Ex empleados de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus reemplazantes, enfrentados por viviendas que esa empresa permite usar a sus trabajadores, reactivaron los choques callejeros entre oficialismo y oposición.
Según fuentes de ambos bandos, el miércoles hubo más de 20 heridos en Lagunillas, a orillas del occidental lago de Maracaibo, debido a una pelea a pedradas entre grupos rivales y a los gases lacrimógenos y balines de plástico disparados por la Guardia Nacional (policía militarizada) para poner fin a la refriega.
Poco antes, en la urbanización Los Semerucos de Punto Fijo, en la noroccidental península de Paraguaná, ex empleados petroleros obstruyeron el trabajo de los tribunales y la Guardia Nacional.
Ex funcionarios de Pdvsa residentes en otra media docena de poblaciones petroleras erigen barricadas, para impedir el acceso a sus viviendas de los nombrados para reemplazarlos.
El conflicto se originó en la huelga que fuerzas políticas, empresariales y sindicales, incluyendo a dueños de medios de comunicación y empleados de Pdvsa, mantuvieron en diciembre y enero contra el presidente Hugo Chávez, para lograr su renuncia o una consulta electoral anticipada.
Las autoridades de Pdvsa despidieron a 16.000 de sus 39.000 trabajadores, entre ellos más de 5.000 ejecutivos y gerentes que dirigieron el conflicto, invocando la ley que establece como causa de despido justificado faltar sin causa a tres jornadas de trabajo consecutivas.
Luego de los despidos, en el primer trimestre de este año, Pdvsa solicitó a empleados despedidos que desocupasen las viviendas de la empresa, y les concedió para ello un mes y medio de plazo.
La concesión de viviendas a ciertos grupos de empleados es una tradición que viene desde mediados del siglo XX, cuando las trasnacionales petroleras construyeron casas para trabajadores, a fin de hacer más atractiva la labor en las tórridas e insalubres áreas de yacimientos.
No está en discusión que las viviendas en disputa pertenecen a Pdvsa, y es normal que los trabajadores de la compañía deban abandonar esas casas, por ejemplo, cuando se jubilan. El problema es que los despedidos impugnaron el despido ante la justicia, y sus reclamos aún no han sido resueltos.
Los ex funcionarios alegan que hay que esperar una sentencia firme de los tribunales a los que solicitaron que se les restituyan sus empleos, e invocan además que, en todo caso, el desalojo debería postergarse un poco, para no afectar el derecho a la educación de sus hijos en escuelas cercanas, ya que el año escolar concluye este mes.
En esa situación están 2.089 familias en 15 campos petroleros, según la organización opositora Gente del Petróleo.
Los conflictos en Punto Fijo estallaron cuando autoridades judiciales trataron de ejecutar el desalojo de algunos ex empleados. En Lagunillas, los choques comenzaron cuando nuevos trabajadores, con apoyo de oficialistas, trataron de ingresar por la fuerza a algunas viviendas.
Los intentos de desalojo violan nuestros derechos fundamentales, afirmó Lourdes Arias, residente en Los Semerucos. Aquí hay niños que no pueden ser apartados de sus escuelas, arguyó.
El abogado de Arias, Luis López, insistió en que las órdenes de desalojo violan disposiciones constitucionales.
Pero Iván Hernández, portavoz de Pdvsa en la zona, dijo a IPS: No hemos atropellado ni violado normas, sino entregado el caso a los tribunales. Son los residentes ilegales quienes se han comportado groseramente con los jueces y hasta les han impedido la entrega de las notificaciones de desalojo.
La relación laboral terminó. Incluso si los tribunales sentenciasen que fueron despedidos injustificadamente, Pdvsa no está obligada a reemplearlos, sino sólo a pagarles las indemnizaciones que les correspondan. Toda esta situación se aprovecha con fines políticos, partidistas, agregó.
El defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, dio la razón a Pdvsa. Los residentes son ex trabajadores de la industria y, al perder esa condición, por razones legales deben abandonar las viviendas, sostuvo, aunque se declaró partidario de acuerdos a favor de los escolares.
En la costa oriental del lago de Maracaibo, donde están los grandes campos petroleros de Cabimas y Lagunillas, se vive un clima de tensión porque oficialistas y opositores han montado campamentos para vigilarse mutuamente, y la Guardia Nacional se desplegó para mantenerlos separados.
Horacio Medina, dirigente del grupo opositor de ex empleados Unapetrol, encabezó una demostración en la zona para expresar solidaridad con los residentes afectados, y alegó que los intentos de desalojo son ilegales, ya que no hay sentencia firme de los tribunales sobre el cese de la relación laboral.
El portavoz de Pdvsa en el occidente del país, Mario Socorro, dijo que los desórdenes son provocados por agentes externos con evidente interés político, dirigidos a entorpecer el normal funcionamiento de la corporación.
Los opositores a Chávez trabajan para hacer posible a fines de este año un referendo que podría revocar el mandato presidencial y forzar la elección de un sucesor, y líderes sindicales pidieron calentar la calle con manifestaciones, para contribuir al logro de ese objetivo.
El conflicto por viviendas no ha alterado la producción de crudo venezolano, de unos tres millones de barriles diarios de 159 litros, ni la refinación en Punto Fijo y otras instalaciones, según las autoridades de Pdvsa. (
