Casi 20 años después del fin de la dictadura argentina de 1976-1983, opinión pública y gobierno confluyen hacia el castigo del terrorismo de Estado de aquel régimen, cuya impunidad fue el germen de otras en distintos ámbitos de la sociedad.
En los últimos años hubo un cambio, que amplió la adhesión a valores post materialistas, orientados hacia una mayor justicia y equidad, al respeto de los derechos humanos y a una mejor calidad institucional en general, dijo a IPS la socióloga y encuestadora Graciela Romer.
En encuestas de su empresa, Romer y Asociados, casi 70 por ciento de los consultados reconocieron que hubo violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, aunque siguen divididas las opiniones sobre cómo se debe obrar para cerrar esa etapa trágica.
Un 40 por ciento cree que hay que dejar que actúe la justicia, y 23 por ciento sostiene que bastaría que las Fuerzas Armadas hagan un mea culpa por los delitos cometidos, señaló Romer.
El nada desdeñable resto se inclinaría por mirar adelante, un eufemismo para justificar su rechazo a la reapertura de los juicios.
Romer destacó que el clivaje se da en las nuevas generaciones, ya que son los jóvenes, de 18 a 25 años, los que más se inclinan por poner en entredicho la memoria de corto plazo que signó los años 90, y exigen que se castigue a los responsables de los delitos de la dictadura.
En paralelo a los cambios de la opinión pública, los organismos defensores de los derechos humanos, integrados en su mayoría por sobrevivientes de la represión o familiares de detenidos desaparecidos, mantuvieron su reclamo de justicia.
Esa demanda permaneció incluso luego de que el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) indultó en 1990 a los ex dictadores, que habían sido los únicos condenados por actos represivos.
En este nuevo contexto, en el que conviven viejos reclamos y nuevos apoyos, Romer piensa que el presidente Néstor Kirchner, impulsor de la reapertura de juicios a represores, no está aprovechando una corriente social que va contra la impunidad sino que actúa en coincidencia con el cambio de valores que se produjo en la sociedad argentina.
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones de familiares de víctimas, coincidieron en manifestar su sorpresa por la voluntad de Kirchner de respaldar la labor de la justicia a fin de terminar con la impunidad de militares que se mueven con libertad dentro del país, pese a su responsabilidad en la desaparición forzada de más de 10.000 personas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, una institución que reúne a abogados y sociólogos, consideró que el fin de la impunidad frente al terrorismo de Estado expresa un sentimiento profundo de la sociedad argentina y valoró el esfuerzo del gobierno por reconstruir la base institucional del sistema democrático.
Desde que asumió el 25 de mayo, el presidente reafirmó varias veces su compromiso con este tema. La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la agenda de Argentina precisó el mandatario, y prometió que su gobierno será implacable en la tarea de llevar a los militares ante la justicia.
En cuatro meses, Kirchner impulsó la renovación de la cúpula militar y policial, forzó la renovación de la Corte Suprema de Justicia, a la cual muchos consideraban corrupta, derogó un decreto que impedía extraditar a militares violadores de los derechos humanos y promovió la anulación de leyes que frenaron los juicios a uniformados, en la segunda mitad de los años 80.
En consonancia con los nuevos tiempos, el Congreso resolvió en agosto la nulidad de esas leyes, llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida, que había aprobado en un ambiente de temor a un nuevo golpe de Estado.
El presidente también ordenó la apertura de archivos oficiales secretos para echar luz en causas judiciales pendientes como las de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, y la relacionada con la explosión presuntamente provocada del arsenal de Río Tercero, en la central provincia de Córdoba, en 1996.
Tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la justicia reabrió los procesos contra militares que había interrumpido en 1987, incorporó nuevos elementos obtenidos en los llamados juicios por la verdad, iniciados para esclarecer el paradero de los desaparecidos, y comenzó a citar a uniformados que actuaron en la represión.
La tarea de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue un acto de valentía, pero en ese momento los militares tenían todavía mucho poder y el temor era grande, dijo a IPS el pastor Juan Gattinoni, uno de los redactores en 1984 del informe de esa comisión, a partir de testimonios de sobrevivientes de la represión.
El informe fue la base para juzgar a los ex dictadores, pero el temor se expresó en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y luego llegó lo más terrible, ya que el indulto a los militares que estaban presos desató una etapa de impunidad mucho más amplia, afirmó Gattinoni, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Iglesias.
Durante el gobierno de Menem, autor de los indultos, la impunidad fue parte de una política más general destinada a tapar delitos de corrupción, y otros más graves como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA.
Para el pastor, las etapas del miedo y de la impunidad quedaron atrás por una confluencia de factores acompañados por la permanente labor de los organismos de derechos humanos, pero el hito fundamental que les puso fin fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
En esas fechas, grandes movilizaciones callejeras de protesta forzaron la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa, que la había asumido en 1999.
En esos días hubo una explosión muy grande de gente que decía basta a los políticos, basta a la Corte Suprema de Justicia, basta de impunidad, y entonces la contradicción fue demasiado fuerte como para seguir tapando, alegó Gattinoni.
El gobierno de Kirchner tiene, en cambio, una línea de abrir los temas a la sociedad, y parece que entramos en una etapa en la que se intenta superar el paternalismo de creer que hay que tapar los temas del pasado para no correr riesgos, opinó.
El historiador y documentalista Felipe Pigna señaló en diálogo con IPS que en los últimos 20 años de democracia hubo oleadas de justicia acompañadas por cierto interés de la sociedad en el tema de los derechos humanos, y oleadas de impunidad, acompañadas de una mayoritaria indiferencia social.
El ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), primero tras la dictadura, al igual que sus sucesores Menem y De la Rúa, hicieron lo posible por sepultar en el olvido colectivo las violaciones de los derechos humanos, y en parte lo lograron, opinó.
Ahora, la pertenencia de una parte considerable de la nueva dirigencia a la generación de los años 70 reinstaló en el país el discurso de la memoria y la justicia, y se materializó en el impulso a la reapertura de los juicios y la anulación de las leyes de impunidad, sostuvo el historiador.
Kirchner era estudiante de Derecho y activista cuando se produjo el golpe de Estado de 1976, y según él mismo recordó antes de asumir su cargo, muchos de sus amigos y compañeros de entonces fueron víctimas de la dictadura.
Somos los hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó el mandatario el 25 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. (
