AMERICA LATINA: Boom industrial del secuestro

Un nuevo flagelo ya viste pantalones largos en América Latina, la ”industria” del secuestro, compañera de la violencia política en Colombia y del narcotráfico en México, y en alza con fines de lucro en Argentina, Venezuela y Paraguay.

Varían mucho los rescates exigidos y los procedimientos, a veces aprovechando cambios tecnológicos de la vida cotidiana, por ejemplo cuando se retiene brevemente a una persona para obligarla a retirar dinero de un cajero automático, pero el común denominador es tan viejo como decir ”¡La bolsa o la vida!”.

Cifras desnudas: en Colombia se ha secuestrado a más de 18.000 personas desde 1997, con 2.986 casos en 2002, apenas 56 menos que las 3.041 de 2001, y la cuenta sigue: 334 secuestros sólo en los dos primeros meses de 2003. La víctima es infantil en uno de cada ocho casos.

Según la organización no gubernamental colombiana País Libre, los casos son muchos más, pues sólo se reportan a las autoridades dos de cada tres secuestros.

En México hay casi una víctima por día: 320 registradas en 2001, 358 en 2002 y 169 en los primeros seis meses de este año, según estadísticas de la Confederación Patronal.

En Venezuela, donde se secuestró a unas 50 personas por año en la década pasada, hubo 113 víctimas de ese delito en 2001 y 200 el año pasado, según la asociación civil Venezuela Segura.

Paraguay, con apenas seis secuestros registrados de 1973 a 2001, tuvo 10 casos el año pasado. Los dos más recientes de este año se produjeron el 31 de julio. En uno de ellos, la víctima logró escapar tras una semana de cautiverio, y en el otro se pagó un rescate de un millón y medio de dólares.

En Argentina, como en otros países de la región, el secuestro fue practicado en los años 60 y 70 por grupos insurgentes de izquierda, con fines propagandísticos y de obtención de fondos, pero era prácticamente desconocido como delito común hasta 2000.

Desde entonces, ha aumentado gradualmente la modalidad extorsiva tradicional, perpetrada por grupos con infraestructura suficiente para investigar cuándo es más viable capturar a la víctima, y para retenerla luego por tiempo indeterminado, pidiendo alto rescate.

De ese tipo de secuestros hubo cuatro en 2000, cinco en 2001 y una decena en el primer semestre de 2002.

A fines del mes pasado fue declarado prófugo el ex jefe de la división policial antisecuestros de Lomas de Zamora, un distrito de la provincia de Buenos Aires, quien era investigado como sospechoso de integrar una banda de secuestradores junto con otros policías, dos de ellos ya presos y otros tres también prófugos.

Tras la crisis económico-financiera argentina de diciembre de 2001, que llevó a muchas personas a guardar dinero en sus casas, aumentó en forma explosiva el llamado ”secuestro express”, cuyas víctimas suelen ser abordadas cuando suben a sus propios automóviles.

Mientras los captores circulan en el vehículo con la persona secuestrada, la obligan a llamar a familiares con su celular para pedir el rescate.

Ese tipo de secuestro es cometido de costumbre por jóvenes sin experiencia delictiva, que exigen sumas relativamente bajas de dinero. Según la división de Delitos Complejos de la Policía Federal argentina, en 2002 llegaron a registrarse unos 10 ”express” por día.

Existe ”una nueva industria delictiva en América Latina, iniciada como tal por grupos subversivos y de narcotraficantes que hicieron de esa práctica abominable un mecanismo de retaliación y financiamiento”, dijo a IPS el ex jefe de la policía criminal y ex ministro de Justicia de Venezuela, Fermín Mármol.

En Colombia, el problema se asocia con el conflicto político armado que padece ese país desde hace medio siglo.

”En una confrontación irregular la población se convierte en el coto de caza de todos los bandos, valorada como objetivo político, militar y también económico por todos los contendientes”, destacó Alfredo Rangel, ex asesor del Ministerio colombiano de Defensa.

Sin embargo, también son muy frecuentes los secuestros extorsivos cometidos por grupos ajenos a la política.

