El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergó inesperadamente la votación de un crédito de 75 millones de dólares para el gasoducto peruano Camisea, al parecer porque Estados Unidos cambió de idea y planea abstenerse.
La inusual decisión se registró este miércoles, luego de dos semanas de intensa campaña a cargo de organizaciones no gubernamentales peruanas e internacionales opuestas al proyecto, al que critican por sus consecuencias ambientales y sociales.
Aún falta por terminar 40 por ciento del gasoducto, que tendrá un costo total de 2.600 millones de dólares y que está a cargo de las empresas Pluspetrol, de Argentina, y Hunt Oil, del meridional estado estadounidense de Texas.
El Directorio Ejecutivo del BID, que reúne a los representantes políticos de gobiernos o grupos de gobiernos en la institución multilateral, volverá a reunirse para votar el asunto el 6 de agosto.
Los activistas concentraron su presión sobre altos funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del BID, rama regional del Banco Mundial.
Fuentes del gobierno de George W. Bush informaron a IPS que la decisión final aún está por tomarse.
Por su parte, el portavoz del BID, David Drosdoff, dijo a IPS que la postergación de la votación se decidió a iniciativa del presidente del banco, Enrique Iglesias, que quería dar más tiempo a algunos de los directores (ejecutivos) para que consulten a sus gobiernos.
Drosdoff también indicó que los máximos funcionarios del BID respaldan la participación de la institución multilateral de crédito en el proyecto, la cual, afirmó, lo mejorará y alentará a las compañías constructoras a mitigar el impacto social y ambiental de la obra.
Las organizaciones ambientales se atribuyeron una victoria y consideraron que la decisión del BID debería postergarse indefinidamente.
Sería grandioso que este retraso significara solucionar los problemas que claramente ocasiona el proyecto, en lugar de ser un simple retraso de una semana antes de la aprobación, dijo Aaron Goldzimer, de la organización Defensa Ambiental.
En las entrevistas que Goldzimer mantuvo con funcionarios de Estados Unidos y del BID la semana pasada, luego de visitar la zona peruana afectada por el gasoducto, sus rostros mostraban real preocupación, aseguró.
Defensa Ambiental se unió en su campaña contra Camisea a las organizaciones Amazon Watch, Amazon Alliance, el Instituto de Estudios Políticos y Amigos de la Tierra Internacional, todas ellas con sede en Estados Unidos.
El proyecto es un negocio arriesgado, en su forma actual, y no debería recibir financiamiento público, indicaron los grupos en una declaración este miércoles.
Dentro de una semana, Camisea continuará siendo un desastre. Urgimos a los directores ejecutivos del BID a retrasar la decisión tanto como sea necesario para implementar las modificaciones que procura la sociedad civil peruana, agregaron las organizaciones.
Camisea es el principal proyecto de infraestructura y de desarrollo de Perú. Consiste en dos gasoductos de 1.150 y 520 kilómetros desde un gran campo gasífero en la Amazonia peruana hasta Lima y otros puntos de la costa sobre el océano Pacífico, a través de los bosques andinos.
El proyecto incluye la construcción de plantas licuefactoras de gas natural, una de ellas junto a la Reserva Nacional de Paracas, única área marina protegida de Perú y uno de los principales ecosistemas de América, con animales muy raros como tortugas marinas verdes, pingüinos Humboldt y otras aves marinas.
Por otra parte, son impredecibles las consecuencias del proyecto en comunidades indígenas como las que viven en la Reserva Nahua-Kugapkakori, varios cientos de los cuales evitan o rechazan el contacto con personas ajenas a la zona y carecen de inmunidad a enfermedades comunes.
Casi 75 por ciento de las extracciones de gas dirigidas a Camisea se ubican en la Reserva Nahua-Kugapkakori.
Casi la mitad de la población de la comunidad nahua murió en los años 80 de enfermedades que hasta entonces desconocían. La compañía británico-holandesa Shell comenzó entonces a explorar la reserva en busca de gas y petróleo.
El año pasado, dirigentes de comunidades indígenas adjuntas a la reserva informaron sobre un gran descenso en los cardúmenes en los ríos, arroyos y lagos locales, debido a la gran erosión del suelo. Eso redundó en desnutrición, según funcionarios y activistas.
