Las mujeres aún no llegan a 50 por ciento de las filas del Poder Judicial en América Latina, pero muchos de los procesos más relevantes por corrupción o violaciones de derechos humanos están en manos de juezas y fiscalas.
"Si una mujer explora determinados terrenos debe dar la talla", afirma la jueza nicaragüense Juana Méndez, quien procesó y puso bajo arresto domiciliario al ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) por corrupción, desviación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.
Alemán está acusado de apropiarse de unos 100 millones de dólares en un país donde casi 70 por ciento de sus cinco millones de habitantes vive en la pobreza y más de un millón sobreviven con menos de un dólar diario.
"Estamos por pasar a la etapa plenaria, es decir, el momento en que se dictamine si el acusado es inocente o culpable", explicó Méndez en entrevista con IPS desde Managua.
La sentencia podría estar lista en semanas; pero el camino no ha sido fácil.
"He recibido críticas muy fuertes, hay enormes peligros para mí y para mi familia, hay gente que se mete en mi vida privada. Además, tengo que andar escoltada por mi propia seguridad", relató.
El proceso contra Alemán estuvo marcado por las intimidaciones contra la jueza.
"Me gritaban amenazas en la calle y por teléfono, decían que me iban a matar a mí y a mis hijos. La situación llegó al punto de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Nicaragua que me asignara protección especial", explicó Méndez.
Y hasta eso le salió caro, pues, de un sueldo de 1.000 dólares, debió pagar la alimentación del personal de custodia que le asignó el gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, los salarios de los jueces oscilan entre 5.000 y 13.000 dólares mensuales.
"Pero, al final de cuentas, el mejor premio es la contribución para que comience la cultura de gobernar en Nicaragua y en América Latina", señaló.
Como su país, la jueza se ha templado en experiencias duras. Viuda de un comandante guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, debió a criar sola a sus tres hijos. Pero nada de eso le ha impedido ejercer la magistratura desde hace 10 años y postularse ahora para integrar la Corte Suprema de Justicia.
También en Ecuador el combate a la corrupción tiene a una mujer en primera fila.
El 10 de julio, la fiscal general Mariana Yépez pidió a la Corte Suprema de Justicia que ordenara la prisión preventiva del ex presidente Gustavo Novoa (2000-2003) por presunto perjuicio millonario al Estado durante la renegociación de la deuda externa.
El pedido de prisión abarca a sus ministros de Economía, Jorge Gallardo y Francisco Arosemena.
Es en Perú donde se libra el proceso más sonado, y dos juezas han sido las encargadas.
El tribunal anticorrupción que dirige la jueza Inés Villa comenzó en febrero el juicio contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, figura central del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Montesinos afronta unos 50 cargos, desde narcotráfico hasta violación de derechos humanos.
Otra jueza, Inés Tello, forma parte del cuerpo de tres miembros a cargo de la investigación.
Los delitos de cuello blanco, que asolaron Argentina en los años 90, tuvieron como plato fuerte el desfalco y las quiebras fraudulentas de bancos.
En diciembre del año pasado, la jueza de Argentina Marcela Garmendia condenó a ocho años de prisión al banquero Francisco Trusso, por defraudar a los ahorristas del Banco Crédito Provincial (BCP), que quebró en 1997.
Otra magistrada argentina, María Servini de Cubría, procesó con prisión en marzo de 2002 al banquero Carlos Rohm por subversión económica y asociación ilícita, y pidió a Estados Unidos la captura y extradición de su hermano y socio, José Rohm.
Carlos Rohm era presidente del Banco General de Negocios y vicepresidente del Banco Comercial del Uruguay, empresas que quebraron tras ser vaciadas por sus dueños.
La jueza Servini —si bien cuestionada por decisiones que favorecieron a figuras del gobierno argentino en los años 90— ha procesado a seis funcionarios de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) por el asesinato en 1974 en Buenos Aires del general Carlos Prats.
En Chile y en Uruguay, países con imagen internacional de transparencia, se suceden últimamente las denuncias de corrupción, y se reitera el protagonismo de juezas y fiscalas.
