Senadores colombianos pedirán al gobierno que retire del Congreso su proyecto de libertad condicional para miembros de grupos armados acusados de cometer delitos contra la humanidad que se desmovilicen, al menos hasta que se encamine un diálogo de paz.
Analistas señalan que la propuesta del gobierno derechista de Alvaro Uribe está destinada a favorecer el abandono de las armas de 90 por ciento de los paramilitares, en un proceso que debe concluir a fines de 2005, y que busca superar el precepto constitucional de que los delitos atroces no son excarcelables.
La solicitud será presentada en nombre del grupo de legisladores por el senador Luis Gómez, del opositor Partido Conservador, al ministro del Interior, Fernando Londoño, antes del próximo martes, cuando la iniciativa será discutida en la Comisión Primera del Senado.
Si bien es cierto que se necesita generosidad para poner fin al conflicto armado interno, la reconciliación no puede hacerse a cualquier precio, dijo a IPS el senador Antonio Navarro, del centroizquierdista Nuevo Polo Democrático.
El debate debe aplazarse hasta que se conozcan resultados concretos de la negociación con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de derecha, opinó Navarro, quien vivió la experiencia de pasar de la guerrilla a la vida política legal con el insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19).
El proyecto de ley, llamado de Alternatividad Penal, establece que el presidente de Colombia, como director de la política de paz, puede solicitar al juez la suspensión de la pena privativa de libertad, siempre que concurran determinados requisitos.
El detalle de esos requisitos son que se trate de una persona investigada y condenada, que comparezca en el proceso, que se comprometa a no cometer en adelante delitos intencionales y que se comprometa a ejecutar los actos de reparación a las víctimas que imponga la justicia.
Además, hace falta para el beneficio que el grupo irregular que integra la persona haya declarado el cese de hostilidades o, si la entrega es individual, que abandone la actividad armada y se comprometa a cumplir la pena alternativa a la prisión establecida por el juez.
Se trata de abrir una alternativa para que miembros de grupos armados que contribuyan eficazmente con la consecución de la paz, se reintegren de manera plena a la vida civil y contribuyan con sus acciones, no sólo a la concesión de esa paz sino a reparar de modo efectivo de las víctimas, explicó el alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Luis Restrepo.
Pero el senador Navarro entiende que, como el proceso formal con las AUC no ha comenzado, una ley de este tipo tan anticipada puede crear una ola de abusos, amparados por la perspectiva de un perdón jurídico generalizado.
Las AUC anunciaron que iniciarán su desmovilización antes del 31 de diciembre para finalizar ese proceso a fines de 2005.
Para Navarro, hay casos en el mundo y la misma experiencia del grupo al que perteneció el legislador le demuestran que perdonar antes de negociar es un camino equivocado.
La referencia es al frustrado proceso de amnistía general y sin condiciones a los guerrilleros que ofreció en 1982 al M-19 el entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). El grupo rebelde en el que militaba Navarro fue legalizado sólo en 1991, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
También el senador del mayoritario Partido Liberal Rafael Pardo, quien apoyó activamente la elección de Uribe, criticó la iniciativa de excarcelación por delitos atroces, pues es un eufemismo y la realidad es que los beneficiarios no pisarán un solo día la cárcel.
Esto significa una desmoralización total. Es decirle a la gente que quienes cometieron delitos de terrorismo, narcotráfico y genocidio no van a ir a la cárcel, mientras los autores de robos callejeros cumplen entre cinco y ocho años de prisión, añadió Pardo en declaraciones a la radio Caracol.
Pardo, designado por la secretaría del Senado como ponente de la ley, lideró en su calidad de alto comisionado para la paz del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) la negociación que llevó a la legalización del M-19.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, entre mediados de 1996 y lo que va de este año, las acciones paramilitares dejaron 11.728 víctimas, 3.318 la guerrilla izquierdista y 923 atribuidos a agentes de seguridad del Estado.
En Washington, otro grupo de 56 legisladores estadounidenses envió a Uribe una carta en la que critican la iniciativa, por considerar que se necesita una revisión mucho más exhaustiva de los abusos cometidos por los terroristas y quienes colaboran y penas más acordes con las acciones que han llevado a cabo.
Tom Lantos, del opositor Partido Demócrata y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, encabeza las firmas de la carta.
Es increíble que, pese a las lecciones que han arrojado los procesos de verdad y reconciliación en América Latina y el mundo, altos funcionarios de Colombia estén considerando seriamente una palmada en la mano y un cheque de gerencia como sustituto de una justicia real y completa, sostuvo Lantos.
Asimismo, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos también cuestionó el lunes el proyecto de perdón de Uribe.
Permite al Estado aplicar a los responsables de crímenes internacionales penas alternativas a la de prisión que, por su carácter excesivamente suave, vulneran los principios democráticos de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones paralelas, indicó el comunicado de esa oficina.
Para Restrepo, psiquiatra y uno de los artífices del proyecto, éste está estructurado desde los principios de verdad, justicia y reparación.
El funcionario indicó que satisface la necesidad de verdad, porque se ordenan investigación y esclarecimiento de los crímenes cometidos, de justicia, porque hay un fallo judicial y una condena, y de reparación, porque se modifica la noción de castigo dando paso a una pena alternativa.
Sin embargo, en opinión de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, en la propuesta no se reconoce claramente la obligación del Estado en materia de reparación cuando ésta no es satisfecha por el responsable directo de los crímenes.
Wolmar Pérez, defensor del Pueblo (encargado), dijo este jueves que debe haber un mínimo de privación efectiva de la libertad que el proyecto no contempla y que es requisito para los compromisos internacionales que tiene contraídos el Estado Colombiano en materia de derechos humanos.
