Al final, el mercado venció a la democracia, comentó desilusionado un ecologista de Chile ante la compensación de más de un millón de dólares que recibirán cuatro mujeres indígenas por deponer su rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el sur del país.
El acuerdo entre las indígenas pehuenches, la compañía trasnacional Endesa-España y el gobierno chileno, anunciado por el presidente Ricardo Lagos el 16 de septiembre, fue duramente criticado por la ex candidata presidencial ecologista Sara Larraín.
Es un pésimo precedente, que subordina obligaciones ambientales y de protección de los pueblos indígenas a la discrecionalidad política y al poder económico, dijo a Tierramérica la actual coordinadora del Programa Chile Sustentable.
Estas compensaciones constituyen la rúbrica final a una situación más de atropello de que han sido víctima los pueblos originarios y que certificó, en su visita a Chile (en julio), el relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, (el antropólogo mexicano) Rodolfo Stavenhagen, escribió Marcel Claude, de la no gubernamental organización Oceana.
En contraste con la rabia de los ambientalistas, el gobierno considera el arreglo como una inversión en paz social, que logró desmontar un conflicto de connotaciones étnicas, donde además está comprometido el desarrollo energético del país.
Ralco, cuya accidentada historia comenzó a fines de 1992, debe entrar en operaciones en 2004 para aumentar, con 570 megavatios, en 18 por ciento la oferta de energía del sistema eléctrico interconectado central, que abastece a nueve de las 13 regiones de Chile.
Gracias al acuerdo con Berta Quintremán, Rosalía y Mercedes Huenteao y Aurelia Marihuán se podrá satisfacer la demanda de electricidad, que este año crecerá 7,3 por ciento, señaló Rodrigo Iglesias, de la gubernamental Comisión Nacional de Energía.
En el curso superior del río Bío-Bío, el más importante de la zona central, 500 kilómetros al sur de Santiago, la planta supone intervenir un ecosistema fluvial único, con una represa de 1.222 millones de metros cúbicos de agua que inundará 3.400 hectáreas de tierras.
En el alto Bío-Bío están los territorios ancestrales de los pehuenches, rama de la etnia mapuche cuyo nombre deriva del pehuén (araucaria), el pino gigante que les da el sustento alimenticio con sus piñones.
Primero la filial Endesa-Chile y luego Endesa-España lograron convencer a la mayoría de las 80 familias pehuenches del lugar de que permutaran sus propiedades por otras tierras.
Pero las cuatro mujeres, propietarias en conjunto de 48,35 hectáreas, resistieron hasta el final.
Las comunidades pehuenches fueron acorraladas hasta tener que negociar contra su voluntad, señaló Larraín, quien recordó que para legalizar el proceso de permutas de acuerdo a la Ley de Desarrollo Indígena de 1993, el anterior gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle obligó a renunciar a dos directores y a varios consejeros de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió en febrero una demanda contra el Estado chileno por denegación de justicia a las pehuenches Nicolasa y Berta Quintremán, y en abril un tribunal chileno ordenó la suspensión del proceso de llenado del embalse.
Esto aceleró las gestiones del gobierno para compensar a las mujeres.
Endesa-España pagará a cada una de las afectadas 298.000 dólares y les entregará 77 hectáreas de tierras. Además, el gobierno tendrá que hacerse cargo de compensaciones a otras 10 familias, consideradas afectados indirectos.
Estas últimas reparaciones, por 1,8 millones de dólares, serán pagadas por todos los chilenos, lo cual constituye un subsidio inaceptable e inconsulto a Endesa-España, una de las más grandes empresas extranjeras del sector eléctrico en América Latina, señaló Larraín.
Sobre mi escritorio quedaron cientos de firmas de ciudadanos del mundo, pidiendo a la Corte Suprema que se hiciera justicia, contó Claudio Escobar, del grupo No a Ralco, que preparaba una campaña en caso de que el conflicto llegara hasta el máximo tribunal.
Escobar admitió la voluntad soberana de las cuatro familias que negociaron el acuerdo, pero fustigó la complicidad del gobierno que se juró defensor de los derechos indígenas.
Al final el mercado venció fácilmente a la democracia, dijo.
Una frustración similar sufrieron en junio de 1996 los chilenos que se movilizaron junto a la comunidad de San Alfonso, en la precordillera de Santiago, para exigir a la transnacional canadiense Nova que modificara el trazado de un gasoducto desde Argentina, que pasaba por esa localidad.
Luego de un año de conflicto, y por mediación del entonces presidente de la Cámara de Diputados Jaime Estévez, se llegó a un acuerdo entre los vecinos y GasAndes, la subsidiaria local de Nova, para que el gasoducto mantuviera su trazado a cambio de compensaciones económicas.
*Publicado originalmente el 28 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
