El conflicto colombiano será ”un callejón con salida” si el Estado cambia sus políticas, la sociedad civil se fortalece y la comunidad internacional revisa su papel, según los autores de un estudio auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presentado este jueves.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2003, fue lanzado en ocho ciudades del país, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, y recoge el resultado de un año y medio de consultas con más de 4.000 alcaldes, dirigentes y pobladores de 220 municipios, de 14 de los 32 departamentos colombianos.
Los autores, contratados por el sistema de la ONU, se centraron en el problema de la confrontación armada, cuyo origen sitúan en el mundo rural del que no ha salido, aunque cada vez se exprese más en el escenario urbano.
El INDH contiene datos que remiten a un país en sepia, a veces feudal.
En 1996, 11.570 latifundistas, muchos de ellos narcotraficantes, controlaban 22,6 millones de hectáreas, mientras 2,2 millones de campesinos tenían 2,2 millones de hectáreas.
De 1984 a 1996, se duplicó el territorio abarcado por fincas de más de 500 hectáreas. De 1985 a 2001, la superficie sumada de las de menos de cinco hectáreas se hizo un millón de hectáreas menor.
El director del informe, Hernando Gómez Buendía, señaló que sus autores se apoyaron en la realidad para ”entender las raíces locales del conflicto”, y buscaron ubicarse en una difícil línea media, sin resignarse ni ”pecar de ingenuos”.
A su juicio, los 38 años de guerra que lleva Colombia han estado signados por ciclos en que la retórica de la paz impide ganar la guerra, y luego la retórica de la guerra obstaculiza la reconciliación.
Gómez Buendía, filósofo, sociólogo y economista, dijo a IPS que ese ”manejo esquizofrénico” ha prolongado una ”guerra inútil”, que cada año deja tendidas en el campo a unas 9.000 personas cuyo sacrificio ”no ha servido para nada”.
En promedio, cada año se registran en el país 28.000 muertes violentas, de las cuales 25 por ciento están asociadas directamente con el conflicto.
”Nuestra guerra es una matazón, una guerra contra los civiles”, y los autores del INDH buscaron identificar acciones para frenarla, muchas de las cuales ya se llevan a cabo en las regiones donde el conflicto se padece con todo el rigor de la degradación a que ha llegado, sostuvo el director del informe.
Durante casi cuatro décadas, el enfrentamiento se ha alimentado a sí mismo con ”lógicas no políticas” como la de la militarización, que estimula el ascenso de los guerreros, privilegia la disciplina sobre la deliberación, y sólo puede concebir a los civiles como colaboradores o enemigos, afirmó.
Fuera de Bogotá, miles de personas e instituciones trabajan para ”desbrutalizar el conflicto”, y evitar que continúen el reclutamiento para la guerra de niñas y niños, los secuestros y las masacres, indicó Gómez Buendía.
Con pequeños grandes acuerdos en el ámbito local, se ha empezado a trazar un camino para recuperar la confianza y construir una visión de futuro ”de la que carece la clase dirigente, que muy poco entiende la realidad colombiana”, opinó.
En ”esas buenas prácticas”, construidas de abajo hacia arriba, están las claves para que el conflicto desaparezca, sin esperar a que la guerrilla sea derrotada o se firme un tratado de paz, lo que no es muy factible, concluyó el especialista.
El informe ”no necesariamente sigue la opinión de una persona o sector” ni compromete al sistema de las Naciones Unidas, al PNUD, al gobierno o personas distintas al Equipo Coordinador” encabezado por Gómez Buendía, según se establece expresamente en su texto.
La ministra de Defensa, Marta Ramírez, prometió en agosto del año pasado derrotar a la guerrilla ”en 18 meses”, cuando asumió el gobierno del presidente Alvaro Uribe, pero los autores del Informe alegaron que ”la paz negociada y el triunfo militar son sumamente improbables”.
Eso se debe a que la guerrilla no tiene apoyo popular suficiente, y a que las autoridades no tienen premura por negociar reformas, porque no consideran probable una revolución, explicaron.
El estancamiento ha llevado a que la contienda armada se enquiste en ciertos territorios, como una especie de disputa entre ”señores de la guerra”, ya que guerrilleros izquierdistas, paramilitares derechistas y fuerzas de seguridad empeñan el grueso de sus energías en establecer, mantener y profundizar el control de determinadas zonas, según el INDH.
Por eso se decidió no presentar el informe sólo en Bogotá, sino también en otras siete ciudades, capitales de departamento, donde el conflicto tiene sus propias particularidades y dinámica: las sudoccidentales de Cali, Neiva y Pasto, las septentrionales de Cartagena, Cúcuta y Medellín, y Villavicencio, cercana a Bogotá.
En cada ciudad, los actos fueron auspiciados por los gobernadores, que encabezaron los comités consultivos del Informe, grupos de personalidades e instituciones con liderazgo regional que se comprometieron a promover el debate público y la apropiación de las recomendaciones.
En coincidencia con la presentación oficial del INDH, el sistema de las Naciones Unidas en Colombia emitió un comunicado a favor de las ”alianzas” con la sociedad civil y sus diversas formas organizativas.
Eso fue una respuesta tácita a airadas declaraciones realizadas esta semana por Uribe, quien calificó de ”auxiliadoras” del terrorismo a parte de las ONG de derechos humanos.
En concordancia con el espíritu del Informe, el comunicado sostuvo que la ONU tiene la certeza de que ”la sociedad civil desempeña un rol de trascendencia en el fortalecimiento de la democracia, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos”.
Pese a las diferencias de enfoque entre el INDH y la política de seguridad del gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, afirmó que el documento ”constituye una herramienta invaluable”.
Fenómenos globales como el narcotráfico y el terrorismo han incidido en la degradación del conflicto nacional, que por sus características ”no puede ser asimilado a situaciones existentes en otras latitudes”, arguyó.
La búsqueda de un mejor entendimiento de la compleja situación colombiana por parte de la comunidad internacional ”ha sido una constante” del gobierno de Uribe, y las soluciones deben implicar ”la construcción conjunta de alternativas”, afirmó la ministra.
En ese sentido, el INDH plantea que el futuro de Colombia ”y la solución al conflicto tendrá que definirse en las relaciones exteriores, sobre todo con Estados Unidos”, en las que hay intereses coincidentes pero un diálogo desigual. (
