El acuerdo alcanzado por Argentina con el FMI para refinanciar parte de su deuda externa fue bien recibido por dirigentes de todo el arco político. Pero exige un superávit fiscal que pondrá a prueba el plan de crecimiento del presidente Néstor Kirchner.
El mandatario admitió este jueves que el acuerdo constituye un paso importante, pero no es la panacea ni mucho menos, si se tiene en cuenta que el país adeuda 145.000 millones de dólares, o sea 150 por ciento de su producto interno bruto y mantiene un cese de pagos a acreedores privados de 95.000 millones.
No obstante, el entendimiento alcanzado significa un puente de plata para reconstruir paulatinamente el país, que se está reactivando, dijo.
Cuando había vencido el plazo para cancelar un pago de 2.900 millones de dólares —que el gobierno cumplió este jueves—, el presidente anunció un virtual acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para refinanciar 21.091 millones de dólares que se debían pagar a las agencias multilaterales de crédito en el próximo trienio.
Kirchner reconoció como esencial el respaldo de Estados Unidos para acordar con el FMI. Tener el apoyo de un país como Estados Unidos es fundamental, admitió en alusión a la intervención el martes del secretario (ministro) estadounidense del Tesoro John Snow, reclamando un rápido arreglo.
La aparente firmeza de Buenos Aires durante tres meses de duras negociaciones y el resultado favorable de sus gestiones fueron celebradas, con matices, por opositores de izquierda y derecha, y elogiadas con mayor o menor cautela por economistas de todo el espectro ideológico.
El economista Ricardo López Murphy, principal líder de la oposición derechista, dijo que la suspensión del pago de 2.900 millones de dólares, vencido el martes, había sido una mala noticia, pero el entendimiento alcanzado a última hora del miércoles fue una buena noticia para el país.
El diario Ambito Financiero admitió en su columna editorial que el presidente negoció muy bien. Y el reconocimiento vino un día después de que el periódico criticara fuertemente el ingreso al default (cese de pagos) total, por haber retenido el desembolso.
Kirchner decidió demorar el pago de esos intereses por su negativa a agostar parte de las reservas del Banco Central sin tener asegurado el acuerdo, un gesto de dureza acompañado desde las calles por el movimiento de desempleados, que reclamaba no pagar la deuda con el hambre del pueblo.
Pero este jueves dispuso el pago echando mano a esas reservas.
La opositora y centroizquierdista diputada Elisa Carrió, líder de Agrupación por una República de Iguales, también respaldó las gestiones del presidente, cuando resolvió no pagar el vencimiento con las reservas monetarias.
Sin embargo, el acuerdo —que no prevé el otorgamiento de fondos frescos— compromete un superávit fiscal de tres por ciento del producto interno bruto para 2004, muy superior al promedio de 0,6 por ciento de excedente anual de la década de 1990 y muy alto para las ambiciones de desarrollo de Kirchner.
El presidente asumió el cargo el 25 de mayo proclamando la necesidad de impulsar una política de reactivación del mercado interno, para elevar el empleo y reducir la pobreza.
No vamos a pagar la deuda externa con el hambre de los argentinos, dijo en su discurso de asunción, añadiendo que las obligaciones se honrarían si hay crecimiento.
En diálogo con IPS, el economista Martín Hourest, de la Central de Trabajadores Argentinos, puso en duda la materialización de las promesas del presidente en base al compromiso de superávit fiscal.
La casi totalidad del crecimiento previsto para 2004 se va a girar al pago de la deuda, lamentó el experto.
Hourest señaló que el gobierno considera un avance la meta de tres por ciento, comparada con 4,5 que reclamaba el FMI, y con los porcentajes comprometidos por gobiernos de otros países muy endeudados, como Brasil y Turquía.
Pero ese tres por ciento implica que en el año próximo no habrá aumentos a los salarios de trabajadores estatales ni a jubilaciones, que no se ampliarán los subsidios a los desempleados ni sus montos, y que las obras públicas se mantendrán a niveles incluso más bajos que las de los años 90.
La meta de crecer a partir del mercado interno que se había anunciado en mayo va a quedar entre paréntesis si no se recompone el poder adquisitivo de los trabajadores y se gira la casi totalidad del crecimiento del producto al pago de los compromisos externos, especuló el economista.
El acuerdo alcanzado prevé la refinanciación de deudas con el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con los países acreedores del Club de París, que vencían en los próximos tres años.
Pero a diferencia de los tradicionales convenios, no prevé más desembolsos que incrementen la deuda.
El nuevo pacto —que se firmará en la asamblea anual del FMI a celebrarse el 19 y 20 de este mes en Emiratos Arabes Unidos— no obliga a Argentina a aumentar las tarifas de servicios públicos ni a compensar a los bancos por la crisis financiera de 2002, más allá de lo ya autorizado por el Congreso legislativo.
En cambio, Buenos Aires aceptó modificar el mecanismo de pago de los vencimientos. Hasta ahora, el país depositaba el monto adeudado el día de cada vencimiento y esa misma cantidad le era reembolsada automáticamente como crédito.
En virtud del nuevo acuerdo se establecería un plazo entre ambos movimientos, aún no especificado.
Aunque sin exigencias expresas, el texto plantea un aumento gradual de tarifas en el marco de una renegociación de los contratos con empresas prestatarias de servicios, la espera de un pronunciamiento judicial sobre la recomposición de fondos del sistema financiero y la reducción a partir de 2005 de los impuestos a las exportaciones agrícolas.
Kirchner reiteró que antes de autorizar aumentos de tarifas quiere saber con qué cumplieron las empresas y con qué no respecto de los compromisos de inversiones y ampliaciones de los servicios, cuando éstos fueron privatizados.
Y adelantó que 22 de estos contratos ya revisados, no requieren aumentos de tarifas.
Respecto de las presiones del FMI para que el país asuma metas de mayor superávit fiscal en 2005 y 2006, el gobierno logró evitar cifras, y condicionar mayores márgenes a la evolución de la economía.
Es decir que a fines de 2004 habrá que volver a negociar.
Los compromisos asumidos inquietan a unos y otros por distintas razones.
Economistas de corte liberal opinan que el acuerdo puede ser una señal tenue para atraer inversiones extranjeras de mediano y largo plazo, necesarias para vigorizar el crecimiento de la actividad, estimado para este año en cinco por ciento.
Al contrario, especialistas vinculados a las centrales de trabajadores creen que el es demasiado exigente como para permitir una reactivación del consumo y una reducción de la pobreza, en la que vive más de 51 por ciento de los 37 millones de habitantes, la proporción más grande en la historia del país.
El propio director gerente del FMI, Horst Koehler, mencionó el propósito de lograr crecimiento y abatir la pobreza en el segundo renglón de la carta de intención aprobada en la noche del miércoles, destacó el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Se refería así a la satisfacción expresada por el titular del Fondo quien, tras una tensa semana de puja, admitió que el acuerdo dará al país un marco fiscal para lograr el crecimiento, el empleo y la equidad social mientras se normalizan las relaciones con sus acreedores.
Argentina ingresó en un período de aguda crisis financiera en diciembre de 2001, cuando anunció la suspensión de pagos a los acreedores privados. Desde entonces solo honró compromisos de los organismos multilaterales de crédito.
En enero, el país y el FMI acordaron una postergación de vencimientos de nueve meses, que finalizó el martes. Ante la demora del entendimiento, el gobierno retuvo el pago de los 2.900 millones.
Finalmente este jueves depositó el monto total, y ahora espera que el plazo del reembolso sea breve.
