Una jueza brasileña anuló la prohibición de producir y vender soja transgénica en el país sin un estudio previo de su impacto ambiental y sanitario, establecida por otro tribunal en 1998, pero la guerra legal continuará tras esa batalla.
El martes se dio a conocer el fallo de la jueza de apelación Selene de Almeida, de Brasilia, favorable a la trasnacional de las semillas transgénicas Monsanto, con sede en Estados Unidos, pero esa decisión debe ser ratificada por otros dos jueces de apelación para quedar firme, y activistas ya anunciaron que si eso ocurre, recurrirán a organismos judiciales superiores.
De todos modos, el veredicto fue festejado por Monsanto y por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), que representa a los empresarios rurales, como una liberación de la siembra comercial de la variedad de soja producida por Monsanto con la marca Roundup Ready (RR).
Eso responde al anhelo de los productores y beneficia la actividad agrícola en el país, afirmó el presidente de la Comisión de Cereales, Fibras y Oleaginosas de la CNA, Macel Caixeta.
Pero fue una victoria a lo Pirro, un triunfo sólo aparente, dijo a IPS Marilena Lazzarini, coordinadora ejecutiva del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), organización no gubernamental que impulsó el proceso judicial iniciado en 1998, junto con su congénere ambientalista Greenpeace.
Lazzarini arguyó que no ha sido liberada la siembra de soja RR, porque conserva vigencia una resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente, que tiene fuerza de ley y exige una licencia especial para emplear semillas transgénicas, cuyo otorgamiento depende de una evaluación de riesgos ambientales.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, anunció que exigirá esa licencia, y destacó que la evaluación debe tener en cuenta la realidad de Brasil, un país de gran diversidad biológica, distinto de las naciones que ya producen la RR, como Estados Unidos y Argentina.
El segundo obstáculo a la siembra de esa soja es que en Brasil no está autorizado el uso en aplicaciones aéreas del herbicida glifosato, esencialmente asociado con la RR, señaló Lazzarini.
Esa soja fue genéticamente modificada para hacerla resistente al glifosato, producido por la misma Monsanto, de modo que al fumigar el veneno sobre el área sembrada se eliminen todas las hierbas y sobreviva la RR.
El registro de ese agrotóxico fue pedido por Monsanto al Ministerio de Agricultura, pero aún no ha sido concedido, aclaró Lazzarini.
Sin embargo, la cuestión de la RR ya involucra muchas ilegalidades toleradas por el gobierno. Esa soja transgénica es sembrada en el meridional estado de Río Grande del Sur desde hace varios años, pese a la prohibición legal, y se estima que representa 70 por ciento de la cosecha de este año.
Las semillas fueron contrabandeadas desde Argentina, y Monsanto amenaza con cobrar sus derechos de patente a las grandes exportaciones brasileñas de soja, que son las segundas en volumen del mundo, sólo superadas por las estadounidenses.
El gobierno brasileño decidió permitir en forma excepcional, hasta fines de este año, la venta en los mercados interno y externo de la soja producida ilegalmente, pero la prohibición recobrará vigencia para la próxima siembra, que empezará en septiembre en Río Grande del Sur.
El mantenimiento de la prohibición para el futuro fortalece la tesis de que el fallo del martes no libera la soja RR, argumentó Lazzarini.
Sea como fuere, el IDEC anunció que recurrirá esa sentencia de De Almeida.
Esa organización y los ambientalistas temen a la política del hecho consumado en este terreno. Según Lazzarini, la tolerancia que permitió la siembra masiva e ilegal en el sur se agrava por la confusión ante varias interpretaciones jurídicas y la excepción para la última cosecha, que estimula las violaciones.
Para despejar incertidumbres, el ministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, anunció para dentro de algunas semanas el envío al Congreso de un proyecto de ley que regulará la cuestión.
En el mismo gobierno persisten divisiones en el tema. Silva siempre defendió el principio de precaución, contra la aprobación de los transgénicos antes de que estudios dentro de la realidad brasileña comprueben ausencia de riesgos ambientales y sanitarios.
Pero el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, defiende la adopción de esa tecnología, para que las exportaciones agrícolas del país no sufran rezagos de competitividad.
Estados Unidos inició en 1997 la producción de la variedad RR, hoy mayoritaria en ese país y en el mundo. En Argentina, tercer productor mundial, se calcula que 98 por ciento de la soja es transgénica.
Es recomendable una moratoria en la siembra de transgénicos, para fortalecer la agricultura de base familiar como forma de combatir el hambre y la pobreza, opinó el profesor de agroecología Miguel Altieri, de la Universidad de California, en los Diálogos para un Brasil Sustentable, que reúnen a expertos nacionales e internacionales esta semana en Brasilia.
La producción transgénica está asociada con monocultivos y excluye a los pequeños agricultores de la cadena productiva, argumentó.
Eso pasó con 60.000 familias agricultoras en Argentina, ante el avance de los transgénicos, ejemplificó.
