La autorización temporal de sembrar soja transgénica ingresada de modo ilegal en Brasil fue nuestra sentencia de muerte, afirmó el líder de los productores de semillas del meridional estado de Río Grande del Sur, Narciso Barisón Neto.
El sector semillero no se opone, sin embargo, a los productos genéticamente modificados, sino que, por el contrario, defiende su liberación para que pueda participar en su cultivo y los agricultores puedan elegir la alternativa que más les convenga.
Pero los productores sufren los efectos dañosos más inmediatos de la confusión generada en el país ante la indefinición sobre la cuestión, vuelcos legales y el contrabando de semillas transgénicas de Argentina.
Ese cultivo estaba prohibido en Brasil por decisión judicial desde 1999, pero creció sostenidamente desde 1997, en especial en Río Grande del Sur, donde el año pasado 70 por ciento de las semillas sembradas provenían del contrabando, según la Asociación de Productores de Semillas de Río Grande del Sur (Apassul).
La situación de las empresas que producen semillas certificadas, que ya era desesperada, se hizo mortal, ya que esperábamos mantener 19 por ciento del mercado local de soja, pero ahora perdemos 100 por ciento, lamentó Barisón Neto en entrevista con IPS.
El presidente de apassul aseguró que ese resultado negativo será consecuencia de la Medida Provisional (decreto-ley sujeto a aprobación parlamentaria en 60 días) emitida el jueves por el gobierno, autorizando la siembra, sólo este año, de la soja transgénica que los agricultores tienen almacenada para ese fin.
La medida impone restricciones. Sólo permite la venta de la cosecha hasta 31 de diciembre de 2004, con incineración de las sobras, veda al comercio de las semillas en cuestión y su siembra cerca de áreas de protección ambiental.
Además, los agricultores deben firmar un compromiso asumiendo la responsabilidad por eventuales indemnizaciones en caso de daños al ambiente o a personas.
Pero nadie respeta la ley en la agricultura, después de reiteradas muestras de impunidad, apuntó Barisón Neto, recordando que el gobierno toleró el contrabando y ya había autorizado en marzo la cosecha ilegal de este año, como una excepción que no se iba a repetir.
El sector organizado de semillas, que permitió a Brasil duplicar su producción agrícola desde 1990, con aumento de sólo 15 por ciento del área sembrada, está amenazado también en otros estados, advirtió el empresario.
En Paraná, también en el sur del país, se calcula que 15 por ciento de la soja ya es transgénica y hay indicios de su presencia en el centroeste y nordeste de Brasil, acotó.
El ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, justificó la medida temporal como una respuesta de emergencia, para evitar la desobediencia civil de los agricultores, ante su necesidad de sembrar las semillas de que disponen y la imposibilidad del gobierno de imponer otra alternativa.
Sin embargo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se acerca a un consenso y deberá concluir en octubre un proyecto de ley sobre la cuestión, cuya aprobación en el Congreso eximirá las autoridades de adoptar nuevas medidas provisionales, prometió el ministro.
Los científicos están divididos, pero casi 700 expertos en bioseguridad de varios países, reunidos del miércoles al viernes en el tercer Simposio Latinoamericano de Productos Transgénicos, respaldaron a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil, que en 1998 consideró la soja transgénica Roundup Ready (RR) segura para la salud y el ambiente.
Una posible liberación definitiva de la nueva tecnología tampoco abriría mejores perspectivas futuras, porque las empresas necesitan tres años para multiplicar semillas suficientes para abastecer la siembra de tres millones de hectáreas. ¿Cómo sobrevivir en ese periodo?, cuestionó Barisón Neto.
En Río Grande del Sur se estima que la soja ocupa 3,5 millones de hectáreas cultivadas por más de 150.000 agricultores.
Está en riesgo el futuro de la agricultura nacional, porque el contrabando puede introducir enfermedades y reducir la productividad, ya que se usan semillas sin control ni acompañamiento y la ilegalidad descarta aportes del agrónomo y la investigación científica, observó el empresario.
Ya se identificaron en Río Grande del Sur, que limita con Argentina y Uruguay, cinco hierbas que ganaron resistencia al glifosato, anulando parte de sus ventajas, señaló Barisón Neto.
La soja RR, motivo de toda esa polémica, fue desarrollada por el grupo empresarial estadounidense Monsanto para resistir ese herbicida glifosato y así facilitar el cultivo y reducir costos.
Pero el mismo glifosato será blanco de una acción judicial anunciada por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), agregando nuevas complicaciones al tema.
El uso de ese herbicida en partes aéreas de la soja, es decir en tallos y hojas, no está autorizado por organismos reguladores del gobierno, explicó a IPS Sezifredo Paz, consultor técnico del IDEC.
El instituto, que estuvo en el origen del fallo judicial que prohibió la siembra transgénica en Brasil sin estudio previo de su impacto ambiental y sanitario, pretende ahora actuar en la mitigación de los efectos de la medida gubernamental que autorizó la ilegalidad, destacó Paz.
En ese sentido reclamará la prohibición de la aplicación ilegal de glifosato en las siembras de soja y un plan detallado de cómo el gobierno hará cumplir su nueva Medida Provisional e inspeccionará la siembra.
La medida pone en riesgo innecesario la salud de los consumidores al legalizar un producto de origen desconocido y obtenido de forma criminosa, induciendo los agricultores a cometer nuevo delito, acusó IDEC en una nota.
