La Fiscalía Federal de Argentina pidió este jueves la detención de 38 militares y tres civiles acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de 1976-1983, tras la anulación de leyes que habían impedido juzgar esos y otros delitos.
Los pedidos de arresto se vinculan con la emblemática causa de la represión en torno al Primer Cuerpo de Ejército, reabierta el lunes por decisión de la Cámara Federal (tribunal de segunda instancia), luego de que el presidente Néstor Kirchner promulgó la anulación por parte del Congreso de las leyes de punto final (1986) y de obediencia debida (1987).
Aquellas leyes, aprobadas bajo presión militar, interrumpieron los juicios de por lo menos 2.000 uniformados que estaban en actividad, para que quedaran como únicos condenados por la represión dictatorial los integrantes de las juntas de comandantes en jefe, a quienes luego indultó el presidente Carlos Menem (1989- 1999).
El proceso relacionado con el Primer Cuerpo del Ejército, comandado cuando se cometieron los delitos por el entonces general Guillermo Suárez Mason (uno de los requeridos por la fiscalía), está a cargo de la jueza María Servini.
En el área a cargo del Primer Cuerpo, que abarca la ciudad de Buenos Aires, la provincia homónima y la vecina de La Pampa, funcionaron por lo menos 40 centros clandestinos de detención, algunos de ellos en dependencias del ejército y de la policía.
Suárez Mason huyó del país en 1984 para no ser juzgado y fue destituido por sus pares. Luego Estados Unidos concedió a Argentina su extradición, y Menem lo indultó en 1990 sin que hubiera sido sentenciado. En la actualidad cumple arresto domiciliario en una causa por apropiación de hijos de desaparecidos, posterior a ese indulto.
En el juicio reabierto ya se había probado la responsabilidad en varios delitos de Suárez Mason y de otros militares y civiles, cuya captura pidieron este jueves a Servini los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado.
Ambos solicitaron que se retrotraiga la situación (de los requeridos) al momento en que se paralizaron las causas, y alegaron que en el caso de Suárez Mason, el indulto de 1990 no puede incluir hechos cometidos durante el ejercicio de su comando y que no les fueron impuestos.
La otra gran causa sobre violación de derechos humanos paralizada en 1987 y reabierta el lunes es la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), una dependencia de la marina de guerra ubicada en Buenos Aires donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y desaparición forzada, por el que pasaron al menos 5.000 prisioneros.
En ese proceso, a cargo del juez Sergio Torres, podría reclamarse la inmediata detención del ex capitán Alfredo Astiz, acusado entre otros delitos de secuestrar, torturar y asesinar a dos monjas francesas y a la sueca Dagmar Hagelin.
Es probable que también quede en manos de Torres la causa de 37 represores cuya extradición solicitó el juez español Baltasar Garzón, y que habían sido arrestados en forma preventiva pero quedaron esta semana en libertad, luego de que el presidente del gobierno de España, José María Aznar, decidió no dar trámite a la demanda.
Aznar alegó que no correspondía trasladar la solicitud de extradición a Buenos Aires porque la anulación de las leyes de los años 80 permitía el juicio de los requeridos en Argentina, donde se cometieron los delitos.
Los pedidos de detención de este jueves abarcan a militares y ex agentes de inteligencia acusados de cometer directamente violaciones de los derechos humanos, entre ellos algunos que, como Juan Bautista Sasiaín y Juan Antonio Del Cerro, están actualmente en prisión por otras causas vinculadas con la represión dictatorial.
Del Cerro, acusado de la apropiación de una niña y la desaparición forzada de sus padres, fue uno de los militares que intentó ampararse en las leyes de punto final y obediencia debida, antes de su anulación, pero el juez de primera instancia Gabriel Cavallo rechazó ese recurso en 2001.
Ese magistrado argumentó que los delitos que se le imputaban a Del Cerro eran crímenes contra la humanidad, que no prescriben ni pueden ser amnistiados. En el mismo fallo, Cavallo declaró que consideraba inconstitucionales y nulas las leyes de punto final y de obediencia debida.
Meses después, la Cámara Federal confirmó esa sentencia, que pasó en última instancia a la Corte Suprema de Justicia, al igual que otras con fundamentos similares. Las decisiones pendientes de la Corte sobre esos casos serán decisivas para el proceso de revisión de la impunidad.
De los militares y civiles cuyo arresto se pidió este jueves, dos ya murieron: el ex agente de inteligencia Aníbal Gordon y el general Otto Paladino, jefe del Servicio de Inteligencia del Estado durante la dictadura. (
