El Congreso de Argentina se dispone a desandar este martes el camino trazado en la segunda mitad de los años 80, cuando, bajo presión militar, se aprobaron dos leyes para poner abrupto final a juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura de 1976-1983.
La mayoría de los diputados, influidos por la posición en la materia del nuevo presidente Néstor Kirchner, del Partido Justicialista (PJ), se han puesto de acuerdo para anular las leyes de "punto final" y de "obediencia debida", aprobadas en 1986 y 1987, respectivamente, para abortar esos juicios.
La intención es influir sobre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben ratificar o rectificar los fallos en primera y en segunda instancia de jueces que, en procesos por violaciones de los derechos humanos, declararon inconstitucionales esas leyes.
Fuera del Congreso, miles de manifestantes de más de un centenar de organizaciones sociales y de derechos humanos se manifiestan en apoyo de la anulación.
Según los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada en 1984 para recoger denuncias sobre secuestros, torturas y desapariciones cometidos por la dictadura, los militares salvados por esas leyes fueron unos 2.500, pero activistas afirman que los involucrados son muchos más.
Un caso paradigmático de militar beneficiado por esas normas es el del ex capitán Alfredo Astiz, condenado en ausencia por tribunales de Francia y Suecia, y requerido también por España.
Astiz fue acusado de los asesinatos de la sueca Dagmar Hagelin y de las monjas francesas Alice Domon y Leonide Dusquet, pero la ley de "obediencia debida" le permitió eludir la prisión.
La diputada izquierdista Patricia Walsh presentó el proyecto en discusión para anular ambas leyes en febrero de 2002, y confesó a IPS cierto asombro por la envergadura que adquirió la discusión sobre el asunto en las últimas semanas.
El contexto de esa discusión es que Kirchner derogó a fines del mes pasado un decreto del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) que bloqueaba los pedidos de extradición de argentinos acusados por violación de los derechos humanos.
Eso reactivó el trámite de solicitudes del juez español Baltasar Garzón, quien quiere juzgar en Madrid a 45 militares y un civil argentinos.
Pero el presidente remarcó este lunes su voluntad de que los militares sean juzgados en Argentina, al firmar un decreto por el cual el país adhiere a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de 1968, y enviar al Congreso un proyecto para incorporar ese tratado a la Constitución.
Walsh, única legisladora del partido Izquierda Unida en la Cámara de Diputados, que tiene 257 bancas, admitió que su proyecto "tenía un carácter testimonial", y que ella y los otros 14 parlamentarios que lo apoyaron no previeron que el asunto se discutiría con la actual intensidad en ámbitos políticos, judiciales y sociales.
La diputada opinó que los pedidos de extradición reactivaron la discusión sobre la pertinencia de que los acusados vayan a juicio, en otro país o en Argentina.
"Si se los extradita, se pondrá en evidencia que en Argentina reina la impunidad", observó Walsh, quien dijo preferir que los juicios se lleven a cabo en el país donde se cometieron los delitos.
La legisladora, hija del escritor Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura, sostuvo que desde que presentó su proyecto creció el apoyo a la anulación de las leyes, y consideró como "signos positivos" los dichos de Kirchner a favor de la nulidad de las controvertidas normas.
El presidente señaló que "nunca" estuvo a favor de esas leyes, y expresó su voluntad de que los militares sean juzgados en Argentina, pero advirtió que si se frenan los procesos correspondientes en el país, impulsará las extradiciones.
Las leyes de obediencia debida y punto final fueron sancionadas para poner fin a procesos contra responsables directos de secuestros, torturas y asesinatos, una vez que la justicia condenó a quienes comandaron las Fuerzas Armadas en dictadura, como autores intelectuales del plan represivo que causó por lo menos 11.000 desapariciones forzadas.
La iniciativa de ley de "punto final" fue impulsada en 1986 por el presidente Raúl Alfonsín (1983-89), de la Unión Cívica Radical (UCR) y fijó un plazo máximo de 60 días para que los jueces convocaran a militares a declarar en los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Tras la aprobación de esa norma, varios jueces se apresuraron a convocar a militares, y la resistencia castrense se expresó mediante una sublevación armada en 1987.
Ese alzamiento fue sofocado, pero tras él se aprobó, también por iniciativa del Poder Ejecutivo, la ley de "obediencia debida", que eximió de responsabilidad a quienes violaron los derechos humanos en cumplimiento de órdenes de sus superiores.