La jueza chilena Gloria Ana Chevesich ha procesado y continúa investigando a empresarios y a funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos y de la estatal Universidad de Chile por delitos relacionados con desvíos de fondos fiscales para pagar sobresueldos.
La fiscala penal Mirtha Guianze es la única en Uruguay que ha logrado poner tras las rejas a un funcionario por crímenes cometidos en la última dictadura militar (1973-1985).
Se trata del ex canciller y ex senador Juan Carlos Blanco, involucrado en el secuestro en 1976 de la maestra de izquierda Elena Quinteros, ocurrido en los jardines de la embajada de Venezuela.
Blanco permaneció siete meses en prisión por coautoría de privación ilegítima de libertad. Luego Guianze pidió, y el juez Eduardo Cavalli aceptó, procesar a Blanco como coautor del homicidio de Quinteros. El caso terminará, apelación mediante, en la Corte Suprema.
Pero los militares que torturaron y mataron a Quinteros están protegidos por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que puso una lápida en 1989 a la revisión de los crímenes de la dictadura.
Guianze vio interrumpida su carrera en 1980, cuando el gobierno militar la destituyó. Luego de 1985 regresó a la función pública. Desde 2000 preside la asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal. Es casada, tiene tres hijos y dos nietos.
La fiscala ha investigado varios casos de corrupción, "que pusieron de manifiesto prácticas muchas veces toleradas a lo largo de los años", relató a IPS.
El último, aún en marcha, es sobre los criterios para distribuir publicidad de organismos del Estado en medios de comunicación, a partir de una denuncia formulada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En un país pequeño, con algo más de tres millones de habitantes, "la concesión de avisos por importantes montos a determinados órganos de prensa atentaba contra el derecho a la información y a ello se sumaba el delito de corrupción", explicó.
Esas sumas superan el presupuesto quinquenal del Poder Judicial, de unos 136 millones de dólares. Hay varios procesados, y la investigación continúa en etapa reservada.
Aunque en América Latina hay cada vez más mujeres en procuradurías, fiscalías y tribunales especiales, la representación femenina es menor a medida que asciende la jerarquía.
Son pocas en los tribunales de apelaciones, y muy pocas en las cortes supremas.
Un informe publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 1995 indicaba que las mujeres ocupaban 45 por ciento de los juzgados penales de la región y 20 por ciento de los tribunales de apelación. Pero estaban virtualmente ausentes de las cortes supremas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la proporción de magistradas en las cortes supremas de América del Sur no pasa de 10 puntos, mientras en América Central fluctúa entre 10 y 20 puntos porcentuales.
Argentina no tuvo juezas en el máximo tribunal, excepto Margarita Argúas (1970-1973), nombrada en las postrimerías de un régimen militar.
Si se toman en cuenta los tribunales de primera y segunda instancia, las fiscalías y el ministerio público en todos sus fueros, la representación de mujeres en el ámbito federal es de 20 por ciento del total de cargos de Argentina.
En Chile ninguna mujer accedió al máximo tribunal hasta 2001. La pionera es María Antonia Morales. En cambio, entre 1995 y 1998 las magistradas pasaron de 27 a 35 por ciento en las cortes de apelaciones.
La primera ministra del Supremo Tribunal Federal de Brasil fue Ellen Gracie, quien asumió en 2000 y es la única por ahora.
Para Guianze, de Uruguay, el judicial es un ambiente de mayor equidad de género que la política y los negocios.
"La mujer puede acceder a puestos de jerarquía por mérito, sin distinción de sexo, cuestión que, por lo general, no se da en ámbitos donde juegan otros factores", señaló.
¿Por qué la abundancia de casos fundamentales para la democracia investigados o juzgados por mujeres?
No es sorprendente que muchos casos delicados estén en manos de mujeres, según la argentina Carmen Argibay, magistrada ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que juzga crímenes cometidos durante las guerras de secesión de los años 90.
"Hace por lo menos una década que en Costa Rica se hizo una investigación de los poderes judiciales de Centroamérica, y una de las conclusiones fue que las mujeres son menos proclives a la corrupción", dijo a IPS desde La Haya.
