Ambientalistas de Chile presentaron un recurso ante la Contraloría para impedir que se reanude un proyecto de reducción de aluminio, del cual desistió la firma responsable, pero que el gobierno busca reflotar.
La reducción del aluminio es el proceso por el cual se lo extrae de la alúmina (óxido de aluminio puro), obtenida a su vez de la bauxita. En este caso, se haría en Chile con alúmina importada de Australia, Brasil y Jamaica, aprovechando los grandes recursos hídricos de la austral región de Aysén, unos 1.500 kilómetros al sur de Santiago.
Grupos ecologistas reunidos en la alianza Aysén Reserva de Vida sostienen que el proyecto Alumysa, de la transnacional canadiense Noranda, causaría daños irreparables en los cursos fluviales y la flora y fauna de esa zona.
Tales daños pueden llegar a la destrucción de lagos, 10.200 hectáreas de bosque, y animales y plantas, en muchos casos de especies en peligro de extinción, afirmó a inicios de este año Jenia Jofré, directora del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora de Chile.
Pero Robert Biehl, gerente general del Proyecto Alumysa, había asegurado que se trataba de un proyecto de desarrollo sustentable y cumple con todas las normativas chilenas de emisión y también con normas de fluoruro internacional.
El ejecutivo fue más allá al afirmar que la iniciativa iba a inaugurar una nueva era de efectivo control ambiental exhaustivo sobre las actividades productivas en Aysén.
Según Biehl, a eso se debió la inaceptable presión contra el proyecto de la industria salmonera, ya que en este momento ese nivel de control no existe, y son ampliamente conocidas las graves falencias de esa industria en este ámbito.
Existe una campaña orquestada en contra de Alumysa, aseguró.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pidieron a la Contraloría, con apoyo del diputado Alejandro Navarro, del cogobernante Partido Socialista, que declare ilegal el intento gubernamental de simplificar el procedimiento de la Ley de Bases del Medio Ambiente y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para favorecer la reanudación del proyecto.
Esas normas se aplican a todos los proyectos de inversión en Chile, y las reformas propuestas favorecerían a Noranda, al abreviar un nuevo trámite de su proyecto si vuelve a presentarlo. Los activistas alegan que eso implicaría atropellar la legalidad en materia ambiental.
Como prueba, destacan que el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, afirmó que parte de las dificultades de Noranda con el proyecto Alumysa tienen que ver con las indefiniciones sobre explotación del borde costero en Chile, y que ese problema sería superado pronto porque Noranda es una empresa muy seria y con presencia en Chile y queremos que sigan haciendo inversiones.
El director de la gubernamental Comisión Nacional de Medio Ambiente, Gianni López, arguyó que si Noranda propusiera relocalizar la planta reductora de aluminio, y presentara un nuevo estudio de impacto ambiental, su tramitación debería tardar menos que en el caso del primer proyecto.
A eso se sumó la instalación de la mesa de trabajo integrada por Rodríguez y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, con el objetivo de promover la reactivación del proyecto.
La posición que está adoptando el gobierno no es la más adecuada, porque un ministro de Estado no puede, de ninguna forma, ser juez y parte del futuro de desarrollo regional de Aysén, dijo a IPS el encargado de bosques de la ONG ambientalista Greenpeace, Rodrigo Herrera.
Los planes gubernamentales sobre zonificación y ordenamiento territorial para definir áreas industriales desconocen el trabajo de al menos 44 instituciones y organismos que hicieron la zonificación del borde costero desde el año 2000, destacó.
El tema se debe evaluar con responsabilidad, y es lamentable que las autoridades estén haciendo cosas sin antes conocer en detalle cuáles serán los principales efectos del proyecto Alumysa en la región, adujo Herrera.
Noranda oficializó el 19 de agosto su retiro del proyecto Alumysa, y eso implicó el fin anticipado de la evaluación ambiental asociada con esa iniciativa, tres meses antes que finalizara el plazo otorgado a la firma para responder a consultas y observaciones de servicios públicos.
Biehl indicó que el desistimiento se fundó en el anuncio efectuado por las autoridades de gobierno (a través de la Comisión Nacional de Medio Ambiente), en orden a requerir una nueva ubicación de la planta reductora de aluminio, así como establecer normas para la zonificación costera en la bahía de Chacabuco.
Herrera enfatizó que no se opone al progreso y desarrollo del país, pero aseguró que la instalación de Alumysa significa atentar contra una de las zonas más limpias y prístinas de Chile.
