COLOMBIA: Pueblos indígenas bajo fuego

Desde la sede en Bogotá de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) se da cuenta cada año, en víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de la amenaza de la guerra sobre las 86 culturas ancestrales de Colombia.

Este año no fue la excepción. La Oficina funciona en Colombia desde 1997. Y la gravedad de las denuncias se agudiza a medida que avanza el conflicto que vive el país sudamericano desde los años 60.

Asesinatos múltiples y selectivos, amenazas, intimidaciones, señalamientos, desplazamientos colectivos y reclutamientos forzados, bloqueo alimentario y ataques a bienes culturales y sitios sagrados conforman la lista de crímenes contra las culturas indígenas enumerados este viernes en la sede de la OACDH.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (ombudsman), entre enero y mayo fueron asesinados en el país 106 indígenas.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas califica de ”muy dolorosa realidad” el impacto de la guerra sobre las comunidades aborígenes.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) responsabilizó a los ”actores armados del Estado, del paraestado y de la subversión, (que) someten y abusan con su arrogancia armada e ideológica, irrespetando a las autoridades tradicionales, los territorios y la propia estructura de los pueblos indígenas”.

La ONIC se refería así a las fuerzas de seguridad, los paramilitares de derecha y las guerrillas izquierdistas que se disputan el control del país.

Ochenta por ciento de los pueblos indígenas de Colombia tiene gobierno sobre su territorio ancestral, garantizado legalmente bajo la forma de resguardos. Pero el 20 por ciento restante es considerado el más vulnerable, pues la base de toda cultura aborigen es su relación con la tierra, no protegida para este sector.

Con todo, las cifras no valen para describir los estragos del conflicto sobre los pueblos indígenas.

”Si hay un asesinato en Riosucio, los embera-chamí son más de 65.000. Pero un asesinato en el pueblo siona, por ejemplo -ellos son sólo 1.400-, tiene un impacto mayor. Un solo asesinato entre el pueblo sáliba tiene un significado político completamente distinto”, explicó Armando Valbuena, presidente de ONIC.

La sevicia va en aumento: frente a toda la comunidad del resguardo de Parreros fue asesinada el 1 de mayo una indígena de 16 años de la etnia sikuani, pobladora original del gran yacimiento petrolero que es el nororiental departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.

Omaira Fernández estaba embarazada de siete meses. Fue violada y asesinada abriéndole el vientre para sacarle el niño. Su cuerpo fue cortado en pedazos y lanzado al río Cravo en una bolsa. Lo mismo hicieron los asesinos con el cuerpo del bebé.

El esposo de Fernández fue muerto el 31 de diciembre. Nilson, su hijo mayor, de dos años de edad, está desaparecido.

El día en que Fernández fue muerta, desaparecieron otros tres sikuanes. El rumor entre los pobladores indica que también fueron ”despresados como animales” y tirados al río, según la ONIC.

Arauca es el epicentro de la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe. Una brigada especial del ejército colombiano recién creada, financiada y entrenada por personal estadounidense, cuida de la explotación y el transporte del crudo por un oleoducto que llega hasta el mar Caribe.

Uribe mismo trasladó a Arauca en julio, por tres días, la sede de su gobierno.

La ONIC refrendó este viernes su denuncia de que el operativo del 1 de mayo fue hecho por ”patrullas del ejército nacional portando brazaletes AUC y ACC”.

Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) son la organización paramilitar más extendida en el país, mientras las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanaré), son un grupo paramilitar que opera en la región.

Otros 43 comuneros de Parreros están desaparecidos, entre ellos el capitán y el gobernador del resguardo. Del vecino resguardo de Betoyes han sido desplazados 545 sikuanes.

Valbuena recordó a la OACDH que el coronel Montoya Sánchez, subcomandante de la brigada del ejército con sede en Arauca, sostuvo ”de manera temeraria e irresponsable que los indígenas y campesinos desplazados obedecen a las orientaciones del Ejército de Liberación Nacional” (ELN), segunda guerrilla más antigua y numerosa del país.

”No nos es desconocida la situación de que, en muchos casos, las violaciones dirigidas contra los pueblos indígenas se han podido realizar por esas conexiones entre miembros de la fuerza pública y de grupos paramilitares, lo que ha permitido muchas de las actuaciones homicidas, muchas de las violaciones hacia los pueblos indígenas”, manifestó el director de la OACDH, Amerigo Incalcaterra.

En el caso de los sikuanes, agregó, ”esa información la tienen en su poder las autoridades del Estado”.

”Estamos esperando que la investiguen debidamente y puedan esclarecer las responsabilidades individuales de los funcionarios públicos que tuvieron una participación omisiva o directa en estos hechos”, dijo Incalcaterra.

Sólo el pueblo chimila, de menos de 2.000 personas, tuvo esta vez buenas noticias que dar, tras permanecer ”secuestrado” durante siete años, bloqueado por el conflicto, sostuvo Balvuena.

Gracias al impacto local e internacional de las denuncias ante la OACDH, los chimilas pueden hoy movilizarse libremente dentro y fuera de su territorio y ya no opera el bloqueo de alimentos, explicó.

Además, los diálogos regionales del liderazgo indígena con las guerrillas de izquierda han logrado bajar la tensión en algunos lugares, aunque no en todos.

Con los paramilitares ”las cosas siguen igual. Sin embargo, sí se nota un cambio en ciertas regiones desde que el gobierno comenzó a hablar con ellos”, añadió.

El gobierno está negociando la desmovilización de una parte de los paramilitares, incluyendo a las AUC.

Pero para la ONIC, Uribe calla ante un hecho central: la entrega, por parte de las AUC, del líder indígena Kimy Pernía Domicó, al que secuestraron desde hace 26 meses.

”Para nosotros, Kimy sigue vivo”, afirmó lacónicamente Valbuena ante los periodistas.

El ataque contra un líder espiritual es considerdo una agresión a la memoria que mantiene viva a una cultura indígena.

La desaparición forzada del líder espiritual del pueblo embera- katío en Tierralta, en el septentrional departamento de Córdoba, estremeció a todas las comunidades indígenas de Colombia. Kimy Pernía es nieto del cacique fundador del Alto Sinú, Jaibaná, chamán de los emberas.

En Córdoba tiene su sede el Estado Mayor de las AUC. Los embera- katío protestaron por el impacto en la pesca, su principal alimento, de la construcción de la central hidroeléctrica de Urrao sobre el río Sinú, un enorme proyecto financiado con recursos internacionales.

”En su caso, hay un retardo injustificado en la investigación de estos hechos”, sostuvo Incalcaterra.