El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, anunció este viernes que ya promulgó la nulidad de las leyes que habían evitado el juicio de militares por violar los derechos humanos en la dictadura (1976-83), y reiteró su voluntad de que sean juzgados en el país.
Este viernes se supo que el gobierno de España decidió no dar trámite al pedido de extradición de 39 militares y un civil argentinos acusados de esos delitos, planteado por la justicia española, pero Kirchner dijo que ”se mantiene la posibilidad de que los militares sean juzgados en Argentina”, y ratificó que su gobierno quiere ”terminar con la impunidad”.
La decisión del presidente del gobierno español, José María Aznar, causó sorpresa en la justicia argentina y decepción entre algunos abogados y familiares de desaparecidos, quienes interpretaron el rechazo al pedido del juez español Baltasar Garzón como ”una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial”.
Pero el vicepresidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, alegó que ese rechazo se basó en ”la firme voluntad de Kirchner de proceder al enjuiciamiento” de los acusados.
Además, el acuerdo de extradición vigente entre ambos países prevé como causa de denegación ”que los tribunales de la parte requerida sean competentes para juzgar el delito que es causa del pedido de extradición”, explicó.
El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral había dispuesto la detención de los requeridos por Garzón, que se cumplió en todos los casos menos en los de tres militares prófugos, y admitió estar ”sorprendido” por la decisión de Aznar.
Canicoba añadió que dispondrá la liberación de todos los arrestados cuando llegue la comunicación oficial correspondiente.
Entre los militares que Garzón quería juzgar están los ex comandantes en jefe Jorge Videla, Emilio Massera, así como el ex general Guillermo Suárez Mason, quienes continuarán arrestados por otros delitos perpetrados en el periodo dictatorial.
También había sido detenido el ex capitán de la marina de guerra Alfredo Astiz, acusado de ser autor material de secuestros, torturas y homicidios.
El abogado argentino Carlos Slepoy, quien representa a la parte querellante en el juicio que lleva adelante Garzón en Madrid, sostuvo que el gobierno de España actuó en línea con la posición contraria a las extradiciones manifestada por la fiscalía de ese país, con la intención de ”paralizar o afectar de algún modo” ese juicio.
”Nos sentimos defraudados por el gobierno” español, señaló Consuelo Arellano, familiar de un desaparecido en Argentina con nacionalidad española, quien argumentó que la ley asigna al Poder Ejecutivo ”sólo el papel de correo” de los pedidos de extradición planteados por el Poder Judicial.
”No me lo esperaba. Ahora, si no hay justicia en Argentina, no tenemos futuro”, dijo a IPS la ciudadana española Dionisia López Amado, madre de Antonio Díaz López, secuestrado en Buenos Aires junto con su esposa en 1976, a la edad de 24 años.
López Amado calificó de ”sinvergüenzas” a los integrantes del gobierno de Aznar.
Pero la resolución fue recibida con un cauteloso optimismo por otros activistas por los derechos humanos y legisladores, que interpretaron la posición asumida por el gobierno de España como un avance importante hacia juicios en Argentina.
”Esto es lo que buscábamos políticamente al anular las leyes de 'punto final' y 'obediencia debida', evitar la extradición a España de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en Argentina”, reconoció el diputado oficialista Ricardo Falú, presidente de la comisión de juicio político de la cámara baja.
Esas leyes, anuladas la semana pasada, habían sido aprobadas en 1986 y 1987 para que los únicos condenados por los crímenes de la dictadura fueran los comandantes en jefe de las tres armas, juzgados tras el fin de la dictadura, quienes luego fueron indultados por el presidente Carlos Menem (1989-99).
Sin embargo, tras esos indultos se abrieron procesos a ex comandantes por otros delitos cometidos en el marco de la represión.
El secretario parlamentario del bloque de Izquierda Unida en la Cámara de Diputados, Roberto Vallarino, dijo a IPS que las posturas adoptadas por Aznar y Kirchner son elementos que ”abren una posibilidad importante” para avanzar hacia juicios en Argentina.
No obstante, reconoció que ”habrá que seguir peleando para que en todas las instancias de la justicia haya coincidencia sobre la legalidad de reabrir estas causas”, añadió.
La única diputada de Izquierda Unida es Patricia Walsh, quien presentó el proyecto de anulación de las dos leyes de los años 80.
”Sería muy interesante si (la posición del gobierno español) permite que los asesinos sean juzgados en Argentina”, opinó la secretaria del grupo de familiares de detenidos desaparecidos Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Evel Petrini, quien admitió sin embargo que se ha vuelto muy escéptica desde que se frustraron los juicios en los años 80.
”No teníamos muchas expectativas en el pedido de extradición… Dios quiera que ahora podamos enjuiciarlos a todos aquí, pero no en forma individual sino a todos juntos y por genocidio, para que todo el mundo sepa quiénes fueron estos asesinos”, remarcó Petrini, que tiene un hijo desaparecido.
Kirchner anunció este viernes que había promulgado las anulaciones el jueves, varios días antes del plazo de que disponía para hacerlo.
”Esa es una noticia muy importante, estamos muy conformes con el coraje que está mostrando el presidente”, comentó Petrini.
Tras la promulgación, se aguarda que la Cámara Federal (tribunal de segunda instancia) resuelva la reapertura de las dos causas principales que involucran a militares por crímenes cometidos durante la dictadura, en la Escuela de Mecánica de la Armada y en el Batallón 601 del Ejército, respectivamente.
Miembros de ese tribunal admitieron, con reserva de su identidad, que una vez promulgada la nulidad de las leyes de amnistía dispondrían que jueces de primera instancia se hagan cargo de investigar los delitos perpetrados en esos dos centros emblemáticos de represión.
Sin embargo, el presidente, los legisladores y los integrantes de la Cámara Federal coinciden en que la llave para reabrir los procesos está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene pendiente un fallo sobre la constitucionalidad de las leyes de ”punto final” y de ”obediencia debida”.
El máximo tribunal estudia una causa en la que el juez de primera instancia y el tribunal de alzada ya rechazaron la apelación de los militares acusados a esas leyes de amnistía, por considerarlas inconstitucionales. (