Argibay se refería al libro "Las juezas en Centroamérica y Panamá—Un enfoque ampliado con los casos de Chile y Estados Unidos", compilado por Tirsa Rivera Bustamante y editado en 1991 por el Centro para la Administración de Justicia.
Esa recopilación de sondeos realizados por juristas centroamericanas concluyó que por entonces la sociedad percibía mejor a las mujeres que a los hombres en la labor de impartir justicia.
"Prevaleció la opinión de que las juezas son consideradas más honestas y menos corruptibles que los hombres y más estrictas en la aplicación de la ley", afirma el libro, aunque señala que esas encuestas constituían apenas una idea preliminar.
En Costa Rica, "los jueces de ambos sexos gozan de confianza social, sin embargo, los jueces varones, en general, consideran a sus colegas mujeres como menos susceptibles a la corrupción", afirma el libro.
Mientras, "en Honduras, El Salvador y Guatemala, las participantes indicaron que, de acuerdo con sus indagaciones, la sociedad aprecia a las juezas como más confiables, honestas y difíciles de corromper. En Honduras, además, la percepción es que son más justas".
Según Méndez, "la supervivencia, la necesidad de criar bien a nuestros hijos y a la vez salir adelante en múltiples tareas hace que tengamos que ser muy responsables".
"Es probable que las mujeres tiendan a actuar con mayor independencia de criterio, que no se sientan condicionadas por círculos de poder de los que tradicionalmente han sido excluidas y que posean una sensibilidad superior para ocuparse de cuestiones referentes a derechos humanos", abundó Guianze.
"Habiendo sido víctimas de discriminación -opinó Argibay-, (las mujeres) saben que los asuntos que muchos colegas masculinos consideran marginales, discriminación, violencia doméstica, corrupción, son, en realidad, centrales e importantes".
Pero "esto no quiere decir que no haya juezas o fiscalas corruptas, que también las hay, aunque en mucha menor proporción", apuntó.
Argibay sabe de que habla, pues le tocó actuar en la justicia argentina, sometida a los arbitrios de regímenes militares durante décadas y a una ola de corrupción gubernamental sin precedentes en los años 90.
Fue funcionaria judicial hasta el inicio de la última dictadura (1976-1984). Estuvo en la cárcel, donde la mantuvo el gobierno militar nueve meses. Luego se refugió en el ejercicio privado de la abogacía. En 1983 retornó a la función pública. Fundó la asociación Argentina de Mujeres Juezas, y fue presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
Tanto jueces como juezas se ven sometidos al mismo tipo de presiones.
Según Argibay, "las presiones, amenazas o persecución son parte de la vida diaria en casi todos los sistemas judiciales. Puede variar la intensidad, según las circunstancias políticas o sociales, pero existen casi siempre".
"Quien se enfrente al poder y procure descubrir aquello que se trata de mantener oculto, está expuesto a ellas. Habitualmente se procurar desacreditar la labor del investigador ante la opinión pública, primera forma de intentar disuadirlo de proseguir con su tarea", sostuvo la fiscala Guianze, que vivió las presiones políticas en el proceso contra el ex canciller Blanco.
¿Tienen las mujeres más recursos que los hombres para soportarlas?
"Puede suceder que sean más capaces de resistir presiones y amenazas, porque algunas de éstas están dirigidas o creadas sobre la base de las conductas masculinas. Y porque las reacciones masculinas suelen ser más violentas y colocan a los varones en una situación de desventaja para poder enfrentarlas", aventuró Argibay.
En todo caso, de la intimidación se pasa a veces a la muerte. El 8 de este mes, la investigadora de la fiscalía colombiana Yampole Lozano Osorio fue baleada en Cali por un francotirador que iba en motocicleta.
Tenía 33 años. Había ingresado en la fiscalía en 2000, tras estudiar derecho y ciencias políticas en la Universidad de Santiago de Cali. En menos de un mes, dos miembros del ministerio público fueron asesinados en Colombia, donde la violencia tiene entre sus blancos favoritos a los funcionarios judiciales.
*Con aportes de Néfer Muñoz (Costa Rica) y Marcela Valente (Argentina).
