Un violento enfrentamiento con mineros de policías y militares de Bolivia dejó este jueves por lo menos dos muertos y 20 heridos, unos 15 kilómetros al sureste de la capital boliviana, en la carretera que la une con Oruro y Cochabamba, junto a la población de Ventilla.
El enfrentamiento se produjo cuando un numero grupo de mineros de la combativa región de Huanuni, 200 kilómetros al sur de La Paz, bloquearon un ingreso por carretera a esa ciudad, para expresar su protesta contra el proyecto gubernamental de exportación de gas a América del Norte y demandar la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Policías y militares intervinieron para desbloquear la carretera, y en confusos episodios murieron dos mineros, José Luis Atahuichi por el impacto de un artefacto explosivo que mutiló la mitad de su cuerpo, y Ramiro Vargas Astilla por un balazo en la cabeza.
La Policía informó oficialmente que Atahuichi falleció a causa de la explosión de una carga de dinamita mal manipulada por él mismo, y no a consecuencia de una granada de guerra como dijeron dirigentes sindicales.
De inmediato, la no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunció que fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa contra los trabajadores mineros movilizados en Ventilla.
Sacha Llorenti, representante de ese grupo, demandó a las autoridades el cese de la represión contra las diversas organizaciones que se movilizan por sus demandas, y anunció que pedirá al Ministerio Público la detención e investigación de los uniformados que dispararon este jueves.
Estamos en un conflicto tratando de evitar la confrontación, pero cuando hay agresividad y cuando hay motivos para atemorizar y asustar a la población con dinamitas y bloqueos de caminos que se centralizan en La Paz, tenemos que actuar, alegó este jueves el ministro de Gobierno (Interior), Yerko Kukuc.
El enfrentamiento de este jueves sólo es comparable con el que dejó cinco muertos el 20 de septiembre en la región de Warisata, 148 kilómetros al este de La Paz y altiplánica como Ventilla, cuando campesinos aymaras se enfrentaron con fuerzas combinadas policiales y militares.
Kukuc anunció que aunque aún no existe una determinación específica, el gobierno no descarta la posibilidad de dictar un estado de sitio debido a la grave situación del país.
El ministro afirmó que el conflicto social se concentra en La Paz, a donde se estaban trasladando mineros (…) para generar conflictos y atemorizar a la gente con dinamita.
Eso la gente lo ve, y si nosotros no hacemos algo, el día de mañana la gente nos dice: '¿Por qué no actúan?, arguyó.
En ese contexto de violencia, los analistas ensayan teorías para comprender qué moviliza el descontento de algunos sectores laborales, y no imaginan otra salida que el diálogo de las autoridades con sectores y organizaciones de la sociedad civil.
Hay que propender a remallar el desgarrado tejido social del país, impulsando el diálogo directo con regiones, entre grupos que creen diferente culturalmente, entre ciudadanos de diversas capas sociales, a fin de recobrar la confianza y esperanza recíprocas, según el sociólogo y analista independiente Salvador Romero Pittari.
El conflicto social boliviano, que este viernes cumple su cuarta semana, se origina en un abrumador rechazo popular al proyecto de exportación de gas natural licuado a México y al sudoccidental estado estadounidense de California mediante un puerto chileno, dado que Bolivia no tiene acceso directo a ningún océano.
Históricas rencillas entre Bolivia y Chile, por la pérdida del litoral boliviano en una guerra de 1879, subsisten en todas las capas sociales del país, porque desde la escuela los bolivianos aprenden que el usurpador chileno nos quitó nuestro acceso soberano al mar.
Paralelamente, una campaña de rumores ha calado hondo en el sentimiento boliviano por acción de partidos opositores encabezados por el Movimiento al Socialismo del cocalero Evo Morales, en alianza no declarada con sindicatos y otras organizaciones sociales.
Así, poco a poco y ante la inactividad del gobierno, que nunca hizo una campaña informativa, se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que es mejor no vender el gas natural, sino reservarlo para el consumo interno y la industrialización.
Sin embargo, los técnicos de las empresas petroleras calculan que las reservas de gas natural de Bolivia son cerca de 1,59 billones de metros cúbicos (53 TCF, la unidad internacional de medida en la materia), suficientes para cubrir el consumo interno de los próximos 100 años, la industrialización y también la exportación.
La campaña opositora también ha instalado la convicción popular de que las transnacionales dueñas del negocio del gas dejarán sólo 18 por ciento de sus ingresos al Estado boliviano, pese a que las autoridades del sector energético afirman que los ingresos de Bolivia, por impuestos y regalías, llegarían a cerca del 35 por ciento de esos ingresos.
De todos modos, la venta del gas aún es sólo un proyecto, para el cual no se ha firmado ningún contrato. El gobierno preveía la firma de un acuerdo en octubre o noviembre, pero últimamente teme que se pierda el interés empresarial en el millonario negocio, dadas las condiciones sociales que predominan en el país. (
