Militares subalternos de Chile revelan datos sobre crímenes represivos del régimen del general Augusto Pinochet (1973-90), y ex lugartenientes del dictador hacen un público «mea culpa», mientras altos oficiales retirados del Ejército piden plena aplicación de la ley de amnistía de 1978.
Casi 30 años después del golpe de Estado de 1973, esos hechos muestran una tensión entre antiguos oficiales involucrados en violaciones de los derechos humanos y los actuales mandos que quieren limpiar ese pasado, dijo este martes a IPS el abogado Héctor Salazar, defensor de víctimas de la represión.
Para Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la serie de confesiones periodísticas de involucrados en la represión y los intentos de militares en retiro de desmarcarse de los crímenes responden al avance de las investigaciones judiciales sobre violaciones de derechos humanos.
La estatal Televisión Nacional difundió en la noche del lunes declaraciones de Juan Carlos Molina, un ex mecánico de helicópteros del Ejército que dijo haber participado a fines de los años 70 en el lanzamiento al mar de los cuerpos de ocho hombres y una mujer, presos políticos de la dictadura.
Los cuerpos de esos desaparecidos "iban envueltos y se les amarraba unos rieles de tren para que se hundieran", contó Molina, quien agregó que los prisioneros eran conducidos anestesiados a la muerte, y por eso "tenían un olor impresionante a cloroformo que era insoportable".
El 29 de junio, el diario El Mercurio publicó una extensa entrevista con Eliseo Cornejo, suboficial retirado del Ejército, quien aseguró haber presenciado los fusilamientos de 21 personas detenidas en el palacio presidencial de La Moneda durante el cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Cornejo dijo haber participado en el entierro ilegal de los cadáveres de personas fusiladas en Peldehue, un recinto militar al norte de Santiago, y afirmó que cinco años después, en diciembre de 1978 y por órdenes de sus superiores, ayudó a ubicar esos cadáveres, que fueron desenterrados y trasladados a otros sitios para impedir su hallazgo.
El suboficial se decidió a revelar esos datos luego de que un juez lo inculpara junto con otros militares retirados por el delito de exhumación ilegal, en medio de renovada preocupación por aclarar los casos no resueltos de violaciones de derechos humanos, y en especial la suerte de un millar de desaparecidos.
Esa preocupación ha sido promovida por el actual comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien el 13 de junio llamó a sus compañeros de armas y al resto de la sociedad a superar las divisiones del pasado y construir un consenso para que "nunca más" se produzcan violaciones de los derechos humanos en el país.
El mensaje de Cheyre, aplaudido por el presidente Ricardo Lagos, coincidió con gestiones del gobierno y de la oposición derechista para buscar fórmulas que agilicen unos 300 procesos por violaciones de los derechos humanos y ampliar el sistema de reparaciones a víctimas de la represión dictatorial.
Las revelaciones sobre remoción de restos de desaparecidos llevaron el 3 de este mes a ocho tenientes generales retirados, que fueron vicecomandantes del Ejército durante la dictadura, a emitir una inesperada declaración en que dijeron lamentar el dolor provocado por las violaciones de los derechos humanos.
Pinochet comandó el Ejército con el grado de capitán general desde agosto de 1973 hasta marzo de 1998. Durante los años del régimen militar creó el cargo de vicecomandante de esa fuerza, en el cual se sucedieron oficiales de reconocida fidelidad al dictador.
La declaración de los ocho ex vicecomandantes fue preparada en conjunto con el actual alto mando, y quienes la firmaron se adscribieron a la llamada "doctrina Cheyre", que plantea el retorno de las Fuerzas Armadas a la prescindencia política y obediencia al poder civil, como antes del golpe de 1973.
En un principio se dijo que el pronunciamiento de los tenientes generales tenía la conformidad de Pinochet, pero versiones periodísticas señalaron este martes, por el contrario, que el ex dictador no fue consultado, y que su familia "cortó relaciones" con los ocho oficiales retirados.
La divulgación de esas versiones coincidió con una declaración emitida por el Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros en Retiro, que pidió a los tribunales terminar con la figura del "secuestro permanente" y aplicar la ley de amnistía de 1978 a los uniformados acusados por desapariciones forzadas.
Desde el restablecimiento de la democracia en 1990, los magistrados chilenos fueron sentando jurisprudencia en el sentido de que las desapariciones deben ser juzgadas como un delito permanente de secuestro, que no prescribe, mientras no aparezca la víctima, viva o muerta.
Así, los jueces mantienen abiertos los juicios por desapariciones, lo cual da lugar a un "desfile" permanente de militares retirados y otros ex agentes represivos por los tribunales, lo cual irrita particularmente a los ex subalternos de Pinochet.
"Es preocupante que nuevamente los generales en retiro insistan en que se aplique el decreto ley de amnistía (de 1978), porque lo que ellos buscan es terminar con la figura del secuestro", dijo Díaz a IPS.
"Nosotros le solicitamos al presidente Lagos el 2 de julio, cuando le hicimos entrega de nuestra propuesta (sobre derechos humanos), anular los efectos del decreto-ley de amnistía, porque consideramos que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad", agregó.
Salazar atribuyó la reacción de los generales y almirantes retirados al hecho de que las revelaciones sobre remociones de restos y lanzamientos de cuerpos al mar señalan responsabilidades de los antiguos mandos, que ahora "vislumbran que les puede alcanzar a ellos la mano de la justicia".
Por ello buscan "que se paralicen estas investigaciones (judiciales) y presionan en ese sentido, pero por otro lado tenemos a los actuales mandos, sobre todo del Ejército, que han sido enfáticos en señalar que a los tribunales les corresponde investigar y establecer la verdad", concluyó.
