GRAN BRETAÑA: Sindicatos ya no son incondicionales del laborismo

La creciente insatisfacción de los sindicatos de Gran Bretaña ensombrece las perspectivas del gobernante Partido Laborista, que ya no puede dar por sentado el apoyo de los trabajadores.

Las exigencias sindicales al gobierno fueron la nota característica de la reunión anual del Congreso de Sindicatos (TUC, por sus siglas en inglés), organización que comprende 69 asociaciones y siete millones de asociados.

El gobierno del primer ministro Tony Blair recibió, además, otro golpe el jueves, cuando el laborismo perdió un escaño en la Cámara de los Comunes a manos del opositor Partido Liberal Demócrata en su tradicional bastión londinense de Brent East, un barrio obrero.

El fracaso electoral de Brent East deja en evidencia la importancia de los sindicatos para el Partido Laborista. Sin un fuerte apoyo sindical, la cómoda mayoría parlamentaria de Blair estará bajo amenaza en las elecciones de 2005.

”El mundo sindical está rodeado por montones de frustaciones y tensiones”, dijo el secretario general del TUC, Brendan Barber.

El primer periodo de gobierno de Blair, iniciado en 1997, respondió positivamente a demandas sindicales como el establecimiento de un salario mínimo y la firma del capítulo social de la Unión Europea. El panorama sufrió un cambio radical en el segundo periodo, que comenzó en 2001.

Ahora, Blair necesita un plan para mejorar la situación económica que apele a los sindicatos, según Barber. ”Y el se ha resistido con demasiada frecuencia a hacer eso. Habla usualmente del espíritu empresarial, pero necesitamos una perspectiva más amplia”, explicó, luego de la reunión del 8 al 11 de este mes.

Los sindicatos tienen dinero para consolidar sus argumentos, y ya amenazaron con retirar o condicionar los 60 millones de dólares que planeaban entregar al Partido Laborista para su próxima campaña electoral. Se trata de una parte sustancial de los gastos electorales.

”Queremos reformas” como las formuladas por Blair, pero decididas ”mediante acuerdos, acuerdos reales”, dijo Barber. ”Hay áreas donde hemos visto desastres como consecuencia de la privatización. No hay demasiados adalides de la privatización de los servicios ferroviarios”, ironizó.

Más de 70 por ciento de los entrevistados para una encuesta dijeron apoyar la restatización del transporte ferroviario, privatizado por el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher, pues a partir de entonces se encareció el servicio, se perdió la tradicional puntualidad y aumentaron los accidentes.

Los sindicatos pretenden intervenciones del gobierno para racionalizar el mercado laboral, así como participación en las decisiones políticas en materia de capacitación, bienestar familiar y beneficios para padres y madres trabajadoras.

”El público siente que el gobierno no refleja plenamente los valores que el laborismo debería llevar adelante. Hay demasiada inequidad en demasiadas áreas del mercado laboral”, sostuvo Barber.

Pero, agregó, ”no todo es catástrofe”, pues ”hay importantes avances en algunas áreas”, dijo. ”Queremos que el gobierno se nos acerque más que levantar barreras entre nosotros. No será útil presentar nuestras demandas de un modo que los obligue a dar muchas vueltas en U”, añadió.

Para Barber, es preciso que el laborismo y los sindicatos trabajen juntos pues la economía británica está en peligro. ”Perdimos 120.000 empleos el año pasado. Debemos apoyar a la industria contra la competencia que estamos enfrentando”, sostuvo.

Los sindicatos pueden tener un papel clave en ese sentido, así como en las mejoras de los servicios públicos, los cuales ”han sido tratados por mucho tiempo como fuente de empleo de segunda clase, como consecuencia de años de abandono”, agregó.

Los sindicatos se oponen, también, a medidas gubernamentales como la ”regla de las ocho semanas”, según la cual las empresas puedend espedir a trabajadores que realicen huelga por más de dos meses.

El líder del Sindicato de Trabajadores Generales y del Transporte (TGWU), Bill Morris, también exigió la reforma de la actual ley de insolvencia, según la cual los empresarios pueden echar a sus empleados, cerrar sus compañías, vender sus bienes y embolsarse las ganancias, para luego reanudar sus actividades sin pagar un penique a los despedidos.

Los reclamos de los sindicatos aumentan a medida que se estabiliza su registro de afiliados, que cayó a siete millones desde los 12 millones con que contaban a fines de los años 70.

”Hay oportunidades reales de comenzar a crecer de nuevo”, dijo Barber.

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