Casi 25 por ciento de la superficie de América Latina está bajo algún régimen de protección, pero apenas 56 centavos de dólar por hectárea se destinan al manejo de ese territorio, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) al que Tierramérica tuvo acceso.
Muchas de las 2.267 áreas protegidas en la región sólo existen en su instrumento de creación, sin que las disposiciones lleguen a aplicarse en la realidad, deploró el estudio hecho público por el PNUMA, en coincidencia con el V Congreso Mundial de Parques, en Durban, Sudáfrica.
Según el diagnóstico, América Latina hace el mayor aporte al planeta en áreas protegidas, que representan casi 25 por ciento de su superficie. Entretanto, sólo 18 por ciento del territorio de América del Norte y 14, 5 por ciento del de Africa austral y oriental está protegido. El promedio mundial es de 10 por ciento.
Las áreas protegidas latinoamericanas y caribeñas requieren recursos humanos y financieros para su administración, leyes e instituciones que las apliquen, y planeación y coordinación entre los organismos encargados de su manejo, indica el informe.
El Estado tiene un papel indelegable para garantizar las áreas naturales protegidas como patrimonio público, enfatiza.
Como en otros asuntos de la región, apenas se entra en materia aparece el espectro de la pobreza y la exclusión.
Un ejemplo es la reserva de biosfera Montes Azules en el meridional estado mexicano de Chiapas, que perdió en las últimas dos décadas 40 por ciento de su superficie selvática, en un panorama de miseria y violencia.
En sus 331.000 hectáreas concentra 163 de las 439 especies de mamíferos de México, 500 de aves y 800 de mariposas. Está ubicada en la selva Lacandona, que es morada de las etnias choles, tojolabales, tzeltales y tzoltziles y escenario del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Allí el paisaje de deforestación y pillaje provoca una desolación espiritual y no sólo visual, dijo a Tierramérica el poeta Homero Aridjis, presidente del ecologista Grupo de los Cien.
Otra muestra de la necesidad de pasar del papel a los hechos está en la reserva de biosfera de Río Plátano, en Honduras, parte de un corredor biológico mesoamericano, cuyas 815.000 hectáreas fueron declaradas patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Pero la reserva hondureña podría perder esa condición en cualquier momento.
La deforestación avanza en la zona de la mano de 45.000 familias que la habitan, pero el Estado interviene junto con la UNESCO redoblando esfuerzos de protección y concientización de las comunidades, dijo a Tierramérica Fausto Mejía, de la Secretaría del Ambiente de Honduras.
La participación social es considerada esencial en el informe del PNUMA, basado en cuestionarios a entidades estatales y organizaciones no gubernamentales.
Nueve de cada diez países de la región cuentan con instrumentos al respecto, desde los consejos o comisiones nacionales para el ambiente en Brasil, Cuba y Ecuador hasta los comités para cada área protegida en naciones como Argentina y Bolivia.
Fomentamos la consulta a la comunidad para nuestros cinco refugios de fauna, en teoría intocables, y las siete reservas de fauna donde se permite cierto aprovechamiento por los pobladores, indicó a Tierramérica el biólogo Xavier Elguezabal, del Ministerio del Ambiente en Venezuela.
Información aportada por 23 países para el informe del PNUMA indicó que en la región existen 2.267 áreas protegidas, que cubren 211 millones de hectáreas, con un promedio de 99.000 hectáreas por unidad, para cuyo manejo se destinan apenas 56 centavos de dólar por hectárea.
El país con más áreas protegidas es Brasil (582), seguido por Cuba (236), Venezuela (229), México y Costa Rica (150 cada uno), Jamaica (133) y Guatemala (108).
Las reservas de Bolivia (20) son enormes, con un promedio de 825.000 hectáreas, y las de El Salvador (9) diminutas, con una superficie promedio de 959 hectáreas.
Venezuela destaca en el conjunto porque 61 por ciento de su territorio está bajo algún régimen de protección, seguido por Belice con 44, y por Panamá con 32 por ciento.
Todas las naciones de la región se han involucrado en programas de cooperación internacional y firmaron el Convenio sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992).
Todas, también, se han adherido a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero los papeles no bastan.
El PNUMA aboga por la adopción de planes rectores nacionales, con estrategias de mediano y largo plazo, e insiste en ordenamientos ecológicos del territorio, que incluyan variables ambientales, sociales y económicas, así como la coordinación entre instituciones y la cooperación internacional.
* Con aportes de Thelma Mejía (Honduras) y Pilar Franco (México). Publicado originalmente el 13 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
