La condena a apenas tres años de prisión del general indonesio responsable de la dura represión en Timor Oriental en 1999, quien cumple ahora funciones similares en la provincia de Aceh, indignó a las principales organizaciones de derechos humanos del mundo.
Un tribunal especial de derechos humanos en Yakarta halló culpable al general Adam Damiri, el principal responsable militar de la ocupación indonesia de Timor Oriental en 1999. Entonces se celebró allí el referéndum en que 80 por ciento de la población del territorio se pronunció por la independencia.
El juez Marmi Mustafa, integrante del tribunal, describió los crímenes por los que se condenó a Damiri como graves violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional advirtieron que, dado que fue condenado, Damiri debería ser removido de inmediato de su responsabilidad en la guerra contra los secesionistas de la provincia indonesia de Aceh, en el norte de la isla de Sumatra.
Además, ambos grupos exhortaron al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, a convocar un grupo de expertos que consideren otros mecanismos, como un tribunal internacional especial, para juzgar a responsables de violaciones de derechos humanos en Timor Oriental.
En 1999, fuerzas de Indonesia y timorenses proindonesios cometieron asesinatos, violaciones e incendios premeditados, situación que derivó en la expulsión de medio millón de personas.
El fracaso de Indonesia para (…) responder de manera adecuada a las demandas de mejores juicios implica que la ONU debe imponerse, sostuvo Amnistía.
Damiri es el último de los 18 procesados por el tribunal especial indonesio, que ya falló sobre seis acusados. Ninguno de ellos fue a la cárcel. La mayor de las penas recayó sobre el gobernador de Timor Oriental de la época, un civil, condenado a 10 años de prisión.
La condena de Damiri tomó a algunos observadores por sorpresa, en particular porque el fiscal pidió su absolución por supuesta falta de evidencia. De todos modos, la mayoría coinciden en que la sentencia nunca se cumplirá.
Para el director de la división asiática de HRW, Brad Adams, Damiri es el ejemplo más acabado de la impunidad en Indonesia. Hasta la fiscalía pidió la absolución. Resulta claro que no hay interés en llamar a responsabilidad a altos oficiales militares por sus acciones, sin importar cuán atroces sean éstas, dijo.
También el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos cuestionó la sentencia contra Damiri. Esta liviana sentencia (…) de un acusado hallado culpable es, pensamos, desalentadora, dijo el portavoz de la cartera Philip Reeker.
El portavoz también criticó la libertad que gozaron los acusados y condenados.
Damiri fue acusado, además, por la Unidad de Crímenes Serios creada por la ONU para Timor Oriental, país independiente desde mayo. Pero Yakarta se ha negado a entregar a ningún ciudadano indonesio al organismo.
Indonesia invadió Timor Oriental cuando Portugal se retiró de su antigua colonia en 1975. Poco después, se anexó el territorio como provincia.
La represión, las enfermedades y los problemas alimentarios atribuidos a la ocupación y la subsiguiente campaña contra la insurgencia habían costado, hasta 1980, la vida de un tercio de los habitantes que el territorio tenía antes de la invasión, estimados en 600.000.
Pero Yakarta no pudo aplastar la resistencia y, luego de la caída del dictador Alí Suharto en 1998, la ONU le ofreció a la población de Timor Oriental la oportunidad de decidir su destino en un referéndum. Durante la campaña, las fuerzas indonesias armaron pandillas y milicias que sembraron el terror en el lugar.
Cuando se conoció el resultado de la consulta popular, los grupos armados, con apoyo del ejército indonesio, mataron a entre 1.000 y 2.000 personas, destruyeron buena parte de los edificios y de la infraestructura del territorio y obligaron a miles a abandonar sus hogares rumbo a la provincia indonesia de Timor Occidental.
Damiri fue acusado de dos masacres en Dili, capital de Timor Oriental, cometidas por sus subordinados entre abril y septiembre de 1999. La Unidad de Crímenes Serios de la ONU le entabló, a su vez, cinco cargos de homicidio, persecución y deportación.