En aquellos años numerosos legisladores, incluso oficialistas, admitieron haber votado "con asco" ambas normas. Y 15 días después de la aprobación de la ley de "obediencia debida", la Corte Suprema de Justicia la declaró válida.
En 1990, el presidente Carlos Menem (1989-1999), del PJ, completó el círculo de la impunidad de los militares al firmar decretos de indulto para los ex comandantes condenados en los primeros años posteriores a la recuperación de la democracia.
Desde entonces, los familiares de desaparecidos lograron avanzar contra la impunidad, por algunos resquicios que dejaron las normas mencionadas.
Por un lado se iniciaron juicios "por la verdad", para conocer el destino final de los desaparecidos aunque no fuera posible condenar a los responsables.
En 1998, un grupo de legisladores trató de que se declararan nulas las leyes que impedían sancionar a represores, sin eco en la mayoría de los congresistas, que sólo aceptaron derogar dichas normas, sin afectar los beneficios ya obtenidos por los militares involucrados.
Más tarde comenzaron los juicios por desaparición forzada con víctimas infantiles.
Esos juicios fueron posibles al aceptarse que, según la tesis de activistas humanitarios, la existencia de un plan sistemático para secuestrar a niñas y niños y robarles su identidad no había sido demostrada en el juicio a los ex comandantes, por lo cual el indulto que los benefició no incluía ese delito.
Los ex jerarcas militares comenzaron a ser convocados a declarar en esas causas, y la mayoría de ellos quedaron detenidos por apropiación de menores.
Al mismo tiempo empezaron a avanzar reclamos de extradición provenientes de España, Italia, Suecia, Francia y Alemania, contra militares acusados ahora de perpetrar "delitos contra la humanidad" que, según acuerdos internacionales, no prescriben ni pueden ser amnistiados.
El cerco se fue cerrando sobre los uniformados, y ahora el Congreso, la misma institución que aprobó las leyes del 86 y el 87, debate de qué manera terminar con ellas.
El proyecto de Walsh no es el único. Legisladores del PJ propusieron establecer un principio de "inoponibilidad", confuso y criticado por los entendidos, según el cual "ninguna ley interna puede oponerse" a la acción penal en materia de abusos humanitarios tipificados en tratados y convenciones internacionales que Argentina ha ratificado.
Pero la posición del presidente, en especial tras el decreto y el proyecto del lunes, llevó a los diputados del PJ a inclinarse por el proyecto de anulación, preferido por los activistas humanitarios, que reunió también apoyos del centroizquierdista partido Argentinos por una República de Iguales, algunos diputados de la UCR y otros de izquierda. La activista por los derechos humanos Estela de Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su satisfacción ante la "cooperación" de Kirchner para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de las leyes. "Me animo a decir que en este país las cosas estan cambiando", afirmó.
Pero el abogado Rodolfo Yansón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo a IPS que la eventual aplicación del proyecto es "discutible, y que "no hay posibilidad de una salida elegante para estas leyes que fueron sancionadas bajo presión militar y avaladas por la justicia".
"En principio es cierto" que el Congreso no puede anular una ley que votó, y "sólo los jueces estarían en condiciones de determinar si una norma es nula o no", admitió Yansón, representante legal de familiares de detenidos desaparecidos.
La situación es "bastante excepcional", pues en 1986 y 1987 "ningún jurista dijo que el Congreso estaba usurpando atribuciones de la justicia, y luego la Corte (Suprema) las declaró válidas", destacó.
No obstante, Yansón arguyó que las irregularidades podrían "enmendarse" a la luz de diversos tratados y fallos de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó a Argentina y a otros países latinoamericanos "adecuar" su legislación para no seguir violando derechos humanos.
La Corte Suprema debería determinar en los próximos meses si esas leyes son constitucionales, y estará más inclinada a hacerlo si el Congreso acepta fue un error aprobarlas, alegó.
En cualquier caso, tras una eventual anulación, cada militar acusado debería someterse a un largo proceso judicial, y "el camino será arduo", advirtió el abogado.
La abogada Carolina Vartsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, también opinó que el actual debate parlamentario puede implicar "un mensaje político" a la Corte, y que un posterior fallo anulatorio del máximo tribunal sería apenas el comienzo de largos procesos.
"Nunca es buen momento para juzgar crímenes de lesa humanidad, porque se reviven situaciones muy dolorosas, pero si queremos cerrar bien las heridas, debemos terminar con esta impunidad", remarcó Walsh. (FIN/IPS/mv/mp/hd ip ar/03)