El proyecto incluye, entre otras obras, una planta reductora de aluminio, tres centrales hidroeléctricas, y un vertedero industrial, además de un puerto en Bahía Chacabuco y la construcción y mejoramiento de 94 kilómetros de caminos y 79 kilómetros de líneas eléctricas.
Pero la propia empresa ha anunciado que sólo 10 por ciento de las utilidades que produzca Alumysa van a quedar en Chile y el resto se va a ir a Canadá, argumentó Herrera.
En opinión del ecologista, la verdadera intención de Noranda es convertir a Chile en una especie de basurero internacional.
Los desechos asociados con este proyecto sumarían alrededor de 660.000 toneladas al año, más la producción de dióxido de carbono, que son 980.000 toneladas, y esto por un período de 50 años, que es la vida útil del proyecto, según Herrera.
La pregunta que nos hacemos es por qué Noranda no instala este proyecto en Canadá, planteó, y se respondió que la transnacional quiere aprovechar la débil institucionalidad de protección ambiental en Chile.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ofrece sólo 60 días a la ciudadanía para conocer el debate sobre un proyecto y participar en él, periodo que Herrera considera insuficiente para una óptima evaluación.
Los antecedentes presentados por Alumysa, para cuyo estudio se dispuso de ese periodo, sumaban 3,5 toneladas de papel en 24 tomos de información disgregada, además de numerosos mapas, destacó.
Biehl aseveró que el estudio de impacto ambiental realizado por su empresa es es el más completo presentado jamás en Chile, y está avalado por la experiencia de más de 50 especialistas nacionales y extranjeros, que comprobaron la adecuación con creces a las normas ambientales del país.
Los autores de ese estudio adujeron que no habrá impactos muy altos, pese a la necesidad de inundar unas 9.600 hectáreas de suelos, vegetación, bosques, junto con la pérdida o alteración de hábitats para fauna.
La propia inundacióm permitirá aumentar la cantidad de hábitats para las pesquerías del Río Cuervo, incrementar la superficie disponible de hábitats en los ambientes lacustres, mayores oportunidades para el turismo y la reforestación en terrenos históricamente degradados, arguyeron.
La coordinadora del Comité Ciudadano Aysén Reserva de Vida, Flavia Liberona, destacó a IPS el papel en campañas contra Alumysa de organizaciones sociales locales y regionales, que han participado en reuniones fuera de Chile y entregaron observaciones al estudio de impacto ambiental en su momento.
Sin embargo, admitió que es difícil percibir, incluso en estrecho contacto con la ciudadanía de la zona, si quienes rediden cerca del emplazamiento original de Alumysa lo aprueban o lo rechazan.
En la ciudad de Puerto Aysén, la zona poblada más cercana a ese emplazamiento, la gente está poco informada sobre el proyecto, y lo ve ante todo como una alternativa de empleo a la industria salmonera, explicó Liberona.
El proyecto Alumysa es un tiranosaurio en el paraíso, sostuvo Peter Hartmann, director en Aysén del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, quien alegó que se van a represar tres ríos que son prístinos, construyendo en uno de ellos un embalse de 116 metros de altura, que prácticamente secará su cauce.
Esto también afecta seriamente el hábitat de la fauna, incluyendo peces. Aquí hay 12 especies vulnerables, tres raras, tres insuficientemente conocidas y cinco en peligro de extinción, añadió.
Según estudios de ambientalistas, en las zonas llamadas Río Blanco y Lago Caro, los embalses pondrán en riesgo a dos especies particularmente valiosas y en peligro: el huemul, un ciervo que está en el escudo de armas de Chile, y el gato colo colo, uno de los pocos felinos salvajes del país.
Herrera expresó su esperanza en que el gobierno no piense sólo en los 2.750 millones de dólares que generaría una inversión como Alumysa, la más alta de una transnacional en Chile, sino también en establecer alguna categoría de protección para esa zona de gran biodiversidad.
Eso no se opondría a establecer estrategias de desarrollo regional que rescaten el valor ambiental de Aysén, aseguró.
Los impulsores del proyecto señalan que la planta reductora producirá 440.000 toneladas de aluminio en lingotes al año, para lo cual se requerirá importar 846.000 toneladas de alúmina, 146.000 toneladas de carbón de coque calcinado y 43.500 toneladas de alquitrán, además de fluoruro de aluminio, diesel y gas licuado.
Con esos insumos, la planta va a generar más de 600.000 toneladas de desechos por año, con peligro de contaminar tanto los cursos de agua dulce como los bordes marinos, afectando las industrias del salmón y el turismo, advirtió Hartmann.
IPS no logró una entrevista con autoridades de la empresa. (
