La ofensiva política en Argentina para recuperar el prestigio de la Corte Suprema de Justicia cobró este jueves el cargo de otro de sus miembros, quien renunció para evitar el inminente juicio parlamentario por mal desempeño de funciones.
El juez Guillermo López dejará el cargo el 1 de diciembre, según lo anunció horas antes de que comenzara la reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, convocada precisamente para ordenar las múltiples acusaciones en contra de este magistrado y luego pedir que el Senado lo destituyera.
El presidente de esa comisión, el diputado Ricardo Falú, comentó que la renuncia de López contribuye a dejar atrás la etapa en que "el poder político y la justicia se intercambiaban favores para garantizar la impunidad" de graves delitos, en referencia a las cuestionadas decisiones de la Corte en los años 90.
Con la decisión de López suman tres las renuncias y una suspensión en este máximo tribunal de nueve miembros del Poder Judicial, acusado de actuar según los dictados del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
El colapso económico-social de diciembre de 2001 y la consecuente renuncia del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando cumplía la mitad de su mandato de cuatro años, catapultó las críticas contra los integrantes del Corte Suprema de Justicia, todos ellos ingresados en la década del 90 o antes.
La Asociación de Abogados Laboralistas es una de las convocantes a concentrarse cada jueves frente a la sede de la Corte desde diciembre de 2001, para reclamar la renuncia de todos sus mimebros.
La secretaria general de la asociación, Mónica Jensen, expresó a IPS su satisfacción por el alejamiento de López, aunque aclaró que lo ideal es que estos magistrados sean juzgados y que, como consecuencia, pierdan los beneficios que tienen si renuncian, como es el cobro de una jubilación de casi 5.000 dólares por mes.
Jensen, quien anticipó que seguirán manifestándose para conseguir una mayor renovación del tribunal, remarcó que en el ámbito laboral, el de su competencia, "esta Corte falló sistemáticamente en contra de los derechos de los trabajadores y el (juez) que no actuó (mal) por comisión lo hizo por omisión".
Una encuesta realizada por la firma Enrique Zuleta Puceiro indicó que 92 por ciento de los consultados consideró "buena o muy buena" la decisión de los diputados de pedir el juicio político para los miembros de la Corte, mientras que 70 por ciento cree que el recambio de miembros del tribunal debería ser "total".
La mayoría de los cuestionamientos proviene de comienzos de los años 90, cuando Menem logró que su mayoría en el Congreso votara la ampliación de cinco a nueve el número de miembros de la Corte e impuso el ingreso de cuatro jueces de su total confianza.
Esos nuevos magistrados más aquellos en funciones también afines a Menem conformaron la llamada "mayoría automática", para brindar base jurídica a las decisiones del gobierno por más polémicas que fueran y sustentar la relación de grandes empresarios con la administración pública, según críticos.
Las denuncias contra la Corte Suprema de Justicia no lograron prosperar en el Congreso legislativo por voluntad política de los entonces partidos mayoritarios, el Partido Justicialista (peronista) liderado por Menem y la tradicional Unión Cívica Radical.
Pero el año pasado, el gobierno interino de Eduardo Duhalde, avaló la renovación completa del máximo cuerpo judicial, lo cual dio paso a la tramitación en la Cámara de Diputados de acusaciones en conjunto contra todos los integrantes, que también se frustró.
De todos modos, ese proceso provocó el alejamiento del juez Gustavo Bossert, quien pese a no ser uno de los más cuestionados adujo "cansancio moral" por las constantes denuncias en contra del tribunal. A propuesta de Duhalde, la vacante fue ocupada por el hasta ese entonces senador José Luis Maqueda.
Sin embargo, el proceso de renovación de la Corte cobró impulso este año, luego de que Néstor Kirchner llegara a la presidencia el 25 de mayo.
Kirchner, apenas dos semanas después de asumir el cargo, acusó a la Corte de querer extorsionarlo avalando causas que perjudicarían su gestión, como las relacionadas con el sistema financiero, y pidió al parlamento que avanzara con el juicio político por separado contra los magistrados.
Así, la Cámara de Diputados inició los procesos con en el entonces presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien renunció cuando ya se habían reunido pruebas en su contra por 22 denuncias por "mal desempeño" de funciones.
Luego le tocó el turno a Eduardo Moliné O'Connor, al cual el Senado suspendió este mes en su cargo hasta que finalice el proceso.
Moliné O'Connor y López, además de otras acusaciones, comparten denuncias por la resolución adoptada por la Corte en la llamada causa Meller, en referencia a la demanda de la empresa de ese nombre que firmó a inicios de los años 90 un contrato con Entel, entonces la firma estatal única prestataria de servicios telefónicos, para publicar guías de abonados.
La Corte avaló el reclamo judicial de Meller de 1996 de un resarcimiento del Estado de 30 millones de dólares por supuestos incumplimientos de Entel, pese que la cifra fue considerada desproporcionada en sucesivas auditorías.
También involucra a estos jueces y a Nazareno la causa Macri una decisión del tribunal que beneficia al parecer de modo injustificado al empresario Francisco Macri, acusado de contrabando de automóviles y de evasión fiscal.
Ante la renuncia de López, el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, dijo este jueves que fue por motivos "absolutamente personales", pero que "se inscribe en la idea de tratar de oxigenar el sistema judicial y la Corte en particular".
Para ello fue que el gobierno de Kirchner, por recomendación de organizaciones humanitarias y sociales, dispuso que los candidatos a ocupar la Corte sean sometidos a escrutinio de la ciudadanía previo a que el Senado en sesión pública lo interpele para finalmente votar su designación.
Con esa nueva fórmula en vigor, Kirchner propuso para reemplazar a Nazareno a Eugenio Zaffaroni, un penalista reconocido en el país y el exterior por su idoneidad y defensa de los derechos humanos y que ocupara la presidencia del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente.
A pesar de algunos cuestionamiento sobre el cumplimiento de sus obligaciones previsionales, Zaffaroni fue confirmado el miércoles como nuevo miembro de la Corte, con el beneplácito de activistas humanitarios, sectores de izquierda y líderes sociales, entre otros.
Ahora Kirchner deberá proponer un nuevo candidato o candidata para cubrir la vacante de López, y eventualmente también la de Moliné O'Connor si es que el juicio termina en su destitución.
Entre los posibles reemplazantes podría estar una mujer, en un cuerpo que sólo contó con una a lo largo de su historia, además de buscar la representatividad de regiones y de especialidades jurídicas.
Fernández recordó que el gobierno tiene "el máximo compromiso de garantizar que la nueva vacante sea ocupada por un hombre o una mujer técnicamente avalada y moralmente íntegra", aunque evitó dar nombres.
La diputada Marcela Rodríguez, de la centroizquierdista Afirmación para una República Igualitaria y autora del libro "Mujer y Justicia", presentó en junio un proyecto para que haya cupo femenino en la Corte, como ya existe para la conformación de ambas cámaras del Congreso.
"La ausencia de perspectiva femenina en el tribunal perpetua la situación de exclusión de la mujer en la vida pública", dice la iniciativa en sus fundamentos, y propone que haya un máximo de 70 por ciento de integrantes del mismo sexo en la Corte.
