La Cámara Federal de Argentina resolvió este lunes reabrir las dos causas principales sobre violaciones de los derechos humanos de la dictadura militar (1976-1983), paralizadas desde hacía 16 años por leyes que fueron anuladas el mes pasado.
La Cámara, tribunal de apelaciones para causas federales con otras potestades judiciales, asignó por sorteo entre jueces federales de primera instancia los expedientes sobre graves delitos cometidos en torno a dos centros emblemáticos de represión: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo del Ejército.
La ESMA funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y desaparición forzada, por donde pasaron unos 5.000 prisioneros de 1976 a 1979.
La causa del Primer Cuerpo de Ejército se relaciona con el periodo en que estuvo al mando del ex general Guillermo Suárez Mason, quien dirigió desde allí por lo menos otros 40 centros represivos en barrios de Buenos Aires y en la provincia del mismo nombre, algunos de ellos en dependencias policiales.
Suárez Mason fue acusado de gravísimas violaciones de los derechos humanos en 1984, y se fugó a Estados Unidos mientras era juzgado. Fue extraditado en 1988, pero recibió un indulto del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) en 1990, sin que hubiera sido condenado. Esa inusual gracia previa a la sentencia fue considerada inconstitucional por varios juristas.
De todos modos, actualmente el ex jefe del Primer Cuerpo está bajo arresto domiciliario por otros delitos que cometió durante la dictadura, de apropiación de niños hijos de detenidos desaparecidos.
Cientos de uniformados deberán volver ante tribunales con la reapertura de estas dos megacausas, vinculadas con delitos permanentes como el de la desaparición forzada, dijo a IPS el abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La desaparición forzada se considera un delito permanente hasta que se revele la suerte de la persona desaparecida.
Un grupo de 37 represores emblemáticos habían sido detenidos a fines de julio para su eventual extradición a España, pero el Poder Ejecutivo de ese país decidió el viernes no dar trámite a las solicitudes correspondientes, relacionadas también con otros tres militares que pasaron a la condición de prófugos.
Representantes de organismos defensores de los derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión manifestaron este lunes su firme rechazo a que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que había ordenado arrestar a esas personas, haya dispuesto su excarcelación.
La presidenta del grupo de familiares de víctimas Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su temor de que los acusados intenten fugarse antes de ser juzgados en Argentina.
Queremos justicia ya, en este mismo momento, en España o en Argentina. Basta de dilaciones. Sería una agresión a la sociedad argentina si vuelven a liberar a estos criminales, alegó.
De Carlotto señaló que las declaraciones aberrantes de algunos oficiales que comandaron la represión, vertidas ante la televisión francesa en los últimos meses y publicadas en las últimas 48 horas por el matutino Página 12, son prueba suficiente de que cometieron los graves delitos que se les imputan.
La activista aludió a revelaciones de los generales retirados Ramón Díaz Bessone y Benito Bignone, quienes reconocieron que hubo de 7.000 a 8.000 desaparecidos, así como ejecuciones clandestinas, y que se practicó la tortura para obtener información.
Díaz fue jefe del II Cuerpo de Ejército y es uno de los represores cuya extradición a España había pedido el juez Baltasar Garzón, de ese país. En Argentina fue procesado y luego beneficiado por las leyes de punto final (1986) y de obediencia debida (1987), anuladas el mes pasado.
Bignone detentó la presidencia como integrante de la última Junta dictatorial. Fue condenado, indultado por Menem y en la actualidad cumple, como Suárez Mason, arresto domiciliario por apropiación de niños, aunque según él mismo reveló a la periodista francesa Marie-Monique Robin, se le permite recibir visitas e incluso salir de su casa.
Este lunes, activistas por los derechos humanos recorrieron juzgados para intentar, sin éxito, que ninguno de los represores detenidos quedara en libertad, y su primera parada fue ante Canicoba Corral.
Garzón recomendó el sábado a Canicoba Corral que, con base en las pruebas y antecedentes que le remitió para justificar el pedido de extradición, ordenara las detenciones de los involucrados, pero el magistrado argentino explicó que no podía mantenerlos en prisión si no eran denunciados por un fiscal.
Los activistas apelaron al fiscal Guillermo Marijuan, quien se comprometió a presentar la denuncia correspondiente con los datos reunidos por Garzón, pero Canicoba dispuso, apenas recibió el comunicado oficial de España, que los arrestados recuperaran la libertad, a medida que se corroborara que no pesaba sobre ellos ningún otro pedido de detención.
De los 40 requeridos por Garzón, cinco están actualmente bajo arresto por apropiación de niños, entre ellos los ya mencionados Suárez Mason y Bignone, así como el ex dictador Jorge Rafael Videla.
Quedaron en libertad otras figuras muy notorias de la represión como el ex capitán Alfredo Astiz.
La Cámara Federal decidió reabrir las causas tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, aunque esa resolución parlamentaria no permite por sí misma reanudar juicios.
El futuro de los represores está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe avalar o rechazar el criterio de tribunales de primera y segunda instancia que consideraron inconstitucionales esas normas.
La causa de la ESMA fue adjudicada a la jueza María Servini, y la del Primer Cuerpo del Ejército a su colega Sergio Torres. (