Desde Colombia, donde existe una ”imbricación entre guerrilla, paramilitares y delincuencia común, se ha exportado el modus operandi a toda suerte de grupos delictivos, en el caso de Venezuela por la frontera oeste”, indicó a IPS el analista de seguridad venezolano Marcos Tarre.

El fiscal paraguayo Pedro Ovelar, investigador del secuestro de María de Debernardi (liberada en noviembre de 2001, previo pago de un millón de dólares), dijo a IPS que ese delito fue realizado para reunir fondos con fines políticos izquierdistas, y que los responsables fueron adiestrados por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En México han operado bandas de secuestradores de refinada crueldad como los ”mochaorejas” (que cortaban ese órgano a sus víctimas para probar que las retenían), y predomina la modalidad ”express”, así como las capturas de personas para consumar venganzas o ajustes de cuentas entre grupos de delincuentes, en especial de narcotraficantes.

En Venezuela, está en auge un tipo de secuestro breve practicado por ladrones de automóviles, que obligan a sus conductores a retirar dinero de bancos antes de llevarse los vehículos, destacó Tarre.

Los antecedentes más famosos en Venezuela tuvieron móviles políticos. En 1963, guerrilleros urbanos comunistas retuvieron durante unos pocos días al famoso futbolista argentino-español Alfredo Di Stefano en Caracas, con fines exclusivamente publicitarios.

Al año siguiente, y también por pocos días, fue secuestrado el coronel estadounidense Michael Smollen. Los captores buscaron, sin éxito, canjearlo por la vida del vietnamita Nguyen Van Troi, quien fue fusilado en Saigón, hoy llamada Ciudad Ho Chi Minh y entonces capital de Vietnam del Sur.

El tema del secuestro político regresó a fines de julio a las portadas de la prensa venezolana, cuando el dirigente socialcristiano opositor Sergio Calderón fue capturado en su finca, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.

Ningún grupo ha reivindicado ese delito, pero la oposición afirma que fue cometido por un grupo llamado Fuerzas Bolivarianas de Liberación, al cual señalan como una filial de las FARC, creada para apoyar al presidente venezolano Hugo Chávez.

Pero Calderón también pudo ser víctima de uno de muchos grupos que actúan en Colombia y Venezuela como intermediarios de secuestros extorsivos, ya que capturan a personas para venderlas a otras organizaciones.

El actual caso símbolo de los secuestros políticos en Colombia es el de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, retenida por las FARC desde el 23 de febrero de 2002.

Las FARC también mantienen prisioneros a 40 políticos, 38 militares y policías, y tres agentes estadounidenses al servicio de la Central de Inteligencia de ese país (CIA), entre otras personas.

En Colombia se debate intensamente sobre el eventual canje de secuestrados por guerrilleros presos.

El vicepresidente Francisco Santos, él mismo un ex secuestrado, afirma que ”ninguna de las experiencias” de ese tipo ”ha sido buena”, pero Marleny Orjuela, presidenta de la Asociación de Familiares de Soldados y Policías Secuestrados, defiende esa opción.

”Preferimos los dolores de la paz que la agonía de la guerra”, dijo Orjuela a IPS.

Quien se proponga combatir los secuestros ”debe en primer lugar comprender que los problemas sociales se atacan ante todo con políticas sociales más que con políticas represivas”, advirtió Mármol.

De todos modos, ”algunas leyes, como las venezolanas, son todavía muy benignas ante estos delitos. Quien cometa un secuestro debería ser castigado con una larga pena y quedar al margen de beneficios penitenciarios”, opinó.

Tarre destacó que, ”dada la violencia y decisión con que actúan, detener a los secuestradores cuando cometen la acción es muy difícil y riesgoso. Es preferible la prevención, hacer contrainteligencia si la víctima sospecha que es seguida o investigada”.

”Es tan obvio que es un negocio, que 75 por ciento de los casos terminan en un acuerdo regateado al momento de pagar. Quien captura sabe que tiene un cheque al portador”, dijo el comisario de policía venezolano Iván Simonovis.

En cambio, para la víctima ”el secuestro es peor que el homicidio, porque es una muerte suspendida”, comentó.

* Con aportes de María Isabel García (Colombia), Felipe Jaime (México), Alejandro Sciscioli (Paraguay) y Marcela Valente (Argentina).