Filipinas, país alineado con la guerra antiterrorista del presidente estadounidense George W. Bush, es escenario de ejecuciones de defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes indígenas y aun niños, según expertos de la ONU.
El dictamen sobre la situación en Filipinas que emitirá la semana próxima el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) incluirá el pedido a Manila de leyes y otras medidas para impedir esos abusos, adelantó una fuente vinculada con la investigación.
La gestión en la materia del gobierno de Filipinas, elogiado el 18 de este mes por Bush en una visita a ese país, ha sido examinada por el Comité durante su actual período de sesiones, que concluirá el 7 de noviembre.
El presidente del Comité, Abdelfattah Amor, advirtió a la delegación de Filipinas que el proyecto de ley sobre el terrorismo que debate el parlamento de ese país ”es francamente peligroso para el respeto de los derechos humanos”.
En cambio, Bush agradeció en Manila esa política del gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, así como su apoyo este año a la invasión de Iraq liderada por Washington, y afirmó que Filipinas es ”una roca de estabilidad en el Pacífico”.
La promoción y la protección de los derechos humanos son prioridad para el gobierno de Filipinas y sólo pueden ser fortalecidos en un clima de democracia y de prosperidad económica, dijo a los miembros del comité de la ONU la subsecretaria del Departamento de Justicia, Merceditas N. Gutiérrez.
Un informe de la Federación de Científicos de Estados Unidos registró el apoyo filipino a la lucha antiterrorista emprendida por Washington mediante la oferta de uso de bases militares y de espacio aéreo, además del fortalecimiento de la legislación represiva de las actividades terroristas.
El gobierno de Bush ha retribuido a Manila con equipos militares por valor de más de 92 millones de dólares, que incluyen un avión de transporte C-130, ocho helicópteros UH-1H, un barco patrullero, 30.000 fusiles M-16 y las municiones correspondientes, además de apoyo mediante asesores al combate contra insurgentes en Filipinas.
El comité de la ONU, responsable de supervisar el acatamiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los 150 Estados adheridos, toma en cuenta las exigencias de seguridad relacionadas con esfuerzos contra el terrorismo, señaló una fuente allegada al foro mundial, que solicitó reserva de su identidad.
Sin embargo, los 18 expertos independientes integrantes de el comité se muestran preocupados por la amplitud excesiva del alcance del proyecto de ley sobre el terrorismo que discute el Congreso filipino, y por las consecuencias puede tener su aprobación, en relación con la protección de los derechos humanos, añadió.
Activistas por los derechos humanos de Filipinas opinaron que el proyecto es ”anticonstitucional e impreciso”.
Esa iniciativa es ”violatoria del derecho a un proceso justo y tampoco hace frente al terrorismo”, comentó Aurora A. Parong, directora del Grupo por los Detenidos de Filipinas, una organización creada por religiosos católicos.
Las protestas de las organizaciones de derechos humanos filipinas apuntan contra todos los abusos, y en particular contra la continuidad de las torturas.
Desde enero de 2001, cuando Arroyo ascendió a la presidencia, hasta junio pasado, se han denunciado 88 casos de torturas, aunque muchos más no toman estado público, afirmó Paul Harrison, de la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede en Ginebra.
Los perpetradores de esos abusos han sido en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas filipinas, y las persecuciones y amenazas se dirigen en especial contra defensores de los derechos humanos y periodistas, sostuvieron los activistas.
Desde 1986 han sido asesinados 43 periodistas, sin que ninguno de esos crímenes haya sido esclarecido, mencionó la activista Marlea Munez, de la Organización por Educación, Desarrollo, Productividad e Investigación de la Mujer.
Mujeres y niños han sido también víctimas preferidas de la ”violencia promovida por el Estado” en Filipinas, dijo el religioso irlandés Shay Cullen, presidente de la organización Recuperación, Fortalecimiento y Asistencia al Desarrollo del Pueblo (Preda), con sede en la septentrional ciudad filipina de Olongapo.
Un gran número de niños de la calle han sido detenidos sin cargos válidos, incluso de ocho años de edad, y recluidos en celdas sin camas, muebles ni instalaciones sanitarias, donde han sufrido torturas y otros abusos, aseguró.
De las 86 ejecuciones perpetradas por escuadrones de la muerte de la ciudad de Davao, al sur, desde mayo de 2001, 16 por ciento tuvieron víctimas infantiles, con edades de 13 a 17 años, denunciaron activistas filipinos ante el comité de la ONU.
”La ausencia de certificados de nacimiento en el momento de la acusación (o del procesamiento) ocasionó que los menores fueran destinados al pabellón de la muerte por delitos que habían cometido. Pero tras la presentación de la prueba de la fecha de nacimiento, algunos fueron trasladados a prisiones de alta seguridad”, justificó la funcionaria filipina Gutiérrez.
Las medidas que involucran a niños y niñas de la calle se adoptan en cumplimiento de disposiciones contra la vagancia, agregó.
”El gobierno ha instalado alojamientos para acomodar a los menores aprehendidos en esas circunstancias. El Código Penal revisado castiga a los agentes de seguridad que abusan de los niños durante las operaciones contra la vagancia”, aseveró.
En cuanto a las mujeres, de 25.000 a 35.000 han sido víctimas de redes de proxenetas, y en muchos casos trasladadas a países de Occidente o de Asia sudoriental, sostuvieron.
Las mujeres detenidas los viernes por prostitución en Filipinas son sometidas a arrestos durante el fin de semana. En ese período de detención sufren abusos y violaciones en las celdas, según los denunciantes.
La mayor central obrera mundial, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), expresó preocupación por la explotación de las mujeres que trabajan en las 89 zonas francas de Filipinas.
Esas trabajadoras se ven obligadas a realizar una gran cantidad de horas extra, a menudo no remuneradas como corresponde. Las normas de protección a la maternidad se violan, los salarios son míseros y abunda el acoso sexual, según esa organización sindical.
Una fábrica de vestidos para bebés que produce con las marcas Jansport, Eddie Bauer y Outdoors, comercializadas en Estados Unidos y Corea del Sur, distribuye anfetaminas a las trabajadoras del turno de la noche para mantenerlas despiertas, según un documento enviado al comité por el secretario general de la CIOSL, Guy Ryder.
El comité de el ONU se hará eco de la preocupación por todos esos abusos en el documento que emitirá el 7 de noviembre, adelantaron las fuentes.
Un párrafo especial de la declaración final reconvendrá al gobierno de Filipinas por las condenas a la pena capital de menores de 18 años, y destacará que, en la actualidad, siete de esos condenados esperan ser ejecutados, añadieron.
