El Consejo Electoral de Venezuela dictó un reglamento y estableció un cronograma para encauzar la solicitud de un referendo que puede revocar el mandato del presidente Hugo Chávez (2000-2006).
Los líderes opositores que impulsan ese referendo reaccionaron con optimismo, aunque se quejaron de algunos requisitos planteados, y anunciaron que pedirán la consulta popular, a más tardar, para el 29 de febrero de 2004, cuando se cumplan los 155 días de trámites establecidos por el Consejo.
Los oficialistas mantuvieron hermetismo desde que Francisco Carrasquero, presidente del Consejo Electoral, anunció las normas este viernes, y el ministro de Información, Jesse Chacón, explicó que preferían hacer una lectura completa del documento, de 65 artículos, antes de pronunciarse. Somos respetuosos de las decisiones de los poderes públicos. Si tienen (los opositores) con qué convocar a un referendo, los esperamos para dar la batalla, adelantó sin embargo el diputado oficialista Willian Lara.
Carrasquero informó satisfecho que las normas para regular los referendos revocatorios, creados a propuesta del propio Chávez, por la Constitución de 1999, se adoptaron por unanimidad de los cinco miembros del Consejo, que en dos casos simpatizan con el oficialismo, y en otros dos con la oposición, en tanto el presidente busca mantener una posición equilibrada.
Según la Constitución, el mandato de todo funcionario electo puede revocarse una vez cumplida la mitad de su periodo, en un referendo que soliciten al menos 20 por ciento de los habilitados para votar, y si la revocación cuenta con un voto más que los que determinaron su elección.
Pueden votar unos 12 millones de personas mayores de 18 años, por lo que en el caso de Chávez deberían pedir el referendo al menos 2,4 millones de ciudadanos, y apoyar la revocación más de los 3.757.763 votantes que lo eligieron en 2000.
El Consejo aceptó la sugerencia oficial de que los apoyos a la consulta popular se registren con firma y huella dactilar, y también la de que el proceso de votación sea automatizado, pero desestimó el pedido de limitar a un día la recolección de respaldos, y autorizó cuatro jornadas para esa tarea.
Estamos optimistas. A pesar de que no está plasmado todo lo que queríamos en el reglamento, estamos cerca del sueño de casi siete millones y medio de venezolanos que quieren el referendo revocatorio, afirmó Enrique Mendoza, gobernador del septentrional estado de Miranda, uno de los más poblados del país, y aspirante socialcristiano a la presidencia.
Rafael Alfonso, presidente de la Cámara de Industriales de Alimentos y uno de los dirigentes de la huelga contra Chávez en diciembre y enero pasados, pidió a sus compatriotas demostrar que vamos a revocar al mandatario, y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se haga presente en todo el proceso.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, fue el artífice de un acuerdo en mayo entre el gobierno y la coalición opositora Coordinadora Democrática, que dispuso encauzar la lucha por el poder en Venezuela por la vía del referendo revocatorio.
La oposición inició en diciembre de 2001 huelgas y movilizaciones contra Chávez, y en abril de 2002 militares, empresarios y políticos dieron un golpe de Estado que duró 47 horas, luego de que una marcha de decenas de miles de opositores terminara cerca del palacio de gobierno con un confuso tiroteo que costó la vida a 19 personas.
Una huelga empresarial, sindical y de la tecnocracia petrolera, desde el 4 de diciembre de 2002 al 2 de febrero de 2003, también buscó forzar la renuncia de Chávez, quien se negó tanto a dejar la presidencia como a convalidar un referendo meramente consultivo sobre su permanencia en el poder.
El 2 de febrero se realizó una masiva jornada de recolección callejera de apoyos a un referendo revocatorio, coordinada por la asociación privada Súmate, y el 20 de agosto, al día siguiente de cumplirse la mitad del periodo de Chávez, la oposición realizó una entrega de firmas y aseguró que eran 3,2 millones.
En paralelo, el parlamento no pudo ponerse de acuerdo para designar a un nuevo poder electoral, porque oficialismo y oposición tienen bancadas casi parejas, y el Tribunal Supremo de Justicia asumió la tarea, para nombrar al grupo encabezado por Carrasquero.
El nuevo Consejo Electoral rechazó las firmas entregadas en agosto con varios argumentos, entre ellos que el encabezamiento de las hojas no respetaba las normas constitucionales (no pedía un referendo, sino que anunciaba la decisión de realizarlo por parte de los firmantes) y que no había sido válida una recolección antes de la mitad del mandato de Chávez.
El siguiente paso de ese organismo en relación con el asunto fue elaborar el reglamento divulgado este viernes para todo el proceso, incluida la recolección de firmas en 2.700 centros distribuidos en todo el país.
La próxima prueba de fuerza entre quienes contienden por el poder en Venezuela serán las cuatro jornadas de recolección de firmas, en las cuales la oposición asegura que reunirá de cuatro a cinco millones, posiblemente a fines de octubre o comienzos de noviembre.
De su lado, el oficialismo ha sostenido que muchas de las firmas entregadas en agosto fueron falsificadas o trasladadas, sin autorización de los interesados, desde registros de clientes de bancos y empresas de telefonía cuyos dueños son opositores.
El reglamento establece que el Consejo Electoral garantizará igualdad al acceso a los medios de comunicación social y la distribución equitativa de los espacios de información, debate, publicidad y propaganda, tanto para los solicitantes como para el funcionario cuyo mandato se quiera revocar.
Eso plantea incógnitas porque la mayoría de los medios de comunicación privados, y en especial las emisoras de televisión, forman notoriamente parte de las filas opositoras, como quedó de manifiesto, por ejemplo, por su activo apoyo a la huelga contra Chávez iniciada en diciembre. (
