La justicia de Argentina puso entre rejas este jueves a dos ex jefes de la disuelta guerrilla Montoneros, y pidió la captura internacional de un tercero, a los que acusa de haber entregado a 15 de sus compañeros a militares que los asesinaron en 1980.
La decisión del juez Claudio Bonadío de detener a Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Rodolfo Perdía sorprendió a abogados de familiares de las víctimas, quienes no descartan una eventual intención de compensar a los militares involucrados, acosados por recientes medidas para revisar crímenes cometidos por la última dictadura militar (1976-1983).
La orden librada por Bonadío y el arresto este mismo jueves de Perdía y Vaca Narvaja en Buenos Aires se produjeron apenas un día después que la Cámara de Diputados anulara las leyes que amnistiaron a militares y policías acusados de perpetrar esos crímenes.
La justicia envió asimismo un pedido de captura internacional a Interpol (policía internacional) contra Firmenich, quien reside en la ciudad española de Barcelona.
El proyecto aprobado en la cámara baja constituyó una señal política difícil de eludir para la Corte Suprema de Justicia, que tiene a estudio varios fallos judiciales de inconstitucionalidad de esas leyes.
Si el máximo tribunal refrenda esos pronunciamientos de primera y segunda instancia, permitiría reabrir los procesos contra ex represores.
Bonadío, quien había dispuesto el procesamiento de 12 ex militares por los asesinatos de los guerrilleros montoneros, ordenó los nuevos arrestos fundado en la sospecha de que los tres ex líderes fueron en parte responsables de los secuestros y asesinatos de sus compañeros.
Existe un grado de sospecha que en el secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y homicidio de unos 15 montoneros habrían tenido responsabilidad los integrantes de la conducción nacional de esa organización, dice el fallo del juez.
La guerrilla peronista Montoneros, una organización de seguidores izquierdistas del ex presidente Juan Domingo Perón, logró la adhesión de varios miles de jóvenes a mediados de los años 70.
En 1980, cuando Montoneros estaba desarticulada, la conducción ordenó desde el exilio la llamada contraofensiva, mediante el regreso al país de un grupo de sus integrantes para oponer resistencia al régimen militar instaurado cuatro años antes.
Pero el operativo fracasó estrepitosamente y los insurgentes que regresaron fueron atrapados, torturados en centros clandestinos de detención y asesinados, varios de ellos arrojados vivos desde aviones al Río de la Plata, una práctica luego conocida como los vuelos de la muerte.
Debido a que los líderes montoneros conocían la situación de debilidad de la organización clandestina en Argentina, se sospecha desde entonces que el operativo fue una suerte de entrega de guerrilleros, pactada con la dictadura. Pero el hecho nunca fue esclarecido.
Según Bonadío, los dirigentes eran conscientes del riesgo que se corría al ordenar el regreso de sus compañeros y debieron haber tomado los recaudos necesarios para que sus decisiones no fueran funcionales a la estructura ilegal de represión militar.
La Cámara Federal había confirmado en enero el procesamiento de los 12 ex militares -entre ellos el ex general Guillermo Suárez Mason- por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, tormentos y reducción a servidumbre de los militantes montoneros.
Las detenciones de Perdía, Vaca Narvaja y Firmenich podrían arrojar alguna luz sobre las supuestas responsabilidades compartidas en aquellos hechos.
El abogado Ricardo Moner Sans, representante de la hija de una de las víctimas, Lorenzo Viñas —hijo a su vez del escritor David Viñas— se manifestó sorprendido y muy interesado en conocer las pruebas que habrían llevado a Bonadíó magistrado a ordenar los arrestos.
No tengo información precisa, confieso que esto no formaba parte de mi escenario, admitió Moner Sans.
Siempre se sospechó de una posible connivencia entre algunos dirigentes montoneros en el exilio y militares represores, y hasta se habló de una eventual operación de 'venta' por dinero, sostuvo.
No nos olvidemos que (el ex almirante Eduardo) Massera (uno de los comandantes de la primera junta militar) tenía una oficina en París, recordó.
Pero Moner Sans tampoco descartó la posibilidad de que la decisión del juez se enmarque en una teoría del empate. Apuntó así a la sospecha de una maniobra judicial para compensar los recientes triunfos de las víctimas del terrorismo de Estado que consiguieron la anulación parcial de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Las organizaciones de derechos humanos celebran varios logros de las últimas semanas, como la derogación presidencial de los decretos que impedían la extradición de militares juzgados en el exterior.
El presidente Néstor Kirchner se manifestó favorable a que los militares que actuaron en la represión ilegal sean juzgados en el país y, mediante otro decreto, adhirió a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Asimismo, envió al parlamento un proyecto de ley para otorgar carácter constitucional a dicha adhesión.
El abogado argentino Carlos Slepoy, que representa en España a familiares de desaparecidos, también manifestó dudas por las nuevas detenciones.
Es la primera vez que tenemos noticias de que pudo haber habido colaboración entre montoneros y militares, dijo Slepoy. Supongo que si el juez ordenó las detenciones es porque tiene fundamentos, si no es así estaríamos ante un hecho muy nocivo que es el de intentar revivir la teoría de los dos demonios, advirtió.
Esa interpretación sobre las causas del terrorismo de Estado que se abatió sobre decenas de miles de argentinos en las décadas de 1970 y 1980 fue impulsada por Antonio Tróccoli, ministro del Interior del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).
Según la misma, la violencia política fue instaurada por varios grupos armados, entre ellos Montoneros, y dio lugar a una respuesta represiva desproporcionada del Estado.
Pero las organizaciones de derechos humanos siempre rechazaron esa interpretación, arguyendo que el Estado no debía apelar a actos ilegales para reprimir a los insurgentes.
Además, el régimen militar instauró un amplio aparato represivo contra toda forma de oposición, mediante centros de detención clandestinos, secuestros, torturas y asesinatos. Según las mismas organizaciones, 30.000 personas fueron secuestradas y muertas durante la dictadura.
Creemos que debido a la reciente nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez ordenó las detenciones para recrear la teoría de los dos demonios que todos creíamos superada, señaló Patricia Vaca Narvaja, hermana de uno de los ex montoneros detenidos.
En una confirmación parcial de esa interpretación, el diputado Ricardo Bussi —hijo del detenido ex general Domingo Bussi que espera el desenlace de un juicio de extradición a España— sostuvo que la violencia de unos trajo la violencia de otros.
Es hora de que los que asesinaron y pusieron bombas también expliquen por qué lo hicieron, declaró el legislador que unas horas antes votó en contra de la nulidad de las leyes de amnistía en el Congreso. (
