligrosos como para considerar su deportación.
La ATCSA establece que el gobierno no necesita probar que los sospechosos son terroristas o amenazan la seguridad, y que puede basarse apenas en ”dudas razonables”. La única defensa con que cuentan los detenidos son abogados aprobados por el Ministerio del Interior.
